De la reforma de la Ley de Seguridad Social habrá que hablar mucho y muy responsablemente. En la propuesta de la comisión bicameral que se ha presentado se habla de bajar la edad -de 60 a 55 años- para recibir la pensión pública. La pensión pública, se entiende, porque el sistema de previsión privado tiene otras condiciones.
Pero rebajar la edad de jubilación va en contra de todo lo que se está imponiendo en países desarrollados, que, muy al contrario, la están retrasando. Recordemos que las protestas más violentas de los últimos años en Francia, por ejemplo, han sido motivadas por esta razón.
Reformar la actual Ley para conseguir mejores pensiones es una necesidad. Pero antes habrá que entender si el mercado laboral también se reforma para hacerlo posible, si la informalidad deja de ser mayor que el empleo formal o si los sueldos mejoran.
No es tan sencillo como subir el monto y bajar la edad a golpe de ley. Eso es electoralmente muy sexy… pero poco más.
La seguridad social trajo unos beneficios a los que los ciudadanos nos hemos costumbrado muy pronto. Tener la seguridad de una pensión era una aspiración general y se entendió como una conquista y un avance social importante. Pasados los años y llegado el momento de que los primeros grupos empezaran a cobrarla, se vio que la realidad no era tan perfecta. Las pensiones son muy bajas, esa es la realidad, el negocio de las AFP muy bueno y el número de instituciones públicas que tienen su propio sistema son tantas que distorsionan el modelo que la ley proponía.
Buena iniciativa, en Salud, la de ampliar la cobertura para problemas de salud mental, obesidad (ya un problema de salud serio en el país) y las condiciones del espectro autista. Por: Inés Aizpún [Diario LIbre]
