La mañana del lunes quedó marcada por la muerte repentina de una ciudadana estadounidense que llevaba casi dos meses retenida en el Centro Vacacional de Haina, principal recinto migratorio del país. La Dirección General de Migración (DGM) confirmó que, en la inspección preliminar, el cadáver no presentaba signos de violencia y que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realiza la autopsia para determinar la causa exacta del deceso.
Según la DGM, la mujer detenida a finales de abril sin documentos de identidad y con aparentes trastornos psicóticos fue identificada recién el miércoles pasado mediante reconocimiento facial, tras gestiones con varias embajadas. Desde entonces permanecía a la espera de deportación mientras se coordinaba su traslado con la sede diplomática de Estados Unidos en Santo Domingo. El protocolo interno obliga a mantener a los extranjeros indocumentados bajo custodia hasta verificar nacionalidad y antecedentes, trámite que en su caso se prolongó más de lo habitual.
La muerte reabre el debate sobre las condiciones en Haina, un centro que ya venía recibiendo denuncias de hacinamiento y falta de atención médica. En abril, organizaciones civiles reportaron retenciones arbitrarias de mujeres embarazadas y menores de edad, describiendo “entras y salidas de camiones a todas horas” en un ambiente de incertidumbre. Aunque Migración sostiene que las instalaciones cumplen los estándares mínimos, cifras del Global Detention Project muestran que Haina alberga a cientos de personas en espacios diseñados para muchos menos, con entradas que superaron las 82 mil en los últimos años.
El Departamento de Estado de EE. UU. ya había señalado en su Informe 2023 sobre derechos humanos que existían “reportes de abuso físico” por parte de agentes migratorios y deficiencias en la supervisión médica dentro de los recintos. A ese panorama se suma la alerta de Amnistía Internacional, que en 2024 instó a las autoridades dominicanas a garantizar procesos “transparentes y dignos” para personas extranjeras en situación irregular.
Especialistas en salud mental consultados recuerdan que la mayoría de centros de detención de la región no cuenta con protocolos clínicos para pacientes con cuadros psicóticos agudos. Rafael Abreu, psiquiatra forense, advierte que “en espacios de encierro, el riesgo de descompensación se multiplica si no hay medicación ni vigilancia especializada”. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, recomienda evaluar a toda persona privada de libertad con historial psiquiátrico y proveer tratamiento continuo, algo que, de acuerdo con defensores de migrantes, rara vez ocurre.
Fuentes diplomáticas indicaron que el consulado estadounidense colabora con la investigación y con los arreglos de repatriación del cuerpo. No obstante, hasta el cierre de esta nota no se habían dado a conocer detalles sobre reclamaciones familiares ni sobre posibles acciones legales.
El caso, más allá de la tragedia individual, subraya la urgencia de revisar los protocolos de detención y atención médica en Haina. Mientras el Inacif concluye la autopsia y Migración promete un informe completo, organismos de derechos humanos piden acceso independiente al centro para verificar condiciones y evitar que otra muerte quede envuelta en dudas.
