La diferencia fundamental entre uno y otro artículo es que el presidencialista tiene su poderes y funciones administrativas por encima de cualquier otro, en tanto en el sistema parlamentario, quien sea presidente y jefe de Estado y de Gobierno, depende de las decisiones del Poder Legislativo y el que con determinadas variables se le impone e igual al Poder Judicial, en el que también el Ejecutivo tiene preponderancia en lo relativo a independencia presupuestaria.
De ahí que nunca se podría decir, que por encima del presidente de la República está el gabinete de gobierno dirigiendo u expresando la última palabra en materia de decisiones de Estado, cuando el gabinete presidencial y como Consejo de Ministros, es simplemente coordinador de los asuntos generales del gobierno y para agilizar y despachar los asuntos de la administración pública en sentido general. En otras palabras, es un órgano de apoyo del jefe de Estado y de Gobierno y nada más.
Solo hay que leer el artículo 137 de la Constitución de la República en su sección primera y que trata del consejo de ministros, para entender su funcionamiento. Veamos: “Articulo 137. Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es el órgano de coordinación de los asuntos generales de Gobierno y tiene como finalidad organizar y agilizar el despacho de los aspectos de la Administración Pública en beneficio de los intereses generales de la Nación y al servicio de la ciudadanía. Estará integrado por el presidente de la República, quién lo presidirá, el Vicepresidente de la República y los ministros”.
Ni siquiera la Carta Magna establece un ministro coordinador principal o presidente del Consejo de Ministros como tal y dado que en su parte final el articulo 137 ordena expresamente quien lo presidirá, esto es, el presidente de la República, con lo que el sistema presidencialista queda más que especificado. Desde luego y por lógica, debe entenderse, que el presidente de la República designa y para fines burocráticos, un ministro coordinador y que como siempre ha ocurrido, descansa en el ministro de la Presidencia y solo como despacho tramitador de los expedientes.
Igual ocurre con todo lo relativo a la coordinación interna de cada ministerio, que según el artículo constitucional 134. Sobre los Ministerios de Estado y visto en el artículo segundo De los Ministerios, que “para el despacho de los asuntos de gobierno habrá los ministerios que sean creados por Ley. Cada ministerio estará a cargo de un ministro y contará con los viceministros que se consideren necesarios para el despacho de sus asuntos”.
Es decir, no existe ningún tipo de interpretación que pudiera indicar y como escribiera ayer en el matutino centenario capitaleño, el abogado y comentarista Angel Lockward, quien erróneamente expresó: “No hay dudas de que el Gobierno, el cual según el artículo 134 de la Constitución se ejerce a través de los ministros está boicoteando al Presidente Luis Abinader; el mejor ejemplo es la barcaza por instalarse en Azua”. El Consejo de Ministros, y de acuerdo con el artículo, 137 no ejerce el Gobierno Nacional y lo que nos apresuramos a replicar al señor mencionado y dentro de la cortesía más elemental.
Naturalmente, lo anterior no quiere decir, que en la práctica y más por asuntos de intereses económicos o políticos que por cualquier otro, que en algún momento, el Gobierno no se encontrara mediatizado u obligado a “socializar” determinadas prerrogativas, funciones o disposiciones y que dentro de una sociedad de parámetros democráticos y hasta donde se entienda, es más o menos un asunto de cuido de la gobernabilidad, aunque se reconozca, que nunca los intereses económicos o políticos coinciden con el ejercicio del Poder Ejecutivo y lo que nos lleva a nuestra dura realidad cotidiana, de que hasta ahora, pocos gobiernos han podido sustraerse a la fuerte influencia de la oligarquía, los intereses económicos o de la partidocracia al momento de la toma de ciertas decisiones.
Sin embargo, sí debe puntualizarse, de que en estos momentos y desde mucho antes de las elecciones del 2020, los poderes fácticos lograron y en base a cañonazos de papeletas y corrupción a gran escala, hacerse de presidentes que se condujeran lo más parecido a entender que debían manejarse como si tuvieran una horma en sus zapatos que no les dejara tener libre albedrío y como ahora hay serias sospechas y cada vez que determinados procesos eleccionarios y tanto nacionales como partidarios, provocan una feroz lucha de intereses y de unos con un afán perturbador de imponérsele a los otros y sin importarles los intereses permanentes de la nación.
Al menos, acaba de ocurrir este domingo con las programadas elecciones internas del opositor partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las que la aspirante que se entendía con mejor posibilidades y por su extraordinario curriculum de servicio público como pasada primera dama y vicepresidente de la Republica y en cinco periodos constitucionales, Margarita Cedeño y contra todo pronóstico, fue derrotada por un conjunto de fuerzas económicas y sociales y también políticas dentro de su partido y con el matiz de lucro personal, que se apandillaron a favor de un candidato extremadamente controversial en materia de moral pública y como lo es el exdiputado y presidente de diputados y actual alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, ausente a lo absoluto de algún programa de gobierno o de conocimiento explicito sobre como piensa y en el caso que pudiera mantener su nominación presidencial hasta llegar a las elecciones de mayo de 2024 y quien arrastra una singular inclinación hacia la frivolidad mundana más extrema y propia de un bailarín de cabaret y lo que decimos sin pretensión de insultarle, ya que como persona nos merece el mayor de los respetos.
Lamentablemente el sistema político dominicano está metido de lleno en una crisis estructural de funcionabilidad moralmente quebrada, que de tanto repetirse, está llevando a la República al nivel más bajo en debilidad de gobernanza y que de seguir, sin duda es un muy serio peligro a su continuidad y porque en definitiva, cada día es mayor la cantidad de ciudadanos, que entienden, que entre la oligarquía y la partidocracia, tanto el Gobierno como el mismo Estado les han sido secuestrados por aquellos que consideran que el votante es importante, solo en la medida que acepte sobornos y que a nuestro juicio, sería la antesala del descalabro institucional general que estamos viendo y el que sería mucho peor para la existencia de una verdadera continuidad democrática.
Y provocando, que observemos, que todavía hay ciudadanos y muchos profesionales, que no saben distinguir, que nuestro sistema político es presidencialista y no parlamentario y por eso confunden el artículo constitucional 137 con el 134. (DAG).
