Hay que esperar, que los cientos de familias a las que el Estado delincuente les adeuda millones de pesos por la expropiación abusiva de sus propiedades, no sean afectadas en los trámites administrativos que llevan por las vías legales e institucionales y porque ahora, una mafia política del pasado gobierno y abusando del estado de necesidad de unas veinte y tantas familias, cuyos bienes fueron expropiados y no pagados a tiempo de acuerdo a la ley de expropiaciones, hubiesen pagado de una forma irregular y por vía de constreñimiento, esas deudas que por lo que se ha dicho fueron un mínimo porcentaje, en tanto el resto y repetimos, por el estado de necesidad esas familias, se hubiesen visto obligadas a ceder la mayoría de sus recursos y abusando por las circunstancias de su libre albedrío.
En este sentido, el gobierno no puede ni debe quitarles los dineros ya pagados a esas familias perjudicadas por el Estado delincuente y solo sí, ocuparse de los miles de millones de pesos que han sido sustraídos, en primer lugar, a las familias perjudicadas y luego al Estado y que ahora están tipificados por la operación Calamar.
También hay que advertir a los periodistas y compinches en las redes sociales, esos que están diciendo barbaridades sobre este particular y lo que nos hace pensar, que ahora y con este escándalo, el Estado delincuente y vía la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pretende afectar los derechos adquiridos de los propietarios originales de los bienes irregularmente expropiados y para que en el ministerio de Hacienda no se les pague los dineros que legítimamente les pertenecen.
Así es que hay que tener presente los siguientes hechos. 1.Propiedades expropiadas y no pagadas de acuerdo con la ley. 2. Propietarios robados por el Estado delincuente a quienes una mafia de gobierno pasado les condicionó sus deudas a que entregaran un porcentaje abusivo de los dineros a pagar y 3-Que, en la persecución contra aquellos delincuentes, la PEPCA cometa un delito mayor propiciando que el Estado delincuente les robe dos veces a los propietarios de las tierras expropiadas y quienes no pueden ni deben ser sancionados al actuar impulsados por su estado de necesidad y su libre albedrío. El presidente Luis Abinader debe atender esta observación. (DAG-OJO)
