Uno de los logros en el gobierno anterior y que se entendía era uno de los más destacados, tiene que ver con la construcción a gran escala de la nueva cárcel, Las Parras, en la que y a parte del dinero de los contribuyentes, concurrieron más de 200 profesionales de la ingeniería y miles de obreros y la mayoría inmigrantes haitianos y dado que el dominicano se niega a realizar esas labores.
Sin embargo, para sorpresa de la nación y tan pronto las nuevas autoridades para el periodo 2020-2024 llegaron al poder y en particular las de la procuraduría general de la República, a la ciudadanía se le dijo que todo aquello era un desastre, un gran engaño, un robo a gran escala y que su responsable principal lo era el anterior procurador general, a quien días luego el ministerio público le dio casa por cárcel y gracias a los mismos medios y periodistas que anteriormente alababan al funcionario, quienes por cerca de 18 meses se prestaron para difamarle e injuriarle en lo personal a un nivel como antes nunca se había visto.
La ferocidad del ataque político, mediático y gubernativo y que con el correr de los días, dejó en claro que se producía y atribuyéndosele fundamentalmente a la nueva incumbente de la PGR y que se originaba en lo que se entendió como un ajuste de cuentas entre la nueva funcionaria y el desplazado y por una enojosa como innecesaria controversia que el segundo protagonizara en perjuicio moral de la primera, cuando a la ahora PGR se le examinaba en su calidad de jueza de la Suprema Corte de Justicia para una función mayor y que evidenció un marcado interés enfermizo y poco decente del desplazado, por humillar a la magistrada en cuestión.
Ahora y debido a ese choque de resentimiento personal apenas dominado, los contribuyentes hemos perdido más de seis mil millones de pesos, el sistema carcelario ha sido dañado a peor y sin que por lo visto, nadie de las nuevas autoridades del ministerio público se le impute la responsabilidad directa sobre el terrible daño que a los dineros y bienes públicos la nueva administración de la PGR es indudable que ha ocasionado y indirectamente al Poder Ejecutivo que la había nombrado.
No se olvida y lo que los medios recogieron, que, en una ocasión, el actual coordinador de la Comisión por la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional, Roberto Santana, expresó que “el equipo técnico de la Procuraduría y el Gobierno eran los responsables de que la cárcel de Las Parras no esté funcionando”. Declaración que luego provocó una inquietante mudez en el aludido funcionario y que sin duda fue una admisión de culpabilidad que aquel funcionario no quiso que se desconociera.
Una sola pregunta, ¿quién se hará responsable de este desastre y quién del gobierno pagará los platos rotos que ahora se ocultan? (DAG-OJO)
