domingo, julio 21, 2024
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Peligro. Parecería que el ministerio público central pretende desafiar el ejercicio de la libre opinión y la de prensa, haciendo creer que toda critica significa una supuesta defensa anticipada de alguien que sea objeto de una investigación judicial criminal

Que de buenas a primeras, la titular de la procuraduría general de la República, la magistrada Miriam German, se despache en el discurso de apertura del cierre del Congreso Internacional de Análisis e Investigación Criminal realizado por el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP) a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) e iniciado esta mañana, un conjunto cada uno más controversial que el otro y con el escondido o avieso propósito de obligar medios, periodistas y analistas, a autocensurarse y para que estos no den paso a ningún tipo de declaración, información o análisis sobre cualquier tipo de investigación criminal que haya sido puesta en marcha.

Sin duda, es una muy peligrosa como inquietante actitud, no solo de no tolerar las críticas, sino de no aceptar que al ministerio público se le señalen situaciones que, investigadas por el mismo, ofrezcan la posibilidad de que se las entienda propias de una autoridad desbordada que quisiera afectar el estado de derecho y ni hablar sobre los derechos fundamentales de los investigados y procesados y lo que en muchos casos y en los dos últimos años siempre se ha visto.

En este sentido y como medio de comunicación y de información de masas digital, que entiende que actúa con responsabilidad y mesura, no podemos aceptar que la magistrada de referencia, trace tan inquietante línea de conducta o proceder y mucho menos, cuando absolutamente nadie, sector, persona, medio de comunicación o periodista tiene el monopolio de la verdad y la que en todo caso, al tratarse del poder judicial, siempre se le habrá de cuestionar y ser extremadamente escéptico frente a los juicios o consideraciones que emite.

De entrada, lo que también vemos, es que el ministerio público perecería que no quedó nada satisfecho con la decisión última de un juez, que ordenó casa por cárcel a imputados por aparentes delitos de corrupción contra el Estado y al constatar que el plazo concedido, los fiscales no lo supieron aprovechar y por eso de la decisión que tomara.

Ahora y con el pretexto de que en algunos medios y por la misma permisividad del ministerio público, de que cuando lo conviene, los incentiva, la magistrada German Brito arremete sibilinamente contra la prensa en sentido general y al decir: “Acusar es uno de los más grandes poderes que puede desplegarse desde el Estado. No se puede tomar a la ligera, como tampoco podemos ignorar que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser una especie de defensa anticipada”.

Pero German Brito no se quedó ahí, sino que, en su tan atípica soflama, puntualiza su requerimiento y al decir, que “de ahí que solo queda apelar a que la proactividad, la objetividad, la prudencia y el sentido de justicia presidan su accionar en beneficio de la comunidad” y refiriéndose a medios y periodistas. En otras palabras, advierte a sus subordinados a nivel nacional, que el Ministerio Público está expuesto “a presiones por campañas mediáticas de descrédito”.

Rotundamente, no estamos de acuerdo con su criterio, aunque como se vive en una sociedad que se entiende libre, se deben respetar sus palabras y pensamiento y al mismo hay que hacerle ver que no se comparten, no solo por atrevidas y falsas, sino por ese escondido afán de creerse, que quienes somos periodistas y medios de prensa realmente independientes a todos los poderes públicos  como privados, se nos puede medir exactamente igual como los medios de esa prensa mercancía y amarilla que el mismo ministerio público gusta de servirse.

Manifestado nuestro criterio, pasamos de inmediato a reproducir el discurso integro pronunciado por la magistrada procuradora general de la República y que reproducimos del matutino centenario capitaleño:

“Me satisface enormemente compartir unas palabras con ustedes en ocasión de este Congreso Internacional de Análisis e Investigación Criminal, que sirve, a su vez, para dar clausura a la maestría del mismo nombre que han cursado. Es de gran importancia capacitarse para la función, pero más importante aún es llevar lo aprendido a la práctica teniendo como norte un sentido de justicia y razonabilidad.

