Desde ese punto de vista contrastante y desde luego, haciendo la reserva de que el extranjero o estadounidense que viole la ley en otro país determinado y como parte del derecho internacional, queda sujeto a las leyes propias de cada país y lo que no se discute.
Hay que partir del hecho, respecto a que el nuevo gobierno estadounidense del presidente Donald Trump, es más que evidente que tiene una deriva absolutista y anti extranjera y la que se nota, en el aspecto, de que para ese gobierno, todo extranjero, legal o ilegal, las autoridades estadounidenses le entienden un potencial delincuente y de ahí las redadas o requisas arbitrarias que todos los días y calle por calle en las principales ciudades, las autoridades migratorias realizan contra toda aquella persona que entiendan un extranjero sospechoso de violar la ley de migración.
Esto quiere decir y de acuerdo con las últimas reglamentaciones. Que en EEUU, la facultad del uso de la tarjeta de residente o el usufructo de un visado de turista ya no ofrece garantías de ninguna clase para que los extranjeros que viven en EEUU puedan entender que sus derechos les están garantizados y máxime, cuando en la misma ciudad de Nueva York se ha visto, que inspectores de migración le caen a cualquier transeúnte que tenga características de latino y para citar un caso y conminándole de manera grosera a mostrar sus identificaciones y cuando no, apresarlos a lo inmediato y sin importar que estos anden con sus hijos menores de edad.
En este sentido, muchos extranjeros residentes en EEUU todavía no han entendido los alcances de la draconiana política represiva migratoria de Trump y por eso, que ahora sea casi lo mismo y para los inspectores de migración, el extranjero legal que el otro indocumentado y que se comprueba, con el tratamiento totalmente represivo que esos inspectores muestran.
Acontece, que EEUU ha entrado a una etapa dura de anti extranjeros pura y simple, que a lo interno fortalece la política nacionalista de un Trump que le ha hecho ver a sus paisanos, que ellos son los dueños de su país y no ningún inmigrante proveniente de otros países y aun cuando la mano de obra extranjera y principalmente latina, aporta el 10 % del PIB estadounidense y lo peor, que millones de estadounidenses de origen latino, ahora están siendo cuestionados en sus orígenes y colocados en una especie de picota pública por los estadounidenses del interior de su país, que son los grupos más reaccionarios y anti extranjeros, que desde los tiempos de aquel senador McCarthy en los años cincuenta del siglo pasado, se convirtió en un azote contra todo aquel individuo que ese senador y su equipo entendiera enemigo o comunista, que para aquella época de los tiempos de la Guerra Fría era el esquema a aplicar.
Aquí en República Dominicana, mucha gente en los mass media y sea en la prensa tradicional o en las redes sociales, no han entendido, que aquella advertencia del secretario de Estado Rubio, de que su gobierno no tolerará que en el exterior sus ciudadanos sean perseguidos por lo que expresen, nada tiene que ver con lo que aquí el gobierno dominicano entienda como control efectivo para la libre expresión y no obstante que en este país su sistema político hasta ahora se había entendido democrático y en el que todos los ciudadanos tenían derecho a expresarse y manifestar su disidencia.
Y por eso, han generalizado y creyendo que, dada esa advertencia, el gobierno del presidente Luis Abinader no pudiera tener calidad para imponer una ley mordaza y que es posible que pudiera hacerlo, desde que se conoce, que el mismo presidente controla a lo absoluto las cámaras legislativas, donde su partido el PRM tiene control mayoritario y teniendo una vocación autoritaria más que conocida.
Todavía más, hemos visto y lo que nos produjo sospechas, que en las últimas tres semanas se desató una de uso desproporcionado del lenguaje en programas en you tube como en las redes sociales, donde los insultos y las palabras descompuestas eran el pan nuestro de cada día y que arreció más, desde el momento que el sector más reaccionario del periodismo tradicional, el de los periódicos escritos y sus estaciones de radio y televisión y su nicho en internet y englobados como Asociación Dominicana de Diarios o la de radiodifusores -Adora- decidió presentar un ante proyecto de ley dirigido a “reorganizar” el uso de la libre expresión y que el resto del periodismo y la comunicación y todo el mundo y con toda la razón, ha entendido de intento desproporcionado de imponer una ley mordaza y la que debe y tiene ser enfrentada sin vacilación alguna.
