A diferencia de lo que hasta los comicios del 2020 había sido el discurrir politiquero de una pasada JCE que nunca había sabido dar respuesta correcta y rápida a los resultados electores, en esta ocasión y teniéndose presente que a la noche del domingo ya los candidatos presidenciales tenían los resultados finales y reconocían al vencedor, que definitivamente haya que inclinarse ante el pleno de la JCE y felicitarles por la gran hazaña lograda.
En este sentido, el pleno del tribunal de primera instancia presidido por el magistrado Román Jaquez Liranzo, superó todas las expectativas y por primera vez en mucho tiempo, restableció la confianza de la nación en sus ejecutorias. Y si se toma en cuenta, de que tres días después de las elecciones presidenciales y legislativas, la JCE ofreció y mostrando un éxito profesional mucho mayor, su último boletín de resultados, rompiendo su registro de cinco días de las municipales.
Hablamos, de que en función de este antes y después, ya los dominicanos sabemos que contamos con una JCE y su dirección de elecciones de la que tenemos que sentirnos orgullosos, al tiempo de rogar a Dios porque los resultados electorales han dejado de ser considerados traumáticos.
Ha sido tan impacte la brillante labor del ente comicial, que casi toda la nación no creía que fuera cierto, que, a las ocho de la noche del mismo domingo, el candidato presidencial ganador, Luis Abinader, no solo que había recibido los reconocimientos y felicitaciones de sus principales contendores, sino que comunicaba a la nación su triunfo y ofrecía las perspectivas de su nueva fase gubernativa.
Como era natural, el descreimiento inicial dio paso a la sorpresa mayúscula de que los dominicanos ya sabemos que nuestros votos y sus resultados son respetados y que para un país acostumbrado a que cada proceso comicial era traumático, resultaba una verdadera novedad el éxito burocrático que ya significa, que para el 2028 no veremos las elecciones como un proceso traumático ni cosa parecida, sino que definitivamente la institución electoral ya se había erigido en una eficiente y adulta.
Obsérvese, que es ahora cuando todos nos damos cuenta, de que, en las elecciones municipales del 18 de febrero, no fue que el PRM se alzó irregularmente con el santo y la limosna, sino que definitivamente, esta nueva JCE y con su éxito burocrático interno, demostró que ya podríamos confiar en los resultados electorales y robustecido el criterio, con los óptimos resultados de este domingo.
Ahora lo que se requiere, es el nuevo paso de reformar la ley electoral y eliminar el abusivo método de cálculo retorcido, el llamado D’ Hondt, que solo favorece a los partidos y por encima de los porcentajes que obtuvieran las candidaturas, con lo que se quebranta el sistema de elección abierta originado en la libertad de escogencia ciudadana y que de suyo, origina, que candidatos, quienes realmente obtuvieron los votos necesarios para ganar una curul, la perdían y al darse la situación, de que las candidaturas y para fines del contar los votos se analizan desde el punto de vista del total obtenido por cada partido y no por el ciudadano candidato en particular.
De ahí, que instemos al pleno de la JCE a que presente un proyecto de reforma de la ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y también la Ley No. 157-13, que establece el voto preferencial para la elección de diputados al Congreso Nacional, regidores de los municipios y vocales de los distritos municipales.
Realizadas estas reformas y que la actual legislatura puede hacerlas antes de perimir su periodo el 16 de agosto, la clase política y la partidocracia en sí, habrían dado las muestras inobjetables de que, a partir de las elecciones del 2028, respetarán la libertad de escogencia ciudadana.
Téngase presente, que, a partir del 16 de agosto, será el Poder Ejecutivo y como ahora, el que controla al Poder Legislativo y por derivación al Poder Judicial y este último, con su grave distorsión de ser uno que tiene a su vez otro paralelo de persecución judicial punitiva y sabiéndose que solo está para representar los intereses de quien sea gobierno y que de suyo, es un atentado a la funcionabilidad de un ministerio público que solo debe erigirse como parte y respetuoso de la majestad de la ley.
Así mismo, la legislatura y la JCE deben elaborar una reforma a la ley que tiene que ver con el fiscal electoral y en el aspecto que la OEA y sus últimos observadores electorales apuntaba: Que ese cuerpo de funcionarios sea designado con independencia administrativa y económica, dos años antes de los comicios, en este caso para el 2026.
Toca también y ahora que el presidente electo dijo que prometía que no se reelegiría, que en este punto se reforme para que la restricción de hasta dónde puede llegar la reelección presidencial sea extensiva a las reelecciones de legisladores y munícipes y por una sola realidad, de que sería un accionar inconstitucional y discriminatorio, que contra el presidente en ejercicio se le limite su mandato y no así a senadores, diputados, alcaldes y regidores.
Por eso es de importancia, que si el artículo constitucional 124, atinente a la elección presidencial, fija que para el presidente y el vicepresidente de la República su periodo es de cuatro años, pudiendo optar por otro periodo consecutivo y prohibiéndosele que nunca más podrá volver al cargo, así mismo hay que imponerle el mismo mandato a los miembros del Poder Legislativo y a todo el Poder Municipal respecto a alcaldes, vicealcaldes y regidores y para que así se garantice la renovación periódica cada ocho años de todo el aparato político de dirección del Estado, al tiempo que en función de estos mandatos, se haga y en una proporción aceptable, también con jueces de todo el Poder Judicial y de esta manera, se evite lo de ahora, que la burocracia judicial restringe las responsabilidades y funciones de todos los auxiliares del Poder Judicial y al generar una grosera dictadura burocrática coercitiva contra los derechos de abogados, notarios públicos y demás auxiliares.
Igual debe evaluarse la reforma para disminuir la cantidad de diputados y senadores y que se rige por la cantidad proporcional de la población y que podría solucionarse, si todos estos fueran elegidos por cinco o seis departamentos en los que estén representadas las 32 provincias actuales y de esa forma “los egos” provincianos no son afectados y la cantidad de legisladores fuera mucho menor a la barbaridad de ahora.
Al lograrse esta reforma continua y en la que ningún poder podrá imponerse sobre otro, se impedirá que la figura del caudillismo político pudiera volver a tener vigencia y en la medida trastornadora, de que se vive dentro del esquema de una tiranía partidocrática que tiene ya 63 años continuos de vigencia. Y la que en sí misma, es el cáncer que abate y corroe nuestro accidentado sistema político de una democracia representativa no participativa.
Consecuentemente, consideramos que los resultados electorales óptimos de febrero y mayo y la rápida divulgación de estos, imponen las reformas de las leyes 20-23 y 157-13 y el artículo constitucional 124 sobre la elección presidencial y extensivo a los poderes Legislativo y Municipal. Con Dios. (DAG) 23.05.2024
