Hay situaciones como que no se entienden. Por ejemplo, en el primer gobierno del PLD y en la primera administración de Leonel Fernández, en el ministerio de Agricultura hubo un fuego “displicente”, de esos para ocultar evidencias de robos descontrolados administrativamente, que se llevó de paro toda la edificación, nadie estuvo preso y menos responsabilizado y hasta la fecha, la población lo aceptó como costo del poder, cuando de corrupción pública se trata y aun cuando en los corrillos periodísticos se entendía que se trataba del primer crimen cometido por funcionarios gays.
Ahora, ocurre un hecho parecido, pero no provocado por algún gay sí por desalmados del PRM propiamente y el que dio por resultado un sospechoso fuego desatado en la tercera planta del edificio público que alberga la sede principal del ministerio de lo Interior, arrojando la destrucción total de todos los archivos del Ministerio y en particular, la documentación que tiene que ver con residencias, armas de fuego, renovaciones y permisos para negocios, etc.
Lo que quiere decir, que no menos tres millones de personas han sido afectadas y al perderse la información especializada de documentos en sentido general. En otras palabras y para poner un caso, quienes tienen permisos de armas de fuego no tienen nada que los respalde e igual las residencias de extranjeros, las renovaciones y permisos especiales para negocios.
Lo más inquietante es, que, por el fuego, todos los servidores de la institución y que extrañamente, todos estaban en el mismo lugar, se destruyeron y lo que se atribuyó a una supuesta “falla eléctrica”. Ni que decir, que las manos criminales que lo provocaron, se hace claro que lo ejecutaron para borrar documentación que entendían les comprometía.
A este día hay dos personas detenidas y ningún medio de la prensa mercancía se ha referido al asunto y mucho menos los llamados “programas de investigación” y lo más patético, que nadie en el Gobierno explica lo que ocurrió y ni hablar del ministro Jesús Vásquez, quien, de acuerdo con nuestras fuentes, “prácticamente anda escondido y tratando de no dejarse ver de nadie”.
De su lado y haciéndolo pésimo, el aparato de propaganda del régimen ha caído en un silencio de muerte y por lo que también supimos, todo el mundo ocultándole al presidente Abinader, que fue lo que realmente sucedió.
En términos materiales, se han perdido no menos de 100 millones de pesos del presupuesto público y ya se apuesta a que a la gente se le olvide lo que pasó y como el mejor modo, para que cualquier día se anuncie una amnistía general que abarque a quienes saben que no tenían su documentación al día, paguen una tasa y para justificar que se les expida un documento que les libere de responsabilidad alguna.
Pero si el gobierno ha fallado en no mostrarse diligente, en peor estima han quedado, tanto el empresariado y las fuerzas vivas, sociedad civil, comercios y empresas, fábricas y ciudadanos, quienes, mostrando un alto grado de irresponsabilidad cívica, ni siquiera han contemplado llevar los documentos que tienen y entregados por Interior y Policía y para que ayuden a crear un nuevo registro de estos que les beneficiaría a ellos mismos.
Sin duda, no vacilamos en calificar como un crimen de Estado lo que ha ocurrido y que nos retrata como una nación de gente de mentalidad tercermundista, picara y de complicidad con la corrupción general que azota a todas las instituciones públicas y privadas.
Por lo pronto, hay que hablar de la dirección de pasaportes, que, a menos de cien metros del litoral caribeño, si se presentara una catástrofe natural con desborde del mar o por lluvias fuera de lo común, seguro que se perdería la documentación de más de 8 millones de dominicanos y lo que debe advertirse, por si la situación se presentara y allí después aleguen, que “la furia de la naturaleza lo destruyó todo”. Parecida advertencia hay que hacerla a la Junta Central Electoral y al ser la responsable del registro civil en el que se supone que once millones de dominicanos y no menos cuatro millones de extranjeros tienen en este sus principales documentos de identidad, recuérdese que allí hubo otro fuego sospechoso y también hay que velar porque en Bienes Nacionales, no ocurra algo parecido.
Todavía más, ¿por qué los periódicos escritos no han abierto una investigación propia respecto al sospechoso fuego en Interior y Policía y como el mejor modo de ayudar a que se conozca, que fue lo que realmente pasó y quienes, las manos criminales que en él mismo actuaron?, ¿o será que el fuego fue instigado desde las altas instancias del poder y nadie allí quiere saber sobre lo ocurrido y teniendo de antecedentes lo que se hizo con relación al fuego en la JCE, donde las pérdidas fueron millonarias y la data todavía no ha sido recuperada?
Parecería entonces , que como se está en tiempos de campaña electoral y por lo tanto, “hay almas que salvar”, un fuego de la magnitud del que señalamos y por el terrible daño material ocurrido, a los del poder o a los del PRM, para nada, no quieren ni siquiera que se les hable sobre el particular y lo que apena y da vergüenza, porque semejante silencio, lo que indica, es que los dominicanos nos hemos convertido en los directamente responsables de las células de gavilleros y ladrones, que entienden como lo más natural del mundo el robarse a sí mismos.
He ahí el caso de la Conferencia del Episcopado Dominicano, “la unidad ejecutora y administrativa” de los más de 300 mil millones de pesos que la corporación católica tiene en inmuebles por todo el país y por lo tanto, que debería ser la más interesada en indagar si sus títulos de propiedad y todos los demás que están respaldados por los archivos de Interior, hayan podido sobrevivir al siniestro.
Desde luego, no estamos acusando a nadie en particular y sí a todo el poder, porque es inconcebible que una situación como la que denunciamos hubiese ocurrido y todavía no hay un informe oficial creíble que rinda cuentas y diga que fue lo que pasó o que originó la conflagración.
Mientras tanto más de 500 personas han tenido que suspender sus labores en Interior y porque no tienen nada que hacer y cuando se supone que ya debió buscárseles nuevos destinos de trabajo y en lo que se vuelve a crear la estructura tecnológica que haga que el centro de data y datos esté en vías de operar.
Como dominicanos y esto hay que decirlo, nos provoca vergüenza ajena lo que pasó y por la misma razón, planteamos, que por el fuego en su sede, Interior y Policía ha perdido toda la data, sus servidores y todo el sistema informático. ¿Resultado? Hay que dar una amnistía para ver que se recupera con nueva base de datos. (DAG) 20.09.2023