“El tema que nos ocupa es fundamental para un actor del sistema de justicia como lo es el Ministerio Público. Implementar la política criminal del Estado de manera efectiva implica hacer un análisis permanente e inteligente de la criminalidad. Todos los organismos que colaboran con las investigaciones penales tienen que contar con las herramientas adecuadas que permitan identificar los elementos críticos que configuran la actividad criminal como fenómeno complejo y multicausal. De esta forma podemos establecer prioridades que den una respuesta más precisa y contundente al crimen.

“Quiero resaltar que la dirección funcional de la investigación, principio de raigambre constitucional que es concretizado en el artículo 10 de la ley orgánica 133-11, es solo realizable bajo un esquema de colaboración conjunta que favorezca dinámicas de trabajo eficaces que permitan la coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional o cualquiera otra agencia ejecutiva, de seguridad o de gobierno, que cumpla tareas auxiliares de investigación con fines judiciales.

“Estamos de acuerdo con que, en el marco del proceso penal, existe un deber de respetar el principio de legalidad, demostrando transparencia y coherencia en la aplicación de las normas penales y de las directrices institucionales, motivando cada pretensión, con miras a eliminar el exceso de discrecionalidad. Sin embargo, una preocupación seria es el hecho de que se persigan todos y cada uno de los delitos, sin distinción alguna del bien afectado y el daño social.

“Uno de los principios fundamentales del derecho penal democrático es el principio de ultima ratio, el cual implica que la persecución debe ser de uso extraordinario. Tal como plantea el artículo 2 del Código Procesal Penal, si es posible solucionar un conflicto por otras vías, esa es la primera opción.

“No podemos caer en las tentaciones del populismo penal y perder la objetividad y proporcionalidad que deben guiar cada una de nuestras actuaciones. La pena, con todas sus consecuencias y su alto costo, tiene que reservarse para los casos de mayor gravedad, en donde sea imposible aplicar cualquier salida alterna.

“Una política criminal sensata se enfoca justamente en perseguir las conductas ilícitas más gravosas, es decir, aquellas que verdaderamente socavan los valores comunes y afectan los bienes jurídicos más preponderantes, como es el caso del crimen organizado, en todas sus manifestaciones, y la misma corrupción. Para ello, es indispensable contar con fiscales e investigadores capacitados, así como el acceso a herramientas criminalistas, equipos tecnológicos e información actualizada sobre los fenómenos criminales y su naturaleza.

“El ejercicio de la autocrítica es indispensable para el fortalecimiento de nuestras instituciones. A aquellos a quienes corresponde ejercer acciones que en el día a día restringen derechos fundamentales, como el bien preciado de la libertad, les exhorto a actuar con la mayor prudencia y objetividad posibles, siendo esto sobre todo un deber ético. No seamos partícipes de la constante amenaza del derecho penal del enemigo, de la deshumanización de ese “otro”, del convidado de piedra.

“Las amplias facultades que nos otorga la ley jamás pueden convertirse en un instrumento que violente los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Estos últimos son, justamente, de las mayores conquistas del constitucionalismo moderno. Todas las actuaciones del Ministerio Público han de ser razonables y deben ser ejercidas con objetividad para evitar que las víctimas y los imputados queden en un estado de indefensión. La obligación de motivar se impone a cada una de las solicitudes o dictámenes que puedan darse en el curso del proceso penal, recordando que todas nuestras actuaciones están sometidas al control jurisdiccional.

“Otro tipo de actuaciones que ocupa nuestra atención son las solicitudes de imposición de medidas de coerción. Estas medidas, en especial la prisión preventiva, constituyen una restricción a derechos fundamentales que requieren una debida ponderación de su necesidad, idoneidad y proporcionalidad, a fin de evitar el uso indiscriminado de medidas privativas de libertad; por lo que los actores deberíamos reflexionar antes de pedirla e imponerla, si realmente se trata de infractores e infracciones que lo ameriten.

El poder punitivo, por su vocación de excederse, encuentra unos límites claramente definidos en el Derecho que no pueden ser ignorados. Acusar es uno de los más grandes poderes que puede desplegarse desde el Estado. No se puede tomar a la ligera, como tampoco podemos ignorar que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser una especie de defensa anticipada. De ahí que solo queda apelar a que la proactividad, la objetividad, la prudencia y el sentido de justicia presidan su accionar en beneficio de la comunidad”. [OJO]

 

 

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