Independientemente de que la ley 1-24 haya generado serias controversias sobre su aplicación y por la expectativa de que se pudiera entender, que la misma es una especie de espada de Damocles que pendería sobre las libertades públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos, no es menos cierto, que tampoco el Estado puede quedar desarmado frente a la realidad concreta de una criminalidad, asociada, tanto a la política como al narcotráfico, los grandes negocios y al mundo financiero.
Por lo tanto, se impone, que quienes crearon esa ley tan controversial, se aboquen a buscar un punto intermedio que satisfaga las inquietudes de la mayoría de los ciudadanos, pero que garantice que el Estado tendrá los instrumentos legales necesarios para enfrentar cualquier posibilidad de atentado al Estado de derecho y sobre todo, que ninguna decisión administrativa de seguridad pueda ser tomada sin el permiso de un tribunal competente.
Sin embargo y desde el punto de vista de la mentalidad dominicana, también creemos que es necesario dilucidar las dos grandes interrogantes que la misma encierra y desde el punto de vista de cómo es que en este país, ciertos actores públicos ejercen la interpretación -siempre acomodaticia- de leyes que son manejadas y manipuladas para su propio beneficio.
Ahí tenemos, lo que en materia de interpretaciones de leyes restrictivas que atañen a la seguridad nacional y la alta policía, es la aplicación torcida de estas y que contribuyen a la imposición de una especie de abusivo estado policiaco.
¿Acaso no es cierto, que desde el 1966 a la fecha, no ha habido gobierno cuyos responsables no apliquen las leyes pretendiendo hacerlo a su acomodo y sin importar lo que diga la Constitución de la República o que se advierta desde sentencias precautorias del Tribunal Constitucional?
¿Cuántos han sido los casos de “interpretes” de leyes y de uniforme la mayoría, que las aplican en la medida que puedan reprimir y afectar derechos ciudadanos inalienables y de los que conocemos con simples policías e investigadores que crean expedientes criminales en base a informaciones falsas y como base para perseguir ciudadanos y a los que con el tiempo se asume, que es parte de una persecución política apenas disimulada? ¿No podría ocurrir esta eventualidad con la 1-24?
¿Cuál es el temor?, por ejemplo, ¿no podría suceder que los agentes policiales o de investigación a cargo de ciertas pesquisas y prevalidos de su fe pública, organicen expedientes acusatorios sobre bases falsas?, ¿Que alguien se entera que un periodista ha recibido un aviso de como manejará un informe que pudiera afectar la seguridad pública y que al este negarse a compartir el dato, se le entienda cómplice para afectar la gobernabilidad?
Cuando la Guerra Fría, ¿acaso no fueron uno ni dos los casos de periodistas en ejercicio y coludidos con medios, que actuaban abiertamente utilizando sus transmisiones en vivo (Radio MIL informando y Radio Comercial con su Noti-Tiempo) para manipular a una atrapada opinión pública y afectar las persecuciones de las fuerzas del orden público contra agentes alborotadores de la izquierda radical o aquello tan emblemático de cuando la invasión del desertor Caamaño Deño, que hasta directores de medios y noticieros radiales, abiertamente utilizaban la profesión para ocultar las acciones, actitudes y pasos de los alzados en armas contra la razón y el derecho y por lo cual, hubo un momento que hasta no menos de seis de ellos se fueron a la clandestinidad y porque los instrumentos de seguridad del Estado les perseguían cómo conspiradores?
¿O vamos a olvidar a lo que se prestó el vespertino Ultima Hora, de utilizar una “campaña publicitaria” con el título “Viene el hombre” y terminando con otra que decía “Llegó el hombre” y que ideada en la publicitaria Retho sirvió de base para anunciar el inicio de la invasión de Caamaño? ¿Y la que empezaba con una gorra militar y cada día una vestimenta militar y el último día el uniforme de guerrillero completo?, ¿no era esto una muestra del periodismo actuando como agente subversivo?
Y si lo anterior sucedió en muchas ocasiones, ¿no podría argumentarse que la autoridad nacional tiene razón en tratar de tener un instrumento legal que le de libertad de movimiento y que impida que el periodismo se pueda convertir en un instrumento de la subversión?
Francamente y habiendo sido testigos de hechos como los planteados, necesariamente que tenemos que darle la razón a quienes entienden, que el periodismo no puede utilizarse contra el libre ejercicio de las libertades públicas y el estado de derecho y porque periodistas y medios, actuando como agentes políticos y en estos casos, actúan como enemigos políticos declarados de la autoridad nacional
Si esto lo analizamos, es evidente que el periodismo no puede ni debe actuar como el arma de subversión que tantas veces se dio en el pasado y de ahí que entendamos, que la revelación de fuentes y para fines de seguridad nacional, sea un imperativo que la autoridad nacional debe exigir y cuando la seguridad pública se encuentre en peligro y como valladar que impida la afectación de la paz pública.
Una democracia y esto en líneas generales, no se destruye porque la autoridad policial e investigativa sea eficiente y cumpla con su papel y desde esta perspectiva, así como los agentes del orden e investigación no pueden ni deben fabricar expedientes falsos para perseguir políticamente a nadie, igual situación debe tenerse en cuenta, si un medio o un periodista se niega a revelar sus fuentes y convirtiéndose en un agente cómplice de la subversión.
Entonces, hay que buscar el justo punto intermedio, mediante el cual, de uno y otro lado no se afecten los derechos de terceros y mucho menos que la paz social se ponga en peligro. Ahora bien, sí es cierto que en el gobierno hay cierto espíritu inquisidor que se muestra con la ley 1-24, que, si se le deja, afectaría indudablemente las libertades públicas y en lo que ningún ciudadano puede transigir.
También debe recordarse, que desde que los hijos de aquellos inmigrantes dominicanos a EEUU de los años sesenta a ochenta, una mayoría se adaptó y copió los métodos gansteriles de las mafias estadounidenses en materia de asesinatos por encargos, robos, narcotráfico y lavado de activos, ha sido el nicho de donde ha salido la generación criminal alofoke, que en la actualidad es la mayor fuente de preocupación de nuestras autoridades y la que de hecho, es la gran protagonista de hechos criminales protagonizados por jóvenes de ambos sexos desde los barrios de nuestras ciudades y en apariencias, contando su cabeza -un expresidiario- con el apoyo alucinante del mismo Poder Ejecutivo, que le consiente como supuesto asesor de imagen.
Es por ello, que al darles vuelta a esta perspectiva que vive y se práctica en el territorio nacional, que la ley 1-24 y sin que esto vaya en contradicción con nuestro análisis de ayer en la sección el país político, que entonces y si se deja la política partidarista a un lado, haya que entenderla necesaria, pero con determinados correctivos y el principal, que la aplicación de la misma no sea motivo de persecución política y afectación de derechos para los ciudadanos y menos, para imponer censura al ejercicio de los mass media y periodistas, que se comportan como tales y lo que perfectamente puede hacerse, si previo al accionar del DNI o la Policía o cualquier otra autoridad represiva y de investigación de uniforme, deba existir la autorización de un juez.
¿Tenemos o no razón al plantear sobre los grandes temores que irradia la ley 1-24? ¿Su otra cara? Con Dios. (DAG) 23.01.2024
