En un reportaje reciente se cuenta la experiencia de una periodista que acompañó a su esposo a una intervención quirúrgica, en una clínica privada de la capital. Narra que lo primero que leyó en el consultorio fue un letrero que decía “Los honorarios se pagan en efectivo”. Confiesa, con toda candidez: “Yo no sabía que era así. Tuve que buscar 13,000 pesos corriendo para pagarles a los que estaban en la cirugía (anestesiólogo y ayudantes) y 10,000 pesos de la factura de la clínica por las 24 horas durante las que estuvo ingresado”.
Todo eso a pesar de estar provisto de seguro médico. En su indagatoria sobre el caso la periodista entrevistó al anestesiólogo y pasado presidente del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas, Dr. Santos Ramírez, para quien “el problema radica en que el catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS) debía actualizarse cada año y esto no se hace.
Mantener y congelar el Plan Básico de Salud les ha permitido a las ARS, a espaldas del pueblo, de los médicos y del Consejo Nacional de la Seguridad Social en sus años de creación, que creen los planes complementarios… y eso ha hecho que todos los años las ARS tengan ganancias por encima de lo que podían”. (Yamer Javier. El Día. 13.04.2022.).
Realmente es ingenuo creer que el grave problema de la seguridad social en el país radica en la falta de actualización del catálogo de los servicios de salud autorizados por las ARS. 13.
Sin mayor esfuerzo podrían llenarse muchas páginas con historias que como ésta a diario se suceden y que dan cuenta de los padecimientos y angustia que vive la ciudadanía por la negación de sus derechos por el sistema de seguridad social instaurado por la ley 87-01. Es por eso por lo que modificar sustancialmente esta ley es en este momento la reforma de mayor trascendencia de la agenda social pendiente.
La buena noticia es que, el pasado jueves 17 de marzo, 23 diputados depositaron en la secretaría de la Cámara de la Baja un proyecto de ley para la transformación de la ley 87-01
Es importante destacar que este proyecto de ley Por Una Seguridad Social Digna no es un invento sacado del sombrero de un mago, sino que los diputados hicieron suyas las propuestas elaboradas por la Coalición por la Seguridad Social Digna, que agrupa a una diversidad de sectores y organizaciones sociales.
La Coalición, durante varios meses, en un proceso participativo que incluyó la movilización activa de un conjunto de organizaciones sociales y ciudadanas, así como los aportes de expertos en la materia, terminó consolidando un proyecto integral de modificación de la ley que, además, recoge toda la experiencia acumulada en los 20 años de vigencia de la ley 87-01, así como referencias de otros países con regímenes similares de seguridad social.
En la discusión sobre la reforma de la ley de seguridad social hay que hablar por tanto de un antes y un después del depósito en el congreso del proyecto de ley por una seguridad social digna. Se puede afirmar que con este proyecto de ley los trabajadores y la ciudadanía tienen en sus manos una bandera concreta, viable, coherente, para iniciar el proceso que más temprano que tarde deberá dar lugar a la derogación del actual sistema de seguridad social para dar paso a una seguridad social digna en el país.
El punto esencial de diferenciación del proyecto de ley por una seguridad social digna con el régimen de seguridad social vigente instaurado por la ley 87-01 radica en que aquél propugna por que el Estado asuma su papel de garantizar el derecho a la salud y a la seguridad social y, por tanto, se elimine que estos derechos se brinden por la intermediación de las empresas administradoras de fondos de pensiones (AFP) y de riesgos de salud (ARS).
La ley 87-01 instauró un sistema de seguridad social privatizado sometido a la lógica del mercado y por tanto más en función del lucro de los dueños de las administradoras que de garantizar los derechos a la salud y la seguridad social de los trabajadores y de la ciudadanía.
Puede afirmarse incluso que el régimen de seguridad social vigente no se sostiene frente a la disposición de la Constitución que en su artículo 60 consagra el derecho a la seguridad social, al disponer que “toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez”.
En manos de las administradoras, la salud y las pensiones dejan de ser un derecho de la ciudadanía para convertirse en una mercancía y por tanto accesibles a quien puede pagar por ellas. Por eso es consustancial a este modelo privado de seguridad social que haya un restringido plan básico de salud o catálogo de prestaciones, que deja fuera las enfermedades “costosas”, y restringe el acceso a procedimientos médicos, pruebas de laboratorio y límites a la cobertura de medicinas, discapacidades, atención psicológica y mental. También la existencia del copago a médicos. Igual sucede con las pensiones estimándose que solo el 20% de los trabajadores tendrá una pensión, la que apenas representará el 30% de su salario.
El proyecto de ley por una seguridad social digna, por su parte, pone en manos del Estado Dominicano la responsabilidad de proveer un Seguro Nacional de Salud que garantice a toda la ciudadanía cobertura universal e integral de servicios salud respecto de enfermedades provenientes de afectación física, psicológica, mental, accidentes, enfermedades laborales, atención al embarazo, parto y puerperio, incluyendo medicamentos, intervenciones, procedimientos, pruebas de laboratorio. También un sistema previsional que garantice pensiones dignas, justas y oportunas, incluyendo los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores agrícolas, los pequeños y medianos productores agrícolas, además del seguro de desempleo.
No hay pues, un término medio, ni fórmulas mixtas entre el sistema instaurado por la ley 87-01, —concebido como negocio privado, para beneficio de las administradoras de salud y de pensiones— y el sistema que impulsa el proyecto de ley Por Una Seguridad Social Digna firmado por los todos los diputados proponentes, y que le asigna un carácter público a la seguridad social al poner bajo la responsabilidad del Estado su garantía como un derecho fundamental para toda la ciudadanía. Por: Guillermo Moreno [Diario Libre]
