Hasta ahora y por los informes que nos llegan, parecería que hay cierto interés de parte de sectores nada amigos del presidente Luis Abinader, por tratar de aprovechar la buena imagen de la magistrada Germán Brito y en el sentido, de pretender utilizarla y por su indudable prestigio moral, como punta de lanza que pudiera servirles de contrapeso a los aprestos reeleccionistas que ya se están presentando.
Con semejante pretensión, se quiere aprovechar que la funcionaria no tiene empacho en criticar el desenvolvimiento de sus propios subalternos y como lo hiciera ayer en el cierre de un congreso de asuntos atinentes al ministerio público y en donde les aconsejó que fueran reflexivos con ese tema de imponer la prisión preventiva por cualquier cosa, cuando en realidad, la mayoría de ellos entiende que todo sale del mismo despacho de la prestante funcionaria o que sus dos subprocuradores principales así lo hacen creer y sin que German Brito hasta ahora no pare en seco tales iniciativas.
Los sectores de la alta burguesía ligados a determinados miembros de la oligarquía, quienes por uno u otro motivo barajan darle frente a la reelección constitucional y por considerarla dañina a sus intereses, lo que quieren, es tomarle la palabra al presidente Luis Abinader y en el aspecto, de que como este se ufana en cuanto a que en la PGR existe un clima de independencia judicial absoluta, puedan utilizar lo que llaman “buena fe” de la magistrada y para que sea esta y en el caso de que los aprestos reeleccionistas provoquen cierta crispación que sería alimentada por los mass media de su propiedad dentro de los medios de la prensa mercancía amarillista y con ese propósito hasta ahora no del todo dimensionado.
Razonan, que el mejor instrumento para sus planes se encuentra en la PGR y precisamente para tratar de hacer ver que la reelección constitucional sería un despropósito de un PRM, que por lo que esos sectores entienden, “no es un partido que esté dispuesto a ceder el poder y de cara a las elecciones de mayo de 2024”.
Por un lado, fundamentan su pretensión, a nuestro juicio, volátil y extremadamente arriesgada, en que supuestamente, la subprocuradora Reynoso Gómez cuenta con la buena aceptación del presidente de la FP y que el subprocurador Camacho es visto como si fuera lo más parecido a favorecer determinados sectores financieros y empresariales, mientras que a la magistrada Germán Brito, la consideran tan apegada al papel moralista que la prensa le ha creado, que en un momento pudiera ser sorprendida con algún tipo de discurso disuasorio de carácter moralizante contra la reelección constitucional.
Nosotros, no creemos del todo lo que nuestras fuentes nos señalan, sea intrínsecamente cierto, aunque sí probable y si las circunstancias que los sectores que buscan que Abinader fracase, se materializaran. Nuestro interés, es solo uno, poner la situación en contexto y que cada uno juzgué por sí mismo.
De ahí que digamos, que a espaldas de la magistrada Miriam German Brito, titular de la PGR, quienes dicen que la apoyan desde determinados poderes fácticos y mediáticos, en realidad procuran utilizarla y a la primera oportunidad, como punta de lanza contra la reelección presidencial.
Su discurso de ayer, tan sinuoso y nada favorable a sus subalternos, por lo menos es un claro indicador, de que la magistrada quiere que la atrapada opinión pública la vea como a una especie de madre teresa de la justicia y solo favorable a los desfavorecidos y eso, sí que mete miedo.
Mientras y como escribíamos ayer en la sección el país político, vemos Peligro. Pues parecería, que el ministerio público central pretende desafiar el ejercicio de la libre opinión y la de prensa, haciendo creer que toda crítica significa una supuesta defensa anticipada de alguien que sea objeto de una investigación judicial criminal
Que de buenas a primeras, la titular de la procuraduría general de la República, la magistrada Miriam German, se despache en el discurso de apertura del cierre del Congreso Internacional de Análisis e Investigación Criminal realizado por el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP) a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) e iniciado esta mañana, un conjunto cada uno más controversial que el otro y con el escondido o avieso propósito de obligar medios, periodistas y analistas, a autocensurarse y para que estos no den paso a ningún tipo de declaración, información o análisis sobre cualquier tipo de investigación criminal que haya sido puesta en marcha.
