La solicitud de prisión preventiva por un año y medio contra los ocho acusados de liderar una red de trata de personas aterrizó este martes en el banquillo de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este. La fiscalía alega que el peligro de fuga y la magnitud del expediente ameritan la medida más severa.
Según detalló el Ministerio Público, la investigación bautizada como Operación Begonias rescató a más de 40 mujeres, la mayoría colombianas, que eran reclutadas con falsas ofertas de trabajo y luego obligadas a la explotación sexual en la capital dominicana. El operativo incluyó diez fiscales, más de 85 agentes policiales y la incautación de dinero, seis vehículos, equipos electrónicos y hasta una edificación completa que servía de “centro logístico” para la red.
Los imputados cinco dominicanos y tres colombianas enfrentarán cargos de tráfico ilícito de migrantes, asociación de malhechores y lavado de activos. La fiscal de la PETT, Yoanna Bejarán, solicitó además que el proceso sea declarado complejo, una figura que extiende los plazos procesales y permite profundizar en el rastro financiero que dejó la organización, incluida la supuesta deuda de US $3,500 que las víctimas debían pagar para “recuperar su libertad”.
El caso llega en un momento crítico para la República Dominicana el Informe sobre Trata de Personas 2024 del Departamento de Estado de EE. UU. reporta 74 víctimas confirmadas el año pasado y mantiene al país en la categoría Tier 2, advirtiendo sobre “avances limitados” en la persecución de estructuras transnacionales.
Juristas consultados señalan que pedir 18 meses de coerción es inusual, pero no descabellado. “En expedientes de crimen organizado, los jueces han impuesto hasta 12 meses; ir a 18 revela la gravedad del entramado y la cantidad de pruebas que dice tener la fiscalía”, explica el penalista Félix Portes. El abogado remarca que la Ley 137-03 faculta al tribunal a imponer plazos más largos cuando hay riesgo de re–victimización o destrucción de evidencia.
Desde la sociedad civil, la ONG Anti Trafficking Bureau, que colaboró con la investigación, aplaudió el golpe, pero advirtió que “sin condenas ejemplares y protección integral a las sobrevivientes, la puerta seguirá abierta a nuevas redes”. De hecho, cifras del Organised Crime Index indican que el tráfico sexual sigue siendo uno de los negocios ilícitos más lucrativos del Caribe, con víctimas procedentes de Colombia, Venezuela y Haití.
La audiencia de medida de coerción quedó pautada para la tarde de este martes. Ahí se sabrá si el tribunal acoge la petición de los fiscales o impone una medida menos gravosa. Por ahora, la pelota está en la cancha del juez definir si la Operación Begonias servirá de ejemplo o se quedará como otro expediente engavetado en los pasillos de la justicia dominicana.
