Viendo y conociendo las escaramuzas que todos los partidos están realizando, nos referimos a los principales de la partidocracia y en su nocivo afán, no solo de llegar al Congreso Nacional y apoderarse de las dos mayorías parlamentarias, sino de imponerse en base a sus miembros como característica de la dictadura legislativa que controla al Congreso Nacional en su expresión “innovadora” desde el 2020, al haber “evolucionado” de los tradicionales controles constitucionales, se entiende, que es hora de modificar la estructura de control y dominio partidario de nuestras cámaras legislativas y si realmente se quiere tener un estado social de derecho.
Esas estructuras y nos referimos a las mayorías actuales conformadas por el PRM, el PLD y la FP, en esencia, no responden a los dictados de la Constitución de la República y mucho menos a la atrapada opinión ciudadana, sino que en la práctica, son nichos desde los cuales, esos partidos y desde que uno de ellos también ocupa el Poder Ejecutivo, se erigen en la especie de poder absoluto cuasi legal que convierte al ciudadano que sea presidente de la República en un emperador cesáreo a lo absoluto y lo que definitivamente, es una situación totalmente inconstitucional que debe y tiene que ser erradicada.
Obsérvese, como el partido que está en el gobierno, hace de su mayoría parlamentaria un mecanismo de imposición y control absoluto del Poder Legislativo y al extremo y como ocurre ahora con el PRM, que los presidentes de ambas cámaras son amanuenses del Poder Ejecutivo o cómo sucedía ayer con el PLD y la FP y reeditado por el PRM, de la grosera imposición de draconianos contratos de gubernamentales que dejan poco a la imaginación con relación a la pérdida de la propia soberanía del Estado.
En cierto modo y también esto hay que decirlo, ninguno de esos legisladores y en las diferentes legislaturas que han actuado, necesariamente no han violado ley o estatuto alguno y por la simple razón de que todo se ha ajustado y sin duda, en interpretaciones acomodaticias respecto a lo que manda y ordena la misma Carta Magna y alentado todo este ejercicio de autoridad colectiva arbitraria e ilegal, en base a la dictadura partidocrática que nos rige y que facilita, que cada cuatro años, quien sea presidente de la República se convierta en un emperador cesáreo que hace lo que su voluntad le dicte con el poder.
Y por lo que ahora estamos viendo con el contrato en discusión sobre Aerodom, uno, que su tiempo de vigencia trasciende atrevidamente los cuatro años del mandato del presidente Luis Abinader que termina el 16 de agosto de 2024, es una situación tan arrebatadora, que hace ver lo inútil del debate parlamentario y la terrible falta de atención y respeto que la partidocracia no le tiene a la atrapada opinión pública ciudadana.
A nuestro modo de ver, esta fuerte perversión interpretativa del estatuto constitucional está llevando a la democracia autoritaria que los dominicanos tenemos hacia un verdadero callejón sin salida. Toda vez que, y como se comprueba tantas veces, el Poder Judicial no es para nada independiente a los otros dos poderes del Estado, legislativo y ejecutivo y cuya manifestación más grosera se tiene en ese todopoderoso ministerio público que controla la Procuraduría General de la República y que se ha erigido en una especie de tiranía en la sombra al servicio del poder presidencial y la que para nada da espacio para que se entienda que el Poder Judicial sea realmente independiente.
Lo otro, es la existencia del poder coercitivo a constitucional del llamado Tribunal Constitucional, que funcionando en base a un entramado seudo legal de decretos–leyes hijos de los gobiernos de facto neotrujillistas de los años 1961-1965 en los que la familia Vicini tenía la voz mandante, han sido convertidos y aceptados como las peores plataformas anti jurídicas e inconstitucionales y convirtiéndose de hecho en la peor trampa para un enfermo “sistema democrático” que no solo carece de ser funcional, sino peor, que funciona como una extensión del sistema judicial que imperó en la dictadura y de ahí el terrible entrampamiento existente.
¿Por qué ha ocurrido esta perversidad?, porque la primera legislatura que hubo en el periodo 1966-1970 y siguientes y hasta hoy, no se abocó a una revisión de todos esos decretos-leyes que ocuparon el espacio de las cámaras legislativas tan pronto el 19 de noviembre de 1961 colapsó la Era de Trujillo (1930-1961) y en razón de tan grave irresponsabilidad cívica, ciudadana y constitucional, el Tribunal Constitucional se desenvuelve con una base inconstitucional que tan pronto el control partidocrático absoluto en el Congreso Nacional desaparezca, habría que erradicar.
Ante esta ominosa realidad, de que como nunca, tenemos una democracia autoritaria que ha dañado el ejercicio del poder democrático en esta nación, proponemos que ahora que vienen las nuevas elecciones de febrero y mayo de 2024, los nuevos legisladores se comprometan a crear los contrapesos necesarios para que nuestro sistema político sea realmente democrático y viable.
¿Cómo hacerlo?, que abierta la nueva legislatura, se reforme la Constitución de la República y en el sentido del establecimiento de senadores y diputados institucionales con la misma calidad y representación de los “elegidos electoralmente” y que provenientes a lo inmediato de los mejores representantes ciudadanos dentro de las fuerzas vivas nacionales, se conviertan en el contrapeso constitucional y frente a la partidocracia y la dirigencia política que tiranizan todas las funciones públicas y hacen inoperante la existencia de tres poderes del Estado, supuestamente “interdependientes” entre sí y hasta devenir en la presidencia imperial que ahora ostenta el presidente Luis Abinader.
Con esta creencia, apelamos a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina y principalmente al presidente en ejercicio Abinader, a que se comprometan públicamente a reformar la Constitución y solo en lo referente a la creación de los senadores y diputados institucionales que rompan con las mayorías parlamentarias institucionales y para crear los nuevos legisladores, no más de diez por cada cámara y con la finalidad de que sirvan de contrapeso e impidan que la partidocracia controle unas cámaras “legislativas” que no representan los intereses nacionales y sí los de sus partidos, sus jefes políticos y los del presidente de la República y teniendo estos legisladores institucionales, poder de veto frente a las decisiones controversiales de los demás legisladores y sus bufetes directivos.
Frente a esta medida que proponemos, estamos seguros de que habrá una verdadera política institucionalizada de contrapesos, que evitará la continua vigencia de esa partidocracia que se ha convertido en el peor cáncer institucional que se tiene y como hija de la corrupción a gran escala que todos los políticos actuales han ayudado a crear y con el apoyo abusivo de los grupos económicos y financieros y sus derivados mediáticos.
Si, al contrario, esta propuesta se desecha pura y simplemente, entonces a la ciudadanía le quedaría la opción del plebiscito o del referéndum y sin importar los obstáculos que los mismos legisladores le han puesto a ambas figuras jurídicas constitucionales y como las mejores vías para que la partidocracia respete los derechos y decisiones de los ciudadanos y estos ejerzan al completo su sagrado derecho a disentir y emitir su libre opinión.
Así y, en resumidas cuentas, proponemos una reingeniería legislativa de senadores y diputados institucionales que solo le respondan a la República y no a los gobiernos de la partidocracia. Ojalá se nos escuche. Con Dios. (DAG) 08.12.2023
