La Cámara de Cuentas siempre ha sido un órgano de escándalo tras escándalo y en particular desde que el contable Andrés Terrero fuera su presidente, quien junto al pleno debió de renunciar para evitarse el bochorno de que el Senado de la República le incoara un juicio político.
Pero lo que en realidad, con el actual debate se quiere ocultar, no es solo que hay serias imputaciones de que el actual presidente de la Cámara, Janel Ramírez, le dio por estar de manguera floja, acosando a dos empleadas, ambas, licenciadas en ciencias jurídicas y que por lo visto fue un asunto iniciado desde el mismo mes en que fuera nombrado en el 2020, sino que el poder político de la misma partidocracia, no quiere que se revele absolutamente nada en materia de manejos turbios al amparo de la corrupción política y que impulsa, que a la mayoría de los miembros de la Cámara de Cuentas y en particular muchos de los anteriores, deberían de ser tipificados como delincuentes de cuello blanco.
Solo hay que buscar la Constitución de la República para saber, que es a la Cámara de Diputados la que tiene la obligación de instrumentar el expediente sobre hechos acusatorios, en tanto el Senado de la República es el que lleva a cargo la instrumentación del juicio político para destituir al y los funcionarios que hayan delinquido en el ejercicio de sus funciones.
Por lo tanto, el debate mañoso que ahora se está dando en el Senado, es uno con el solo propósito de confundir a la atrapada opinión pública, mientras la huida de responsabilidades de parte de los diputados es sencillamente bochornosa, toda vez que una investigación que haga el ministerio público, para nada impide que los legisladores hagan otra y paralela sobre el mismo tema, puesto que ambas tienen intereses y objetivos distintos.
En definitiva, se está frente a la abierta admisión de colusión entre legisladores para ocultar hechos graves de corrupción y con el telón de fondo de un acoso sexual reiterado que fuera denunciado desde septiembre de 2021 y el que desde entonces estuvo engavetado y sin importar, que en juego se encuentren el honor y la reputación de las dos damas que la perversidad legislativa ha puesto en entredicho y que sorprendentemente ningún colectivo feminista haya salido en sus defensas.
De ahí que entendamos, que se está dentro del escándalo más grosero por parte de dos cuerpos legislativos en los que todos los partidos allí representados, son parte innegable de la corrupción que se denuncia, que se quiere denunciar y que se pretende condena. Institucionalmente, es la República y el estado de derecho quienes salen perjudicados e impulsados por esa grave muestra de irresponsabilidad moral de parte de la mayoría ciudadana.
A nuestro modo de ver, la única manera de destrabar la discusión, es si hay una toma de conciencia ciudadana que obligue a la mayoría de los medios de comunicación coludidos con la vagabundería que se airea, a hacerse eco al desnudo y sin matices de todo cuanto se discute, de los expedientes maleados y en juego, de la compra de conciencia de miembros del organismo auditor, del interés gubernamental por acallar el asunto y que es igual al intereses perverso de los miembros de la partidocracia por sepultar el tema.
Todos quienes ejercen el poder en este país y de una u otra forma, están implicados en este tremendo desorden moral que realmente no se quiere discutir para buscar correcciones y sí porque senadores y diputados y como expresiones de los partidos políticos que representan, se les ha ordenado que les den largas al bochornoso asunto y que a quienes la inversión de valores morales de la clase gobernante, aun no les ha afectado, debería impulsarles, por lo menos, a instalar juicios públicos y paralelos y por parte de una sociedad que está harta y hastiada de tanta corrupción política e institucional.
Imposible no entender que cuando se ve este tú me dices y yo te digo, por parte de una mayoría de delincuentes de cuello blanco, que como clase política se burlan y explotan a este país y que tienen a la Carta Magna a menor categoría que la que se le da a un papel de sanitario, definitivamente que debe entenderse, que la clase gobernante dominicana está marcada por la inmoralidad más absoluta y que por las vías que fuere habría que salir de la misma.
No puede ser, que todos esos sepulcros blanqueados que conforman las instituciones oficiales de este país y dentro de los tres poderes del Estado, hayan podido enraizarse en las instituciones y hasta ahora no haya habido una verdadera voluntad de conciencia moral para erradicarlos, unos a la cárcel y otros, por grave condena moral.
Esta nación y a grandes rasgos, no puede continuar siendo presa de lo peor del bandidaje y apandillamiento político, mientras que los órganos de la sociedad llamados a defenderla, nos referimos a los medios de comunicación y de información de masas y porque la mayoría están corrompidos y dirigidos por corruptos, no tengan interés en generar una revolución moral que saque del cuerpo de la nación, toda esa vil podredumbre humana que tanto avergüenza a la gente decente.
¿Por qué las iglesias y las instituciones cívicas, colegios, escuelas, etc., no generan un gran movimiento de renovación moral que definitivamente enfrente a la partidocracia y para que se entienda, que en este país ya está bueno de tanta corrupción y desorden moral por parte de una clase gobernante que no representa a la nación ni a sus ciudadanos?, ¿por qué se ha permitido que lo peor de la sociedad y de la ciudadanía haya invadido la política y destrozara sus esencias morales básicas y que es también el grave factor del incremento de la delincuencia social y criminal en todos los órdenes? A esto hay que hacerle un alto y rápido, si es que no se quiere que en poco tiempo la Republica sea hundida dentro del envilecimiento amoral más espantoso.
Y ahí tenemos la muestra, en cuanto a que moralmente, una denuncia sobre acoso sexual nunca podrá justificarse con el pretexto de que en la Cámara de Cuentas intereses políticos quieren ocultar graves faltas de procedimiento y de amplia corrupción. (DAG)
