Hoy se cumple un mes del secuestro en Haití de los 17 misioneros (16 estadounidenses y un canadiense) incluidos cuatro niños y un bebé de 8 meses. Lamentablemente, no se tiene una perspectiva clara sobre su rescate o liberación, sino que más bien, parece que ellos están siendo perjudicados por la desidia con la que actores relevantes de la comunidad internacional han asumido el tema de la crisis de Haití.
Hace una semana fuimos estremecidos por unas declaraciones ofrecidas en Haití por el subsecretario de Estado de la Oficina Internacional de Lucha contra las Drogas y el Cumplimiento de la Ley (INL), el embajador Todd D. Robinson, en la que planteaba:
“Al final de cuentas, no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas, va a ser la Policía haitiana quienes van a ser responsables de la seguridad en el país”.
Curiosamente el mismo día de las declaraciones del subsecretario Robinson, la oficina de la ONU en Haití emitía un comunicado que, entre otras cosas, planteaba como la situación en el terreno desbordaba la capacidad de respuesta del Gobierno haitiano y de la representación local de las Naciones Unidas:
“El bloqueo actual del suministro de combustible en los puertos marítimos de Puerto Príncipe, la capital de Haití significa que los socios humanitarios, incluidas las Naciones Unidas, enfrentan enormes dificultades para continuar brindando asistencia a aproximadamente 700.000 personas en el país… Esto se suma a los problemas de acceso humanitario que debido a la situación de seguridad tiene múltiples consecuencias en la vida cotidiana de las personas, en el transporte, las comunicaciones, los servicios, en particular los de salud, las actividades económicas, etc., y es profundamente alarmante.”
Como se puede apreciar, lo paradójico del enfoque planteado por el subsecretario Robinson es que justamente el problema radica en que son las bandas armadas y no la policía ni el gobierno haitiano quienes tienen el control efectivo del territorio. Lo que se entiende es que estas pandillas han desplazado al Gobierno haitiano que se muestra impotente frente a estos grupos armados. En consecuencia, se ha solicitado que desde la comunidad internacional se ayude a Haití mediante una misión de mantenimiento de la paz para recuperar el orden y seguridad.
La asunción fáctica del poder de las bandas armadas en Haití, se hace evidente de varias formas, por ejemplo: Cuando la ONU tiene que negociar con las pandillas para que circule la ayuda humanitaria; cuando para los negocios abrir tienen que pagarle un peaje a las pandillas; cuando la circulación de mercancías, alimentos, bienes y personas requiere del beneplácito de esta bandas; cuando la distribución de combustible depende de que el líder de la federación de bandas G-9 y aliados, Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’ conceda un plazo de gracia, como acaba de hacer, de una semana para el abastecimiento.
Una luz de esperanza parecía ser la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que según el comunicado oficial (C-099/21), se aprobaron: “..sendas resoluciones sobre la situación en Nicaragua y Haití..” Sin embargo, no se ha logrado conocer el alcance de dicha resolución y a juzgar por las declaraciones de nuestros diplomáticos el documento no parece haber respondido a las expectativas.
El reto dominicano
Frente a la inacción de los actores relevantes de la comunidad internacional nuestro país tiene el desafío de adoptar medidas internas que ayuden a garantizar nuestros intereses nacionales, integridad territorial y soberanía. Afortunadamente, el presidente Abinader ha promovido una serie de medidas que han sido respaldadas desde la oposición política y otros sectores nacionales.
Sin embargo, hasta que no se logre estabilizar Haití ninguna medida interna dominicana ofrecerá garantías suficientes por lo que resulta imperativo movilizar a actores claves de la comunidad internacional para que mediante una fuerza de mantenimiento de la paz ayuden a recuperar el orden y seguridad. Además, se necesita lograr cooperación internacional para atender la crisis social y humanitaria que afecta a la mayoría de los haitianos.
Nuestra diplomacia, con agilidad, debe hacer contactos y sensibilizar a los actores influyentes en Estados Unidos, Francia, Canadá, Unión Europea y las Naciones Unidas sobre los riesgos que tiene la crisis haitiana para la seguridad del hemisferio y acerca de la necesidad de que acudan en ayuda de Haití.
Esta tarea requiere sumar a los sectores de la vida nacional que posean relaciones internacionales relevantes. Por ejemplo, los inversionistas principales de las potencias anteriormente referidas, que tienen intereses aquí e influencia en sus respectivos países.
Un ejemplo, de cómo desde, incluso, la oposición política se pueda ayudar, es el caso del expresidente Leonel Fernández que ha efectuado varios encuentros en Europa y en Estados Unidos para contribuir a sensibilizar sobre la crisis haitiana. Por: Nathanael Concepción [El Caribe]