Desde que la delincuencia policial evidenció a ojos de la atrapada opinión pública y con su antecedente criminal de tantos altos cargos militares, de coroneles a generales descubiertos asaltando las instituciones del poder y al grado, de que el ministerio público ha terminado apresando a una veintena comprometidos en operaciones dolosas en casos criminales que han sorprendido a todo el mundo, que definitivamente, parecería que todas las instituciones de la sociedad y gobierno están penetradas por la misma situación, por lo que también definitivamente haya que pensar en la necesidad de aumentar y crear los controles burocráticos que hagan factible el poder defenderse de semejante tipo de delincuencia de cuello blanco.
Por lo pronto, nadie puede ni debe hacer ningún tipo de transacción que implique compras de propiedades, sin antes indagar la calidad moral y financiera de quienes pretendan ejecutarlas, sea como vendedores y compradores y en lo que debe de exigirse las certificaciones respectivas de calidad moral (certificado de No delincuencia) calidad profesional (certificación en los colegios de profesionales) o financiera (certificación en el banco con el que se opere) y como medidas imprescindibles de salvaguarda, que permitan proteger a los actores de cada operación comercial o financiera de que se trate.
En este sentido, ya no es válido aquello de casi todos los propietarios de inmuebles, de tenerle temor a alquilar a abogados o periodistas y como si todos fueran unos tramposos, cuando cada propietario, lo primero que debe hacer es presentar sus propias credenciales morales y financieras de no ser un potencial delincuente de cuello blanco.
Al mismo tiempo y dado los sonados escándalos que durante años las directivas de los colegios de abogados, notarios públicos y hasta de ingenieros y agrónomos y sin dejar de mencionar los economistas, han presentado como muestras inequívocas de delincuencia de primer grado en materia de estafa o fraude en lo relativo a manejos presupuestarios, que los primeros deberían presentar sus propios registros de reciedumbre moral y estos sean avalados por colegios de profesionales y como garantía básica, de que cuando certifiquen la idoneidad de uno de sus profesionales, se tenga certeza, de que la institución de que se trate, tenga la adecuada idoneidad moral y profesional que garantice la certificación de conducta y probidad que emita sobre sus miembros.
Planteado lo anterior y viendo la realidad concreta de tanto profesional embaucador en el ramo de la construcción o de las leyes, que lo mínimo que el ciudadano debe hacer y antes de efectuar algún tipo de transacción económica, es saber que con quien la efectúa y trata, sea este un ciudadano y profesional de conducta recta y proba.
Quizás y si este tipo de procedimiento se hubiese establecido desde el 1978 a la fecha, ahora todos los colectivos de profesionales no estuvieran en entredicho y tampoco los dueños de inmuebles puestos a la venta, de los que muchos no pueden alardear de que no sean unos potenciales lavadores de activos de origen privado o público.
De ahí, que entendamos más que correcto, el sugerir que se organice desde el Estado y también desde la Sociedad, toda medida de administración que garantice a los ciudadanos, que al momento de realizar cualquier tipo de requerimiento indagatorio moral y producto de una compra y venta a realizar y citamos este caso específico y justamente para evitar las situaciones posteriores de quejas, demandas y conflictos que los inescrupulosos generan, el ciudadano interesado no encuentre desagradables sorpresas que le obliguen a echar para atrás el negocio o transacción que pretendía.
Desde luego, sospechamos, que si la clase política es la primera que no quiere que nadie la fiscalice y lo que se nota en los requerimientos que los poderes públicos plantean a funcionarios del Estado, como a suplidores y empleados en todas las categorías y ni hablar de los empresarios, quienes lo primero que sus subalternos dicen cuando se les requiere a sus jefes, es sorprenderse de que alguien desconocido exija explicaciones sobre sus actos u operaciones mercantiles y ni hablar cuando se trata de indagatorias desde el Poder Legislativo a funcionarios públicos, parecería que en este país, nunca podría haber una real actitud de combate radical contra lo mal hecho y las peores forma de corrupción desde el poder y tanto público como privada.
Por otra parte y por los descubrimientos que la Procuraduría General de la República ha encontrado en las indagatorias de los diversos casos de escándalos de robos, fraudes y saqueos de las instituciones públicas y en particular militares y policiales y las quiebras fraudulentas en el sector privado, que haya que presumir, que debido a la carencia de autoridad moral de parte de quienes deben dar explicaciones, exista ese cierto tipo de comportamiento frívolo y descarado, de muchos no queriendo aceptar que se les fiscalice y mucho menos que se ponga en dudas los orígenes oscuros de sus fortunas.
Lamentablemente y en este sentido hay que expresarlo, si en República Dominicana existiera un verdadero periodismo libre y de reciedumbre moral que sea timbre de orgullo para todos y por su verticalidad y comportamiento decente y no como lo que hay ahora, de complicidad con el delito continuo de cuello blanco o de lavado de activos y de lo que se presume, que muchos de los barones mediáticos dueños de la concentración de medios en pocas manos podrían ser imputados, no habrían las muestras de conductas sucias y corruptas protagonizadas por directores de medios y jefes de redacción, productores de radio y televisión o en comentaristas electrónicos en la radio y la televisión y hasta entre analistas políticos y todos, dándose golpes de pecho y diciéndose serios.
Precisamente por este tipo de comportamiento tan incivilizado y de bandidos de escritorios dentro del factor mediático, es por lo que sin duda alguna se han alcanzado los abusivos como indecentes niveles de corrupción que ahora laceran y como nunca el cuerpo social de esta nación.
Naturalmente, estamos conscientes, que por este tipo de comentario y que reiteradamente hemos hecho desde la fundación de POR EL OJO DE LA CERRADURA el 19 de marzo de 1972, es decir, desde hace 50 años, la mayoría de los mass media y sus dueños y reporteros o periodistas, mantienen en nuestra contra una animadversión gratuita y la que entendemos producto de la desnudez moral que les embarga, pero aun así y siempre confiando que alguna nueva generación o las mentes más lúcidas entre las actuales, podrían terminar abrazando la necesidad de que todos tenemos que hacer un alto y de una manera, clara, precisa y determinante y para enfrentar todos los ámbitos de corrupción y donde quiera que estos estén o surjan.
Al fin y al cabo, nadie es absolutamente bueno como tampoco absolutamente malo, pero si se es decente y desde la familia se enseña, que lo mal hecho y cual sea, debe ser rechazado y castigado, pensamos que en algún momento la lucha contra la corrupción podrá ser una absolutamente firme, drástica y dura y en aras de que la nación no sea ahogada por la conducta inmoral de parte de sus peores hijos.
Ahora y a nivel del presidente Luis Abinader, se nota ese cierto impulso de cambio moral definitorio, que entendemos debe ser apoyado calurosamente y alentado y el que la inescrupulosa clase política y también la gobernante, deberían apoyar sin reservas.
Mientras, nos contentamos con advertir, que los delitos de cuello blanco están abarcando a todos los núcleos sociales de profesionales y de negocios. Hay que generar acciones preventivas de contención y erradicación. (DAG)