Desde el primer momento, lo que nos pareció fue, que todo era parte de una escenografía, mediante la cual, unos y con sus desboques otros con sus hipocresías, justificaban ante la atrapada opinión pública que el gobierno impusiera la ley mordaza de que hablamos y que entendemos factible, cuando los mismos que insultaban e imponían imputaciones realmente ultrajantes contra el honor de terceros, de buenas a primeras les ha dado por ofrecer reiteradas muestras de perdón contra quienes habían sido víctimas de sus invectivas.
Así las cosas, hemos llegado a la triste conclusión de que todo resultó ser una atrevida trama, mediante la cual, ya el gobierno se encuentra en condiciones de imponer su ley mordaza y aun cuando sabemos que la misma de poco le servirá, pues la ciudadanía ya aprendió a valorar, que tiene derecho natural a utilizar su teléfono celular como su especie de arma de reglamento para enfrentar a funcionarios gubernamentales, que precisamente no se precian de tener un comportamiento civilista y democrático y peor en unos agentes del orden público, quienes teniendo un comportamiento represivo sencillamente abusivo, son objeto y como debe de ser, de las recriminaciones de los ciudadanos.
Creemos, que tenemos un ordenamiento jurídico fuerte que hace innecesario presentar una ley contra la libre expresión y mucho más en las redes sociales a las que se le aplica los delitos de alta tecnología y sin olvidar, que para el periodismo tradicional va la ley de expresión y difusión del pensamiento 6132 y la que, para colmos, a ese sector legalmente no se le aplica y lo otro tan significativo que el artículo 49 de la Constitución de la República es la norma fuente sobre este particular.
Lo que indica, que el gobierno, así como el poder mediático tradicional, no solo que van por todas contra el derecho ciudadano a ejercer su libre expresión y aun cuando si este violado en sus aspectos de protección de la dignidad de las personas, el causante deberá enfrentarse a los tribunales. Sin embargo, preocupa que el gobierno quiera ser selectivo con la libre expresión y hasta pretendiendo marcar límites, que inclusive, atentan contra el derecho general de lo que es el periodismo ciudadano y sus propios medios electrónicos, que podrían ser cancelados a la mínima interpretación del poder, en cuanto a qué se puede o no decir y que sus responsables ser perseguidos.
No creemos que esa ley mordaza vaya a mejorar la comunicación y sí a agravarla y peor, a afectar el estado de derecho. Es cierto que se está en 64 años continuos de la dictadura plutocrática que se vive y que todos esos ricos no aceptan que la gente se exprese como quisiera, pero aun así lo advertimos, de continuar con esa deriva tan autoritaria, las instituciones, no solo que serán afectadas, sino que en el país se desatará un peligroso espíritu levantisco, que por más represión que haya, no podrá ser dominado.
Además, recuérdese este hecho cierto, el gobierno actual es hijo directo de la anarquía en las redes sociales y las imputaciones groseras e injuriosas que sus periodistas hacían contra los funcionarios del gobierno anterior, por lo que no le luce venir ahora con más de lo mismo y amparado en una ley mordaza y para arremeter abusivamente y de manera directa contra el periodismo ciudadano que es el que ejerce y protege la población. Búsquese otro bajadero presidente Abinader y no se deje manipular por los funcionarios y ricos que le piden que vaya contra la nación, cometerá un muy grave error si lo hiciera.
Entonces y por todo lo anterior es que decimos, que una cosa es que EEUU y como país soberano, advierta y reglamente a gobiernos de otros países soberanos que estos no tienen calidad para impedir la libre expresión de ciudadanos estadounidenses y otra muy distinta, que cada gobierno en cada país soberano tenga su propia reglamentación para sus ciudadanos. Con Dios. (DAG) 04.06.2025
