Tan pronto el presidente Luis Abinader llegó al poder, manifestó su intención de hacer todo lo imposible por cambiar el espíritu de abusos policiales continuos contra los derechos humanos de la ciudadanía y contra la pésima actitud policial de entender que se vive en un territorio enemigo al que hay que controlar por la fuerza bruta.
Proceder, del que ya no se debe ni puede decir que haya sido heredado de la dictadura trujillista y sí entender, que es el producto abusivo de un discurrir inconstitucional plagado de corrupción desde el poder y en base a una partidocracia, que, de suyo, se ha erigido como mecanismo de control tiránico que a los políticos le facilita las cosas y como el mejor modo de todos ellos enriquecerse y controlar despóticamente a la población.
En este aspecto y hasta ahora, ninguna bandería política puede argumentar que no es corresponsable del actual estado continuo de atentado total contra los derechos humanos de los ciudadanos y de lo que por lo visto, la única voz que reiteradamente advierte sobre la grosera irregularidad, se encuentra en los regulares reportes de criticas sostenidas contra la represión policial que desde Washington el Departamento de Estado externa año tras año y las continuas críticas y denuncias que medios como POR EL OJO DE LA CERRADURA y otros medios, continuamente efectúan y sin que en este país ningún gobierno o político le preste la mínima atención.
De ahí que sea de valer la intención presidencial, de dar un cambio radical al abusivo y continuo proceder policial represivo y mediante el establecimiento de una institución especial de ciudadanos preocupados por la irregularidad y la que después de reuniones continuas, emitió un informe critico de más de mil páginas, con el cual, el gobierno puede tratar de diseñar un esquema de trabajo profiláctico que erradique de una vez y por toda la actual autoridad policial tan desbordada.
Sobre el particular, lo primero que debe atenderse, es que en la policía hay que hacer una auditoría generalizada, que no solo abarque a sus efectivos, sino por igual el grosero nivel de enriquecimiento desproporcionado que la mayoría de sus oficiales y algunos subalternos tienen y en base a las muestras de corrupción más descaradas y comenzando por el terrible nivel de extorsión que en la uniformada se practica y tanto, que hasta el alquiler de efectivos como guardaespaldas privados es el mayor mercado ilícito que la generalidad de los oficiales efectúan y el que a su vez les genera una especie de asociación de intereses con el comercio que se beneficia, que en muchos casos, facilita las actuales fortunas del 70 por ciento de la oficialidad y ni hablar de la asociación delictiva de muchos de esos oficiales con el lavado de activos, la trata de personas y sexual y también con el narcotráfico.
De hecho, la reciente desvergüenza patrocinada por una mau mau policial, coronel ella y directora del centro de extorsión y corrupción a gran escala de vehículos detenidos por asuntos fiscales, tipifica de una manera grotesca, hasta donde llega la corrupción policial y el nivel tan grosero de desbordamiento de facultades y todo, para afectar sensiblemente los intereses de los ciudadanos que son victimas de esa extorsión a gran escala.
Y es que cuando la policía como institución, pasa de las palabras a los hechos, golpeando y hasta intimidando la misma figura del ciudadano que ostenta la condición de Defensor del Pueblo, sin duda alguna, el meta mensaje que se envía, es el de que la uniformada es un poder desbordado y al que de la manera que sea, hay que controlar y obligar a que se ciña a Derecho.
Consecuentemente, urge que las recomendaciones, que en su reporte la comisión especial determinó que la policía requiere con urgencia, ya deberían de ser implementadas y, sobre todo, porque para los policías en sentido general, la citada comisión especial no fue más que “una iniciativa presidencial para ganar tiempo y no porque realmente el Poder Ejecutivo quisiera que las cosas cambien” y que como han llegado expresiones en ese sentido.
Por eso, cuando se dio el atentado policial contra el Defensor del Pueblo y un grupo de ayudantes y periodistas que le acompañaron en su visita de inspección del canódromo, donde la policía se da el lujo de secuestrar todo tipo de vehículos de motor, ocasionando millones de pesos en daños materiales de estos y hablamos de más de diez mil vehículos retenidos abusivamente, lo que la ciudadanía entendió, fue que si semejante desafío contra la autoridad constitucional, el Poder Ejecutivo no lo enfrenta con decisión y punitivamente, los dominicanos nunca podremos tener una policía realmente al servicio de la ciudadanía y como institución civil y no militarizada.
Cuando la Era de Trujillo y esto es bueno traerlo a colación, los policías y de todos los rangos, no podían salir de sus recintos al terminar sus horarios de trabajo, no solo estando bien representados en su indumentaria, sino que debían dejar guardadas en los recintos policiales sus armas de fuego y para salir a las calles sin la pretensión de creerse unos trogloditas y teniendo prohibido visitar sitios de alterne y de prostitución y libertinaje sexual y para lo cual existía la policía militar que también y en este campo abarcaba a los miembros de las Fuerzas Armadas. Nunca hubo desgracias que lamentar entre ciudadanos y uniformados.
Vino la “democracia” y todo marchó al revés, la institucionalidad se fue a la porra y comenzando por la supresión del servicio militar obligatorio y las enseñanzas de moral y cívica en las escuelas y hasta llegar a los extremos de este tiempo, donde la policía se ha convertido en un nicho criminal manejado tal como si la institución estuviera controlada por capos del narcotráfico y cuya muestra más significativa se vio el lunes en la mañana, con el atentado perpetrado por una coronel mentalmente perturbada y nada profesional y sus esbirros, contra un alto cargo público y como lo es el Defensor del Pueblo.
A todo esto, lo que más sorprende, es que a 48 horas de la infeliz ocurrencia, los policías que perpetraron el grosero ilícito no han sido cancelados por el Poder Ejecutivo y con lo que a razonamiento a contrario, ahora no hay un policía que no entienda, que la coronel y su tropa no han sido cancelados o sancionados debidamente y porque en lo de “reforma policial” no hay tal interés y sí un ganar tiempo y lo que significaría, que de ahora en adelante las arbitrariedades de la policía contra la ciudadanía sería la de un actuar con impunidad total.
Se entiende entonces, que ante el desamparo que la ciudadanía tiene frente a los abusos policiales, desde EEUU se eleve una voz recia demandando que la policía dominicana descontinue los abusos continuos que perpetra contra los ciudadanos, al tiempo que los observadores de la delicada situación de atentado a los derechos humanos, también vemos y esto muy significativamente.
Que la mayoría de los mass media se han dedicado a criticar el aspecto que se encierra en la agresión a los periodistas que acompañaban al Defensor del Pueblo y como parte de un esquema continuo de supuesta violación sistemática a la libertad de prensa y también como vía de escape para evadir responsabilidades y con fines de no criticar a la uniformada, sabiéndose que la mayoría de los dueños y ejecutivos periodísticos de periódicos escritos y digitales y programas de radio y televisión, así como de plantas de radio y televisión, son individuos a los que la policía les facilita ilegalmente, escoltas y también armas de fuego “para su protección personal” y de lo que en el gobierno tampoco se habla y porque a los políticos les conviene que el periodismo se ahogue en una corruptela ignominiosa como degradante.
Si consideramos lo anterior, definitivamente debemos entender, que, para la policía, los dominicanos vivimos dentro de un estado policiaco y como tal deben aceptar someterse y que se les humille y por eso los abusos inacabables que perpetra, mientras la prensa y por determinadas complicidades, calla ignominiosamente. (DAG)
