A nuestro modo de ver, acaba de ocurrir la más formidable denuncia y advertencia sobre lo grave, de un tribunal constitucional amenazado de ser zarandeado por parte de la partidocracia y fuertemente por los grupos económicos y financieros y hasta por el mismo gobierno del PRM y que dicho así, a lo simple, parecería que no hubiese que darle la importancia que se merece a lo planteado ayer por el hasta ahora integro magistrado del TC, José Alejandro Vargas, a propósito de haber puesto en circulación una nueva obra de puro interés institucional y académico.
¿Qué fue lo que expresó el ilustre magistrado?, que el poder político actual y junto al poder judicial y así como la institución cúpula del empresariado, les entiende que sus responsables tienen la pretensión de afectar al órgano judicial jurisdiccional en materia de todo cuanto sea relativo a dirimir intereses económicos y financieros y cuando no, electorales.
El juez Vargas fue preciso: Apuntó hacia el cabeza del Poder Ejecutivo, su igual en el Poder Judicial y para que nada quede en duda, mencionó las sospechas válidas que tiene respecto a la actual Procuradora General de la República y lo más inquietante, arrojó también interrogantes sobre la conducta burocrática de la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura.
Por prudencia y también por respeto a los cinco profesionales del Derecho que fueron escogidos por esos intereses, ahora colocados ante la picota pública y que reflejan ciertamente, no aquello que el público hubiese querido como sustitutos de los jueces ya retirados y quienes por lo denunciado por Vargas, ahora quedan y esto inequívocamente bajo un manto de dudas, que quiérase que no, ensombrecen sus respectivas trayectorias, no hemos querido respondernos sobre las inquietudes que nos animan respecto a esos cinco jueces designados y no tanto elegidos por los intereses denunciados por Vargas y en lo que resalta la política y los intereses económicos.
Sin embargo, hemos preferido aguardar el accionar de cada uno de ellos y para luego dar nuestra opinión al respecto y por el simple hecho, de que, por decencia y buena educación, consideramos que debemos darles el beneficio de la duda, aunque ciertamente que sabemos de los puntos débiles que cada uno tiene en sus cercanías con los representantes de los poderes e intereses que les designaron.
Uno de ellos por ejemplo y cercano al partidismo político y al gremialismo cercano al grupo de presión colegio de abogados y al también igual colegio de notarios, como funcionario público y debido a actuaciones suyas de gran objeción moral, llegó a experimentar el rechazo directo de un presidente de la República y ahora jefe de partido y del que, por poco, se salvó que no lo llevara por desfalco ante los tribunales.
Con semejante rastro, para nosotros era inimaginable, que ese ciudadano pudiera ser ahora uno de los escogidos para ser parte del Tribunal Constitucional y lo más grave, que el expresidente no lo objetara y dado que sabemos, que desde el Consejo Nacional de la Magistratura y al menos oficiosamente, a determinados jefes políticos también se les consultó sobre el listado de designados.
Ahora bien, la responsable inquietud y no tanto denuncia y sí presunción sobre conductas y planteamientos futuros en los que algunos jueces pudieran incurrir y en razón de no resistir presiones que se les hicieran desde el poder político como por igual del económico, arroja la terrible sospecha y de cara a los intereses permanentes de la nación, que significan, intereses institucionales de todos los ciudadanos y quienes definitivamente, todos tendremos que estar más que vigilantes sobre todo cuanto en el TC ocurra.
Y quienes como ciudadanos, en realidad deberemos de estar vigilantes y en particular, primordialmente, insistir en cuanto a que deben ser los medios de comunicación e información de masas pertenecientes a la concentración de medios en pocas manos y de empresarios e industriales y en sociedad con jefes políticos disfrazados de accionistas, los responsables inmediatos de este accionar supervisor y lo que nos plantea, un hecho mucho más grave, pues si los empresarios dueños de esa concentración de medios y hablemos de tres: Corripio, Vicini y Rainieri, se deciden por coludirse con sus colegas empresarios e industriales y ni que decir con la corrupta dirigencia política que controla la partidocracia, entonces y definitivamente, los ciudadanos perderíamos el Tribunal Constitucional como tribunal superior garantista de derechos frente a todos los demás existentes y cuyas sentencias son inapelables.
Sabiendo esto, cobra mayor significado lo dicho por el magistrado Vargas, respecto a que el TC “nunca se había visto tan en peligro como hoy día”. Y si esto es así, lo menos que debemos exigir los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil como de las fuerzas vivas, es demandar de periódicos escritos y digitales y noticiosos electrónicos en la radio como en la televisión y ni que decir en internet donde escondidos en las redes sociales abundan lupanares mediáticos al estilo a lo alofoke y dirigidos, orientados y financiados por empresarios, financistas y políticos y estos últimos, tanto de gobierno como de oposición, que definitivamente la ciudadanía y la sociedad deberán de estar vigilantes y para que en el futuro inmediato, en el TC no haya decisión alguna que vaya contra la institucionalidad y el estado de derecho y como hasta ahora el mismo tribunal ha logrado preservar.
También el magistrado Vargas presentó a debate público, la realidad, de que desde la embajada estadounidense y vía su consulado general, abusivamente se ejercen presiones contra las decisiones de los jueces y en todos los niveles y llegando al extremo, de que juez que no atienda sus “sugerencias”, automáticamente pasa por un proceso de difamación público mediático y luego se le despoja de su visado turístico y con ello, asestándole una muerte moral irreparable.
Sobre esto último, el magistrado Vargas fue concluyente: "Hasta ahora no he visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones del Tribunal Constitucional. Hasta ahora, hasta ahora, pero si eso pasara señores… mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio, yo no voy a guardar silencio, porque este país no van a hipotecarlo y si los americanos quieren que me quiten la visa como se la han quitado a otros, que me la quiten como se la han quitado a otros".
Tremenda la acusación y agudo el reproche, que no solo quitan el aliento a todo ciudadano cívicamente responsable y decente, sino que desnuda a plenitud, que los poderes públicos de este país no están subordinados a la Constitución y las leyes, sino a lo que decida cualquier burócrata desde una embajada o consulado estadounidense y lo que debe darnos vergüenza como dominicanos y al comprobar, como determinados dominicanos en funciones de poder han convertido las instituciones, en las propias de un estado vasallo que no tiene capacidad alguna para hacerse valer y sentir.
Cada dominicano pues y de ahora en adelante y caído el antifaz de la falsa institucionalidad que se tiene, debe reaccionar con la debida valentía y decisión de carácter y para que se rescate a nuestra nación del secuestro institucional que los poderes públicos criollos y también estadounidenses denunciados por el magistrado Vargas le tienen. De nuestra parte, nos apuntamos entre los medios y periodistas que sí estamos comprometidos con nuestra nación y sus instituciones y sin importar el poder público o privado que haya que enfrentar.
Terminamos y todavía aturdidos, por una denuncia grave y nada baladí, de un juez que da la cara por la República y su institucionalidad. Con Dios. (DAG) 20.12.2023