Sin duda, es una muy peligrosa como inquietante actitud, no solo de no tolerar las críticas, sino de no aceptar que al ministerio público se le señalen situaciones que, investigadas por el mismo, ofrezcan la posibilidad de que se las entienda propias de una autoridad desbordada que quisiera afectar el estado de derecho y ni hablar sobre los derechos fundamentales de los investigados y procesados y lo que en muchos casos y en los dos últimos años siempre se ha visto.
En este sentido y como medio de comunicación y de información de masas digital, que entiende que actúa con responsabilidad y mesura, no podemos aceptar que la magistrada de referencia, trace tan inquietante línea de conducta o proceder y mucho menos, cuando absolutamente nadie, sector, persona, medio de comunicación o periodista tiene el monopolio de la verdad y la que en todo caso, al tratarse del poder judicial, siempre se le habrá de cuestionar y ser extremadamente escéptico frente a los juicios o consideraciones que emite.
De entrada, lo que también vemos, es que el ministerio público perecería que no quedó nada satisfecho con la decisión última de un juez, que ordenó casa por cárcel a imputados por aparentes delitos de corrupción contra el Estado y al constatar que el plazo concedido, los fiscales no lo supieron aprovechar y por eso de la decisión que tomara.
Ahora y con el pretexto de que en algunos medios y por la misma permisividad del ministerio público, de que cuando lo conviene, los incentiva, la magistrada German Brito arremete sibilinamente contra la prensa en sentido general y al decir: “Acusar es uno de los más grandes poderes que puede desplegarse desde el Estado. No se puede tomar a la ligera, como tampoco podemos ignorar que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser una especie de defensa anticipada”.
Pero German Brito no se quedó ahí, sino que, en su tan atípica soflama, puntualiza su requerimiento y al decir, que “de ahí que solo queda apelar a que la proactividad, la objetividad, la prudencia y el sentido de justicia presidan su accionar en beneficio de la comunidad” y refiriéndose a medios y periodistas. En otras palabras, advierte a sus subordinados a nivel nacional, que el Ministerio Público está expuesto “a presiones por campañas mediáticas de descrédito”.
Rotundamente, no estamos de acuerdo con su criterio, aunque como se vive en una sociedad que se entiende libre, se deben respetar sus palabras y pensamiento y al mismo hay que hacerle ver que no se comparten, no solo por atrevidas y falsas, sino por ese escondido afán de creerse, que quienes somos periodistas y medios de prensa realmente independientes a todos los poderes públicos como privados, se nos puede medir exactamente igual como los medios de esa prensa mercancía y amarilla que el mismo ministerio público gusta de servirse.
Manifestado nuestro criterio, pasamos de inmediato a reproducir el discurso integro pronunciado por la magistrada procuradora general de la República y que reproducimos del matutino centenario capitaleño:
“Me satisface enormemente compartir unas palabras con ustedes en ocasión de este Congreso Internacional de Análisis e Investigación Criminal, que sirve, a su vez, para dar clausura a la maestría del mismo nombre que han cursado. Es de gran importancia capacitarse para la función, pero más importante aún es llevar lo aprendido a la práctica teniendo como norte un sentido de justicia y razonabilidad.
“El tema que nos ocupa es fundamental para un actor del sistema de justicia como lo es el Ministerio Público. Implementar la política criminal del Estado de manera efectiva implica hacer un análisis permanente e inteligente de la criminalidad. Todos los organismos que colaboran con las investigaciones penales tienen que contar con las herramientas adecuadas que permitan identificar los elementos críticos que configuran la actividad criminal como fenómeno complejo y multicausal. De esta forma podemos establecer prioridades que den una respuesta más precisa y contundente al crimen.
