Diferentes grupos están empleándose a fondo en una campaña contra "la privatización del agua". Como si eso fuera una posibilidad o un proyecto en marcha.
El Pacto por el Agua, firmado en el contexto de un Gabinete del Agua que concitó a todas las instituciones involucradas y grupos de interés expresa claramente que el compromiso es "Asumir el agua como un bien de dominio público y como un patrimonio estratégico de la República Dominicana, indispensable para la vida de las personas, los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la Nación, y su disposición y uso sostenible solo serán aquellos originados por los criterios de respeto y protección del medio ambiente, apoyado por la normativa ambiental, y además por la racionalidad de su empleo."
No hay que estar sufriendo una sequía severa para entender que el agua, su escasez más propiamente, es el detonante de muchas tragedias. Pero algo hay que hacer porque en el país hay una cultura de desperdicio del agua evidente y despreocupada.
Volvemos al Pacto: "La República Dominicana ocupa el lugar 73.° del listado de los 150 países con mayor estrés hídrico del mundo, y en la medida en que crece la población se genera una necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas de los recursos hídricos para que la población tenga suficiente agua disponible para satisfacer sus necesidades."
No es posible "privatizar el agua". Puede regularse su uso, privatizar la gestión de cobro, organizar el derecho de uso, racionarse en momentos críticos, reorganizar la distribución, cobrársela a los arroceros, tratarla… Los especialistas saben mucho de eso. Pero ni hay un legislador que se atreva a proponer legislar sobre la privatización del agua ni gobierno que piense que eso es una posibilidad. Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
