La Defensa Pública representa a 2,068 privados de libertad que se les impuso prisión preventiva de tres meses a un año, de los cuales a 1,700 se les cumplió el período fijado por el Tribunal de Atención Permanente y todavía siguen en reclusión sin condena.
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, precisó que esos 1,700 privados de libertad han superado el tiempo de la prisión preventiva con hasta un año.
Deploró, además, que cuando se dispone el cese de la prisión preventiva, hay tribunales que la sustituyen con fianzas, pero fijan montos de difícil cumplimiento para los imputados, por ser de escasos recursos económicos.
Precisó que la Defensa Pública, órgano establecido para brindar la asistencia legal gratuita a los imputados de escasos recursos, lleva del 80 al 87 por ciento de los casos penales del país en la jurisdicción penal adulta, y el 97 por ciento de los casos de adolescentes en conflicto con la ley.
Durante su participación en el Desayuno de este medio, Valentín puntualizó que defienden a 1,779 extranjeros, la mayoría de nacionalidad haitiana, colombiana y venezolana.
Aplicación del Código
Valentín sostuvo que el problema con la frecuente imposición de prisión preventiva como medida de coerción está en que los funcionarios del sistema de justicia no están poniendo en práctica las garantías que establece el Código Procesal Penal. Sugiere aplicar las disposiciones del Código Procesal Penal, pues entiende que “la fiebre no está en la sábana”.
“Todo está escrito, todo lo tenemos en el Código Procesal Penal”, aseguró Valentín.
Señaló que la función del Ministerio Público es buscar la armonía en los conflictos, pero percibe que busca esa armonía dejando al juez que resuelva su petición de prisión preventiva, lo cual considera una actitud irresponsable.
“Tenemos leyes que indican lo que debemos hacer y no lo hacemos, por eso tenemos tantos casos con exceso de prisión preventiva”, añadió.
Estancamiento
El director de la Defensa Pública afirmó que ha habido un retroceso en la aplicación práctica del Código Procesal Penal.
Sostuvo que cuando se aprobó esa norma legal, hace casi 20 años, se pensaba que iba a hacer muy garantista, pero consideró que ha pasado todo lo contrario.
“Nos hemos estancado en el tiempo. Cómo es posible que los casos de bagatelas lleguen al sistema judicial”, señaló.
Indicó son los actores del sistema de justicia que deben ser reformados, no el Código, tras deplorar que no se respeta esa norma, ni la Constitución.
Sostuvo que no se le hace caso al principio de legalidad establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Dijo que se emplean poco las medidas alternas de solución de conflictos.
Oficina de servicios
De su lado, Pedro Balbuena, exjuez presidente de la corte de apelación de Puerto Plata, considera que se deben desarrollar nuevas prácticas para el manejo de las medidas de coerción.
Al mismo tiempo, planteó se deben mejorar la calidad y cantidad de la información que contiene la instancia de solicitud de medida de coerción, tras cuestionar que una instancia contenga más de 2,000 páginas.
Sugirió la creación de una oficina de servicios previo al juicio, que se encargue de realizar un estudio sociológico de las condiciones del imputado y presente un diagnóstico al tribunal.
Delaciones
En cuanto a las delaciones premiadas que han hecho algunos imputados, especialmente en casos de corrupción administrativa, Balbuena considera se debe crear un sistema transparente para el funcionamiento y los acuerdos que hacen los implicados con el Ministerio Público.
Sostuvo que las delaciones premiadas impactan en la medida de coerción que impondrá el tribunal. “No es que no sirvan las delaciones, es que si no se establecen reglas transparentes se puede revertir”, dijo.
Mientras Valentín refirió que al Ministerio Público le asiste esa facultad de llamar a un imputado como testigo cuando entiende que le sirve mejor a su propósito. Pero advierte sobre el riesgo de que con las delaciones se relaje la figura del anticipo de la prueba. [OJO-Listín Diario-wm]
