Está probado, que el noventa por ciento de lo que se difunde por las infames redes sociales, en la mayoría de los casos tiene una carga de emotividad producto de ese ejercicio anárquico y nada correcto de determinados lupanares mediáticos erigidos como arma de reglamento de ese absurdo suicidio colectivo, que de pronto, sectores radicales de la política y las fuerzas vivas, entienden que de ese modo pueden hacerse sentir.
Si seguimos el razonamiento y para buscarle una explicación a las soflamas y ataques de orden personal y político que en los mass media tradicionales o en internet se emiten y al grado, de que periodistas que muchos entendíamos de comportamiento profesional o racional, han sido convertidos y por una interpretación enfermiza del discurrir político desde el punto de vista sectario, en adversarios sorpresivos del mismo ejercicio de la libre opinión y disidencia bien entendidos.
Para colmos, quienes dirigen el aparato de propaganda oficial, en sus reacciones, tampoco han mostrado corrección ni sentido común y por lo que hemos estado observando, son los mismos que el gobierno paga, quienes a nuestro modo de ver han convertido el debate público, en el nicho por donde la guerra sucia de las peores expresiones ha tomado posesión y dominio y llevando la lucha política a un nivel tan bajo de grosería y descalificaciones, que ni el mismo reducto mediático digital en el que se enseñorea el lupanar alofoke y dizque como apoyo “del gobierno y la sociedad” no ha caído en semejantes dislates.
Aun viendo este desbarajuste y degradación moral de la palabra emitida con ánimo de dañar, todavía tenemos el cuido de entender, que todas esas personas y también y como cualquier otro dominicano, tienen derecho a emitir su libre expresión y no obstante que la mayoría degrada el debate y ahonda las diferencias entre todos.
En cierto modo y si miramos el asunto desde el punto de vista del Estado y de su expresión principal, el Poder Ejecutivo, que por obligación haya que ponerse en sus zapatos y tratar, aunque fuese por un momento, de pensar si el presidente Luis Abinader ha dado ese paso arriesgado de patrocinar una ley 1-24 y contando con el auxilio del Congreso Nacional y por medio de lo evidente, de que todos los partidos allí representados, tienen en el tema una cuota de responsabilidad compartida que ninguno puede ni debe soslayar, pues todos ellos y de hecho, la aprobaron por medio de sus legisladores.
Desde luego, el político criollo, cuando se trata de cargar pesado en materia de responsabilidad propia, siempre se las arregla o apaña y mucho más, si está en la oposición, por hacer caer la “demostración y responsabilidad de la prueba” en el partido en el gobierno, esto es, el PRM y de ahí que con la promulgación de la referida ley, que es tremendamente totalitaria y coercitiva en grado extremo de los mismos derechos de los ciudadanos, hasta ahora solo se vea la punta de la montaña y no todo su interior.
Por ejemplo ¿y si esta ley 1-24 es producto de un consenso secreto entre los jefes de los partidos principales y los tres expresidentes y junto al presidente de la República y teniendo de apuntalamiento a la totalidad del poder económico y financiero y su derivado del sector mediático?, ¿quién quita entonces, que esa sea la razón de que por lo menos hoy, los expresidentes Danilo, Leonel e Hipólito o el candidato presidencial del alcalde Santiago, Abel, ninguno ha dicho esta boca es mía (salvo Abinader que dijo ayer que las reacciones se trataban de una gran confusión o recién Abel, diciendo que "envuelve intereses oscuros" y lo que quiere decir que no tiene idea del porqué de la misma) sobre un tema, que al desnudo refleja el mayor atentado en tiempos de un gobierno civil contra el estado de derecho?
O ¿no puede presumirse, que la autoridad política en su conjunto se está preparando para enfrentar un periodo especial de alarma geopolítica directa para los intereses de nuestra nación y que es lo que motiva una ley, que nadie con racionalidad y decencia no haya mostrado oposición a la misma?
Entonces, cuando se formulan estas interrogantes, creemos que habría considerar esta probabilidad y no partir de ligero y por la simple razón, que hasta donde sabemos, el mismo Abinader e igual, Danilo, Leonel e Hipólito, ninguno está loco como para consentir en un estatuto semejante y tan cuestionador de los derechos ciudadanos, si no fuera porque hay una situación de inseguridad nacional que la mayoría no vemos, pero el poder político sí y ante lo cual, la partidocracia ha preferido el riesgo y blindarse desusadamente y como la única forma de enfrentar lo peor. Al fin y al cabo, la policía que tenemos y muchos guardias, son todo un grupo de delincuentes de uniforme y psicópatas de marca mayor y por lo que la misma ley 1-24 también se les puede aplicar, si recordamos que también son ciudadanos dominicanos.
Naturalmente, nuestro análisis político de Estado de ayer, para nada este análisis político de Estado de hoy le quita calidad, pues cuando se da la situación extrema de razón de patria, como ciudadanos, los dominicanos estamos en la imperiosa obligación de protegerla.
Ahora bien, si no hay nada de lo anterior y Abinader ha querido prepararse para tiempos políticos peores y por la eventualidad de que su reelección constitucional la entiende perdida, entonces, el nuevo instrumento legal es un exceso que tarde o temprano la nación le exigirá retirarlo. El gobierno, ayer mismo dijo que hará lo que el Tribunal Constitucional dicte al respecto.
De todas maneras y por el alboroto que se ha armado, lo prudente debería de ser, que la ley 1-24 se quedará ahí, archivada o que el Senado y en recurso extremo, demandara del Poder Ejecutivo su devolución y para fines de un proceso revisor, que haga factible, que ciertos aspectos de esta no choquen con otras leyes o con la misma Constitución de la República.
Mientras tanto, habrá que esperar su próxima comparecencia -del presidente- en su rueda de prensa del lunes que viene y para que en la misma y de viva voz, el primer mandatario, dilucide las interrogantes que se han presentado o que simplemente, anuncie pura y categóricamente su derogación o advertencia de Estado, del porqué la misma se gestó y si tiene que ver con un gran acuerdo secreto entre jefes políticos expresidentes y el presidente en ejercicio y que de ser esta la situación, todos ellos deberían de acompañar al primer mandatario y por lo tanto, enfrentar el juicio categórico de sus conciudadanos y lo que vendría siendo una gran lección de Estado y en tiempos que el poder político asume que la nación podría estar en un serio riesgo como Estado libre y soberano. Recuérdese que la intervención policial internacional en Haití está a la vuelta de la esquina.
Por ello y por derivación y otorgando el beneficio de la duda y porque en política de Estado nada debe quedar al azar, preguntamos: ¿Quiere Abinader erigirse realmente en dictador o en cambio, entra en una estrategia especial para enfrentar la desinformación producto del radicalismo y el odio más encendidos? Con Dios. (DAG) 20.01.2024
