Si se tienen ocho millones y pico de electores registrados en la JCE y todos dominicanos y esta aspira a registrar un millón de supuestos dominicanos en el exterior, ¿cuál será la fórmula para garantizar que los que voten realmente sean nacionales…

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Cómo nunca antes, el concepto del elector legal y legítimo deberá primar en las elecciones generales pautadas para mayo de 2024 y mucho más, cuando como producto de los comicios del pasado 2020 y todo el sainete de interrupción de las elecciones y por un presidente de la JCE “temeroso” de que se diera un lio, más el accionar extremo y altamente emotivo del principal candidato presidencial y hoy presidente, quien debió de luchar a brazo partido para que la conjura que se había orquestado no le arrebatara la alternativa de un seguro triunfal electoral.

Fue sin duda, el escenario traumático que dio por resultado, unos registros electorales, que al mismo tiempo tuvieron la sospecha, de que el voto no legal ni legítimo de miles de votantes que se hicieron pasar como dominicanos, fue la base de aquellas controversiales estadísticas, que provocaron, aquel momento de que ni siquiera los que se suponían ganadores parecían estar seguros de su éxito electoral.

En la controversia que se generó y en la que participaron todos los sectores de las fuerzas vivas, más una militante opinión pública, que por un lado quería desembarazarse del gobierno saliente y por el otro, quería depositar su confianza en el joven presidente electo de 53 años, sin duda, que fue un factor importante el fuerte movimiento de manipulación mediática, que agentes políticos periodísticos realizaron desde la Plaza de la Bandera a favor de Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Ese hecho, facilitó las cosas y para que, llegado el día de la instalación del nuevo gobierno, el 16 de agosto, la República e incluidos los seguidores del régimen anterior, abriera sus brazos y acogiera al nuevo primer mandatario, el primero nacido después de la Era de Trujillo.

Desde entonces y con sus más y sus menos, el gobierno de Abinader y el PRM ha discurrido dos de sus cuatro años de mandato dentro de las naturales controversias que genera lo nuevo frente a una clase política vieja que desde el 1966 había asentado reales y como supuesto conglomerado de personas jóvenes “izquierdistas y progresistas”.

Para este lapso y entrando ya al tercer año de mandato e iniciándose los primeros pasos de lo que parece un clima electoral a destiempo, las pugnas de los agentes políticos de uno y otro lado del arcoíris electoral han empezado a mostrarse con el sesgo que da la desesperación de unos y la ansiedad de los otros, mientras en el fondo queda el sedimento de la vuelta a discutir sobre la legitimidad del voto a emitir y desde el aspecto de cuantos de los electores realmente son dominicanos y no extranjeros de origen dominicano.

Ciertamente que la controversia tiene su origen en ese 30 por ciento de abstención real que siempre se ha tenido y frente al hecho, de que como producto de los desaciertos del entonces presidente de la JCE, Julio César Castaños  Guzmán, al suspender inicialmente los comicios, provocó un aumento del 15 por ciento en el apartado de la abstención y que al final, finalizados aquellos comicios, arrojó un 45 por ciento de abstención que ahora pende como Espada de Damocles sobre los resultados finales de las futuras elecciones del 2024 y lo más importante, su legitimidad.

Y esto así, porque ahora hay un voto y para decirlo suavemente, de los supuestos estadounidenses de origen dominicano, los llamados “dominicanyorks”, quienes por lo que se ha visto tienen un inusitado interés en participar en los comicios y al extremo, de que el nuevo presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, quien sin demostrar que la burocracia electoral está lista y puede demostrar la legalidad y legitimidad de los supuestos dominicanos en el exterior que quieren votar, se apresura a ofrecer cierta expectativa y como es esa de una reciente declaración suya en cuanto a que él espera registrar más de “un millón de dominicanos en el exterior”.

Pues en un país, en el que desde mediados de la década de los años sesenta, la mayoría de sus inmigrantes a EEUU tienen como práctica “normal” el alquilar sus pasaportes o tarjetas de residencia y para no hablar de falsificar la documentación del seguro social, necesariamente que haya  que ser suspicaz y entender, si a los votantes que Jáquez Liranzo buscará en EEUU, no se les exigirá que demuestren fehacientemente que son dominicanos y para que puedan ir a las urnas o lo otro tan importante, que el clientelismo político desenfrenado que los partidos de la partidocracia suele realizar, pudiera ser la razón fundamental para que las elecciones criollas en EEUU, resulten en la mayoría de los casos, no transparentes y mucho menos limpias.

Realidad dura que nos obliga a llamar la atención y mucho más, cuando en este país hay registrados cerca de 400 mil estadounidenses de origen dominicano y que en las cinco últimas elecciones han emitido sus votos y tal como si legal y legítimamente fueran dominicanos, generando de hecho una crisis cierta en el ejercicio de la libertad de votar de parte de quienes realmente son dominicanos y que dentro del conjunto de los ocho millones y pico de electores registrados en la JCE, seguro y por los antecedentes anteriores, que no menos medio millón son estadounidenses de origen dominicano que no tienen capacidad para votar al ser extranjeros en este país, proceder con el deslegitiman la pureza de los comicios.

No así ocurre con el clandestino voto de los dominicanos de origen haitiano y clandestino para el sector mediático, que los discrimina y quienes mal calculados, pasan de 250 mil y los que es seguro que a los candidatos que les inclinen su apoyo les harían la diferencia a favor y lo más extraño, que respecto a estos votantes legales y legítimos, nadie procura lograr sus votos, como si la partidocracia busca los de estadounidenses de origen dominicano y que son absolutamente ilegales e ilegítimos y que conspiran contra la libertad de escogencia de los dominicanos.

Hablando sin tapujos, lo que estamos abogando, es que para estas elecciones venideras, los votantes y hablamos solo de dominicanos al completo y nos referimos a la mayoría que nunca ha cambiado de nacionalidad, estos deben sentirse garantizados  de que ningún extranjero les secuestre su voto y que la JCE realmente haya preparado unas elecciones realmente libres, limpias, transparentes y solo pensando en la libertad de escogencia de los electores dominicanos y en lo que desde ahora habrá que insistir y reiteradamente y con mayor énfasis en EEUU, donde el fraude a gran escala campea por sus fueron en las elecciones de “los dominicanos”.

De ahí que digamos, que, si se tienen ocho millones y pico de electores registrados en la JCE y todos dominicanos y esta aspira a registrar un millón de supuestos dominicanos en el exterior, ¿cuál será la fórmula para garantizar que los que voten realmente sean nacionales, mientras atrás queda, ese 45 por ciento de abstención de las elecciones del 2020? (DAG)