Asesinado Trujillo el 30 de mayo de 1961, sus “herederos” directos, en realidad todo un grupo de conspiradores que tomaron por asalto y hasta desarticular el sistema económico de la nación, impusieron una especie de “tiranía blanda” en base a los gobiernos del Consejo de Estado, los dos del Triunvirato y el último provisional de García Godoy y al reabrirse el proceso democrático con el triunfo electoral de Joaquín Balaguer en junio de 1966, no se tuvo el cuidado desde el Poder Legislativo por realizar la investigación necesaria que anularan todos los decretos-leyes emitidos.
Debe recordarse, que un decreto-ley, es el supuesto fundamento de un gobierno que ejerce y actúa sustituyendo al Poder Legislativo como al Poder Judicial e imponiéndose sobre la generalidad de la nación en base y en este caso, a la ola de antitrujillismo entre comillas, que EEUU apadrinó para darle seudo legalidad a quienes gobernaban al país desde las llamadas diez familias y encabezadas por la Vicini, que fue la gran conspiradora que financió la caída de la dictadura y con el solo propósito de apropiarse de todo el aparato económico de la nación y destruir más de 500 millones de dólares en infraestructuras de todo tipo en materia de obras materiales y hasta lograr que en el Triunvirato se tomara el primer préstamo de 25 millones de dólares con el FMI y el que veinte años después, ese solo, fue pagado y con sus intereses, por un monto superior a los mil 200 millones de dólares.
Al momento que EEUU destruyó el aparato productivo nacional, entregándoselo en usufructo a los Vicini y a las llamadas “diez familias”, este país NO tenía deuda externa, sus finanzas se encontraban saneadas, la dictadura había creado una industria ligera y una estructura agroindustrial que encabezaban los 12 ingenios de caña de Azúcar (CEA) y lo más importante, el peso oro dominicano tenía más valor que el dólar estadounidense y circulando en cualquier parte del mundo.
Todo ese saqueo contra el aparato productivo de la nación se logró en función de los infames decretos-leyes, mediante los cuales toda la superestructura militar dominicana con más de 12 navíos de guerra, una fuerza aérea que era la envidia de naciones vecinas y un ejército de tierra, fue destruida e igual las propiedades de la nación en el exterior en donde se encontraban nuestras embajadas y consulados, como la de España que se encontraba en Barajas con un gran palacete en el centro de 5 mil metros cuadrados de terrenos y que luego fueron vendidos a dos por cheles y los dineros resultantes yendo a las arcas de las diez familias. Nada de ello existe hoy.
Durante todos esos años desde junio de 1961 a junio de 1966 esta nación fue absolutamente saqueada y fueron sus gobiernos los prohijadores de semejante despojo contra los intereses nacionales y por esa razón, la decisiva fábrica de armas y la otra de dinamita y municiones, cuyos activos y así como la comercializadora Ultramar Dominicana compañía por acciones, se perdieron cerca de otros 300 millones de dólares del patrimonio nacional.
¿Y por qué semejante depredación desde el Estado pudo darse?, porque en aquella época, los 2.5 millones de dominicanos teníamos mentalidad pueblerina y de campo, nunca nadie había viajado al exterior y por lo tanto, no había un conocimiento pleno de la vida en el exterior y lo más grave, porque los periódicos de la época El Caribe, Opinión y dos o tres menores, consintieron -sus dueños y periodistas- que el aparato productivo y financiero fuera desmantelado de pleno.
Gracias a ese factor mediático, cuyos periodistas ocuparon desde el 1966 al 1978 las direcciones de los principales periódicos, el factor mediático impuso un silencio total sobre aquella depredación y a partir de esa realidad, la corrupción política se impuso con una fuerza brutal en toda la nación y como se vivió desde el 1974 al 1986 y continuando con menos intensidad en el lapso de 1986 a 1996 y retornando con fuerza destructiva en el periodo 1996 al 2000 y para dar un giro intermedio entre progreso, construcción y corrupción en el lapso 2004 a la actualidad.
Es decir, porque ninguno de los gobiernos civiles “democráticos” y via el Poder Legislativo en sus diferentes periodos, no revisó y anuló las disposiciones irregulares y la mayoría ilícitas de los decretos-leyes, este país ha sido convertido por su delincuencial clase política y la no menos depredadora de sus grupos económicos y financieros, en una nación lo más parecida a una dirigida por corsarios y piratas de la peor especie y con un pueblo dominicano, ahora de 10.5 millones de personas, habituado a las peores formas de ejercicio del poder vía el enriquecimiento ilícito más extraordinario y llegando a un nivel demencial de más de 300 mil millones de dólares actuales y significando un 75 por ciento del producto bruto interno de todos estos 23 años.
No descartamos, que muchos dominicanos podrán sentirse alarmados por lo que expresamos, pero si los más inteligentes, preparados y acuciosos indagaran sobre esta penosa realidad y la que nunca nadie que ha gobernado ha querido que se conozca, podrían comprobar que lo que decimos palidece ante la realidad que se vive.
Ya no somos el país de ignorantes y campunos hasta el 1961, ahora tenemos una economía emergente enormemente hipotecada y con préstamos internacionales que tres generaciones futuras no habrán podido terminar de pagar y con una ciudadanía que casi en un cien por ciento viaja por el mundo y ya mismo con casi tres millones de descendientes de inmigrantes nacidos en más de diez países distintos y con un peso devaluado y cuyo poder adquisitivo no pasa del 70 por ciento de su valor y una inflación que se traga ahorros y que acogota.
Sin embargo, la corrupción de ayer a la caída del trujillato y toda esa de ahora que desborda todo sentido de la racionalidad y al extremo, de que el 80 por ciento de las grandes fortunas tienen un origen ilegitimo, sea por evasión fiscal, sicariato criminal y mediático, lavado de activos, contrabando o el narcotráfico y el asalto al presupuesto nacional y la mayoría de las propiedades han sido legitimadas en su origen ilegítimo con esa perversa creación de los abogados de Los Vicini y en el Triunvirato, de los actos de notariales bajo firma privada e igualándolos a los actos notariales auténticos.
Son 62 años de la caída de la dictadura y 57 años de la creación de los actos notariales bajo firma privada y nadie de respetabilidad, decencia y valer, sin intentar siquiera porque todos esos actos notariales sean revisados conjuntamente con los infames decretos-leyes, de ese modo y al no querer crear un estamento legal que lo revise todo y para darle un fundamento cierto de legalidad y legitimidad absoluta a la vida institucional de esta nación, necesariamente que como dominicanos debemos sentirnos avergonzados.
Precisamente por toda esta barbaridad a gran escala, es que decimos, que nuestra democracia está cimentada en bases falsas, pues los decretos-leyes emitidos desde junio de 1961 a junio de 1966 aumentaron el nivel dictatorial de Trujillo a los Vicini y también a las diez familias. (DAG) 07.11.2023
