Porque la llamada Sociedad de Diarios, sus directivos tengan intereses en ser lo menos perjudicados en la aplicación de la Ley 1-24, cuando lo que deberían exigir era la derogación pura y simple de ley tan draconiana y de espíritu totalitario, lo que nos dice, es que el gobierno quiere favorecer a una minoría de intereses en perjuicio de la mayoría ciudadana y lo que es absolutamente inaceptable.
Mucho menos, cuando los directivos de esa entidad carecen de la autoridad moral que debería suponérseles y para discutir un asunto que tiene que ver con la garantía general de que el Estado no aprovechará el nuevo estatuto para imponer una visión autoritaria y estrecha del ejercicio de leyes, hechos, derechos, responsabilidades y obligaciones del conjunto de los ciudadanos.
Si se busca el registro de cada uno de los directivos de la SDD, se podrá comprobar que la mayoría son periodistas farsantes de opinión, quienes nunca han favorecido las libertades públicas, salvo desde el estrecho prisma de sus intereses y peor, porque todos practican la autocensura en los medios que dirigen y siendo los verdaderos responsables, de que, si los gobiernos fallan en materia institucional, se debe a la alcahuetería y complicidad de los medios que estos señores dirigen.
Esa reunión debió de darse en el Congreso Nacional y bajo la tutela de la Constitución de la República y no en el DNI bajo el patrocinio del presidente de la Nación.
Esta diferencia es fundamental y para entender, que el gobierno, lo que quiere, es un acuerdo secreto y ni siquiera uno, por medio del cual, se exigiese, que hasta tanto el periodismo mercancía no cese sus prácticas unilaterales de imponer limitaciones al ejercicio periodístico y su afectación del estado de derecho y como ocurría en las décadas de los años sesenta a ochenta cuando la Guerra Fría, que en ocasiones puso en peligro la seguridad nacional y como grupo de presión, no se le puede aceptar que en una reunión de aposento, llegue a acuerdos y pacte por todos los ciudadanos. (DAG-OJO)
