23 años son los que la partidocracia tiene ejerciendo su poder omnímodo sobre la voluntad de la mayoría nacional, esa que increíblemente les ha cedido su derecho a pensar y decidir y prefiriendo ser súbditos antes que ciudadanos y lo que debe recordarse en un día como el de hoy en el que se conmemoran 179 años de creada la Constitución de la República y a la que intentos ha habido para modificarla y el último, el ya fracasado del presidente Luis Abinader.
Debido a tal circunstancia y por más de una generación, los electores criollos han caído en el error, de que al ceder sus derechos para que la partidocracia actúe por ellos, no se han dado cuenta de que han creado o patrocinado una especie de casta política, que en todos estos años se ha visto, han cedido sus derechos ciudadanos y para que esa casta, no solo que decida por ellos sino que se les imponga como grupo de poder político de fuerza que no da espacio para que las personas no piense con la corrección y prudencia necesarias que impidan que grupos de políticos, la mayoría desalmados, se eternicen en el poder.
Por esta razón, los partidos políticos -orgánicos o no- se han constituido en una especie de segmento social de presión que llega al extremo de suplantar la voluntad ciudadana, tal como si los políticos tuvieran una patente de corso para imponer sus decisiones a la generalidad de la República.
De ese modo han nacido los lideratos absorbentes o fuertes y de gran culto a la personalidad de esos dirigentes y quienes entendiendo que todos ellos hablan por los demás ciudadanos, de hecho, han hipotecado a la República a los designios y ambiciones de sus maquinarias políticas, que actuando como un rodillo y en base a una propaganda absorbente dirigida a anular los sentidos, al final imponen partidos y candidatos, lideres y seudos dirigentes y todos con el porfiado interés de perpetuarse al frente de la cosa pública y logrando en cierto modo que las personas dejen de ser ciudadanos para convertirse en súbditos de la peor casta política y criminal que ha tenido este país desde el año 1961.
Ahora y ya entrada una precampaña electoral en la que la parte común es la escogencias de supuestos candidatos, pero sometidos a la última palabra de la partidocracia y en base a ese artículo casi eterno en todos los partidos, de que por vía de su representante legal ante el tribunal electoral de primera instancia (JCE) aguardan el último día de registro de candidaturas, no solo para hacer cambios de último momento y sin el consentimiento de los supuestos candidatos registrados, sino que en una maniobra francamente gansteril, se toman la libertad de decidir quienes se quedan como candidatos y cuales otros deben ser anulados.
El resultado que se tiene es que arbitrariamente las dirigencias partidarias y sus presidentes, violan la ley electoral y les quitan a los dominicanos en capacidad electoral, el derecho a decidir por sí mismos como correligionarios y miembros de sus partidos, respecto a quienes quieren ellos que los representen.
Ahí empieza la primera afectación del derecho ciudadano de concurrir a las urnas, primero como correligionarios partidarios decidiendo quienes les representen como legisladores, alcaldes y regidores y después, lo más grave, de impedir que al momento de las elecciones de que se trate, nacionales o locales, los ciudadanos no puedan ejercer su derecho sacrosanto a elegir sus futuros representantes, o sea, a decidir por sí mismos y libremente, propósito en el que coparticipan abusivamente los medios de comunicación en la concentración de medios en pocas manos.
Justo por tan anómala situación y que la JCE se supone debería de impedir para que los ciudadanos electores manifiesten su voluntad, se cae en el verdadero cáncer que corroe la llamada democracia dominicana: La suplantación por parte de la partidocracia, de no menos el 55 por ciento de las candidaturas que habían sido registradas y como producto de elecciones internas o primarias.
Para las elecciones del año que viene, la partidocracia se ha inventado la selección de candidatos por encuestas, de suyo una aberración de ilegalidad inconstitucional profunda, que permite, que tanto tránsfuga y como prestanombre, afecte desde el principio la limpieza, pureza y legitimidad de los resultados electorales de que se trate.
En función de semejante anormalidad tan perversa y enormemente embaucadora, los partidos inscriben rápidamente y el último día de la fecha de registro ante la JCE, a una gran mayoría de prestanombres y con el consentimiento realmente increíble de las mismas autoridades electorales y que se supone, no debería de ocurrir en ninguna circunstancia.
Se ha llegado tan lejos, que seudos lideres de opinión, a viva voz proclaman que ellos tienen sus candidatos y que los impondrán en las direcciones de los partidos y públicamente advierten a los beneficiados, que, al ellos deberles las candidaturas, estarían obligados a actuar en función de lo que a ellos se les dicte y como se están dando casos en plataformas mediáticas muy a lo alofoke.
Desde luego, creemos que al plantear esta anormalidad inconstitucional, esperamos que quienes vayan a ser candidatos a todos los niveles en las elecciones de febrero y mayo de 2024, desde ahora deberán de estar vigilantes y comenzando por entender, que cuando los representantes legales de los partidos vayan y el último día del cierre de candidaturas, a la secretaría de la JCE a registrarlas, los interesados también deberá de estar allí y a lo inmediato exigir certificaciones que garanticen o especifiquen, que sus nombres están efectivamente registrados.
Y es que de alguna manera hay que impedir que la partidocracia continue saliéndose con la suya en esta materia de suplantación de candidaturas y para lo cual, la mayoría de los medios de comunicación y de información de masas, tanto los pertenecientes a la concentración de medios en pocas manos como a los demás independientes en internet y las redes sociales y en los de confección tradicional e incluyendo los electrónicos en la radio y la televisión. Todos y por el bien de que haya resultados transparentes y candidaturas legales y legitimas, deberemos tener la obligación de ser vigilantes y como nunca, para que nuestras elecciones sean de resultados no fraudulentos.
Sí, se entiende que la buena fe debe primar en todos los actores que participen en los procesos comiciales venideros, pero conociendo las mañas de políticos y partidos y su “devoción” por hacer trampas, que en esta ocasión y para febrero y mayo de 2024, la atrapada opinión pública y así como la sociedad civil y los mass media realmente independientes a todos los poderes públicos y privados, tendremos que aprender a ser vigilantes para que la partidocracia no nos escamotee los resultados electores y mucho más, cuando como ya se ha visto, existe la probabilidad de que el transfuguismo de marca mayor: Los prestanombres y ya al ataque contra la nación, más el 20 por ciento de reservas de las candidaturas para los partidos, quisieran lograr sus malsanos objetivos contra la nación.(DAG) 06.11.2023