“Quiero resaltar que la dirección funcional de la investigación, principio de raigambre constitucional que es concretizado en el artículo 10 de la ley orgánica 133-11, es solo realizable bajo un esquema de colaboración conjunta que favorezca dinámicas de trabajo eficaces que permitan la coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional o cualquiera otra institución ejecutiva, de seguridad o de gobierno, que cumpla tareas auxiliares de investigación con fines judiciales.
“Estamos de acuerdo con que, en el marco del proceso penal, existe un deber de respetar el principio de legalidad, demostrando transparencia y coherencia en la aplicación de las normas penales y de las directrices institucionales, motivando cada pretensión, con miras a eliminar el exceso de discrecionalidad. Sin embargo, una preocupación seria es el hecho de que se persigan todos y cada uno de los delitos, sin distinción alguna del bien afectado y el daño social.
“Uno de los principios fundamentales del derecho penal democrático es el principio de ultima ratio, el cual implica que la persecución debe ser de uso extraordinario. Tal como plantea el artículo 2 del Código Procesal Penal, si es posible solucionar un conflicto por otras vías, esa es la primera opción.
“No podemos caer en las tentaciones del populismo penal y perder la objetividad y proporcionalidad que deben guiar cada una de nuestras actuaciones. La pena, con todas sus consecuencias y su alto costo, tiene que reservarse para los casos de mayor gravedad, en donde sea imposible aplicar cualquier salida alterna.
“Una política criminal sensata se enfoca justamente en perseguir las conductas ilícitas más gravosas, es decir, aquellas que verdaderamente socavan los valores comunes y afectan los bienes jurídicos más preponderantes, como es el caso del crimen organizado, en todas sus manifestaciones, y la misma corrupción. Para ello, es indispensable contar con fiscales e investigadores capacitados, así como el acceso a herramientas criminalistas, equipos tecnológicos e información actualizada sobre los fenómenos criminales y su naturaleza.
“El ejercicio de la autocrítica es indispensable para el fortalecimiento de nuestras instituciones. A aquellos a quienes corresponde ejercer acciones que en el día a día restringen derechos fundamentales, como el bien preciado de la libertad, les exhorto a actuar con la mayor prudencia y objetividad posibles, siendo esto sobre todo un deber ético. No seamos partícipes de la constante amenaza del derecho penal del enemigo, de la deshumanización de ese “otro”, del convidado de piedra.
“Las amplias facultades que nos otorga la ley jamás pueden convertirse en un instrumento que violente los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Estos últimos son, justamente, de las mayores conquistas del constitucionalismo moderno. Todas las actuaciones del Ministerio Público han de ser razonables y deben ser ejercidas con objetividad para evitar que las víctimas y los imputados queden en un estado de indefensión. La obligación de motivar se impone a cada una de las solicitudes o dictámenes que puedan darse en el curso del proceso penal, recordando que todas nuestras actuaciones están sometidas al control jurisdiccional.
“Otro tipo de actuaciones que ocupa nuestra atención son las solicitudes de imposición de medidas de coerción. Estas medidas, en especial la prisión preventiva, constituyen una restricción a derechos fundamentales que requieren una debida ponderación de su necesidad, idoneidad y proporcionalidad, a fin de evitar el uso indiscriminado de medidas privativas de libertad; por lo que los actores deberíamos reflexionar antes de pedirla e imponerla, si realmente se trata de infractores e infracciones que lo ameriten.
El poder punitivo, por su vocación de excederse, encuentra unos límites claramente definidos en el Derecho que no pueden ser ignorados. Acusar es uno de los más grandes poderes que puede desplegarse desde el Estado. No se puede tomar a la ligera, como tampoco podemos ignorar que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser una especie de defensa anticipada. De ahí que solo queda apelar a que la proactividad, la objetividad, la prudencia y el sentido de justicia presidan su accionar en beneficio de la comunidad”. (DAG)
