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Mientras con Venezuela aplicaron la fuerza bruta y la despojaron de su soberanía y secuestraron sus recursos naturales y desde petróleo a tierras raras, con República Dominicana el accionar es el mismo, pero en frío.

De este modo, ayer se acaba de firmar un acuerdo “Marco de Cooperación para fortalecer la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, así como promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo vinculadas a la extracción y procesamiento de estos recursos estratégicos”.

Y lo que el Gobierno acaba de hacer sin consultarle previamente a la nación y mucho menos sin tener en cuenta al Poder Legislativo y del que todos sabemos que es una especie de sello gomigrafo del Poder Ejecutivo.

Se resaltó, que supuestamente, “se trata de un acuerdo en el que República Dominicana y Estados Unidos prevén trabajar para proteger sus respectivos mercados de minerales críticos y tierras raras; identificar conjuntamente proyectos de interés y facilitar el financiamiento de proyectos ubicados en ambos territorios”.

Lo anterior quiere decir, que de golpe, Abinader acaba de entregarle a EEUU el usufructo aparentemente legal y que le da derecho a tener la opción primera sobre nuestros recursos naturales y en particular sobre las tierras raras y con lo que y de sorpresa, recursos equivalentes a más de un billón de dólares, quedarían a partir de la tarde de ayer, a dominio, control y usufructo de EEUU y sin que para nada el Estado dominicano pudiera realizar las observaciones de salvaguarda pertinentes.

Que recordemos, es la primera vez que un gobierno con características de constitucional se atreve a tanto. Es decir, a enajenar y de golpe, la riqueza contentiva en nuestros recursos naturales y a favor de otro país y lo que de suyo hay que verlo y entenderlo como la mayor traición perpetrada contra esta nación y de hecho, convirtiéndose el mismo presidente Luis Abinader, en violador grosero de las disposiciones constitucionales que prohíben la enajenación de nuestros recursos naturales.

Solo por este hecho y si realmente tuviéramos senadores y diputados quienes realmente defiendan los intereses permanentes de la República, a esta mañana ya debieron de haber convocado a una sesión extraordinaria de las cámaras legislativas y para exigirle explicaciones al Poder Ejecutivo y en todo caso y si estas no son satisfechas, realizar un juicio político fulminante e imponiendo su destitución.

Desde la Cancillería, el funcionario que la dirige y quien en cuatro oportunidades había sido diputado, sabe perfectamente que para este tipo de casos debe ser impuesto la autorización legislativa. Sin embargo, ayer se despacho con ese dicursito de que supuestamente, “Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente” y lo que también le convierte de cómplice en esta inaudita acción de traición a la República.

Con esta barbaridad acaecida ayer y que es inconstitucional de cabo a rabo, vamos a ver cuales serán las reacciones de políticos, partidos, organizaciones de la sociedad civil y fuerzas vivas y también del sector mediático e incluidas las redes sociales, ante esta torpe felonía, que ciertamente, es un delito mayor que para nada debe quedar sin respuesta firme, contestaria y amplia de la ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nuestra Constitución vigente, especifica en el capito IV De los Recursos Naturales y en su articulo 14, lo siguiente: “Recursos Naturales. Son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico”  y en su artículo 17: Aprovechamiento de los recursos naturales: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y en general los recursos naturales no renovables, solo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos,  licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones que disponga la ley. En consecuencia: (Aquí cuatro incisos que explican lo referente a la exploración y explotación de hidrocarburos; la prioridad nacional la reforestación; preservación y aprovechamiento racional de los recursos vivos) y que “los beneficios percibidos por el Estado para la explotación de los recursos naturales sean dedicados al desarrollo de la nación, etc.

Como se lee en los dos artículos 14 y 17, para nada se autoriza al gobierno de turno a acordar y firmar un compromiso de las características del firmado ayer sin la autorización previa del Congreso Nacional y que al parecer, por este vacío legal en  el acuerdo se establece,  que supuestamente, “se trata de un plan de acción de carácter político y programático, que no constituye ni crea derechos u obligaciones bajo el derecho nacional o internacional, no da lugar a procedimientos jurídicos y no establece obligaciones legalmente vinculantes o exigibles, sean expresas o implícitas”.

Y cuando se lee lo que ordena el articulo 128 de la sección II De las Atribuciones del presidente de la República y en su condición de jefe de gobierno, inciso d) dice: “Celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado”, etc.

Con este documento y hasta ahora inconstitucional que criticamos; al desnudo, el gobierno muestra lo que entiende por su política “de diplomacia económica activa impulsada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores” y que para nosotros, es la demostración más palpable de que Abinader, su canciller y los funcionarios que fueron testigos de la firma de este “acuerdo de cooperación para extraer y procesar minerales críticos y tierras raras”, realmente entienden que son parte de una administración autoritaria que no tiene por qué darle explicaciones a nadie y en lo que el régimen está muy equivocado.

Obligándonos a plantear, que mientras con Venezuela aplicaron la fuerza bruta y la despojaron de su soberanía y secuestraron sus recursos naturales y desde petróleo a tierras raras, con República Dominicana el accionar es el mismo, pero en frío. Con Dios. (DAG) 11.09.2026

imagen: Canciller de la República y la embajadora  estadounidense

 

 

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