Antes de la reforma constitucional del 2010, el artículo 55 regía las atribuciones casi totalitarias que la Carta Magna le concede a quien sea presidente de la República y el que ahora es el 128. En cierta forma y para una persona seria y honorable de conducta, es un artículo sagrado y en el entendido, de que de él dimana todo lo relativo al gobierno nacional y por lo tanto, da una responsabilidad ilimitada pero no eterna y menos de privilegio personal y si solo administrativo y limitado a un periodo de gobierno.
Anterior al presidente Luis Abinader, que llegó al poder en el 2020 mediante unas elecciones fraudulentas financiadas por intereses espurios del mundo delincuencial del narcotráfico, así como del otro de los delincuenciales grupos económicos y financieros, ningún presidente anterior y nos referimos desde el 1996 al presente: Balaguer, Leonel y Danilo y con la excepción de Hipólito (que desacreditó el ejercicio del poder presidencial a un grado terriblemente delincuencial) se había atrevido a tomar la Constitución de la República como si fuera un pedazo de papel sanitario.
En este aspecto, Abinader ha roto todas las marcas y ha sobrepasado todos los limites y mucho más para su segunda reelección fraudulenta fundamentada en todo lo violatorio de las leyes en el 2024 y teniendo de antecedente, lo mal hecho cuatro años atrás.
Precisamente y porque sus manos están manchadas de ser las responsables del alto grado de corrupción administrativa que azara sus gobiernos, es que a la República le ha sobrevenido el más grande lapso de un gobierno realmente delincuencial que no ha tenido freno alguno para prevaricar en la conducta de sus funcionarios y en la malversación de los fondos públicos y por parte de todos ellos y puntualicémoslo, de Abinader para abajo.
Y la prueba mayor se tiene, en el desfalco escandaloso de los 15 a 18 mil millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) hijo de la autorización expresa de Abinader a su director general de que utilizara los fondos públicos para financiar la campaña electoral del PRM y declarado por este exfuncionario, ahora tan vilipendiado por una campaña mediática de lodo moral, y para ocultar precisamente la responsabilidad directa del Poder Ejecutivo.
Todo partió desde el momento que el funcionario declaró ante el ministerio público y ratificó ante los tribunales, que la operación delictiva de traspaso de los dineros del organismo para el financiamiento de la campaña presidencial y electoral del PRM se fundamentó en derivar los recursos financieros del organismo a favor de la nueva reelección presidencial y gubernamental y cuyo único misterio ha sido, el no entender por parte de ningún observador, cómo Abinader permitiera latrocinio semejante.
Es decir, la llamada “Operación Cobra” nunca pudo haberse dado, si desde el Palacio Nacional no hubiesen autorizado semejante despropósito y del que algún día el presidente Abinader deberá responder directamente. Pues no es que el primer mandatario fuera un ladrón. No. Y sí constitucionalmente, algo mucho peor: Un prevaricador contumaz, dado que para muchos, su gran responsabilidad directa está en que no puso a tiempo los frenos administrativos que hubiesen impedido tan grosero esquema de corrupción administrativa.
Y lo puntualizamos y estrictamente desde el punto de vista del análisis político de Estado que no tiene hachas que afilar ni a favor ni en contra y hablando en materia constitucional. En este plano, lo de Senasa es emblemático, pues también abarca la responsabilidad del sucesor inmediato siguiente al ahora sujeto a prisión.
Entonces y si esta barbaridad administrativa de corrupción de Estado se toma en cuenta y la analizamos desde el punto de vista de lo que podría sobrevenir, ahora que Abinader será elevado hoy por el partido oficial a su presidencia, el esquema de corrupción que puntualizamos, cobra una dimensión absolutamente distinta, pues y por el poder concentrado institucional, constitucional y político que descansa en Abinader y la manera cesárea y personalista de cómo está manejando al Estado vía su gobierno, creemos que la República debería de mostrarse altamente preocupada, pues aun cuando Abinader no aspirara a continuar en el cargo y de lo que dudamos, sí que habría un intento reeleccionista partidario, que como están las cosas, más el aumento en el descrédito gubernamental, no garantiza en lo absoluto que pudiera llegar a feliz término y mucho menos, cuando el saqueo consiguiente de los dineros de los contribuyentes, parecería que es el indicador de su relanzamiento.
No estamos diciendo y mucho menos acusando, que no nos compete, al presidente de la República, de que en lo personal haya cometido hechos punibles por la Constitución y las leyes, si acaso, llamando la atención por la responsabilidad personal y política comprometida del presidente en el manejo y control de la administración pública y de lo que como medio de comunicación y su responsable como ciudadano, tienen derecho de criticar y si nos apegamos a los textos legales.
Siempre habíamos creído, que a Abinader había que darle el beneficio de la duda frente a tanto escándalo financiero de corrupción administrativa que se han descubierto y ya medio investigándose desde el ministerio público y penalmente desde los tribunales y esto así, por la duda que se tiene sobre la idoneidad y limpieza de conducta de la mayoría de los miembros del Poder Judicial y lo que se está viendo desde el Consejo Nacional de la Magistratura y su apéndice directo, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
Pero hasta lo excesivo Dios lo ve y no puede callarlo y que es lo que está ocurriendo con la mayoría de las decisiones de administración de este gobierno y en el que la mayoría de sus ministros, tienen la sombra de la prevaricación como segunda personalidad.
De ahí, que al ver que a este día, Abinader será investido de presidente autoritario del PRM y conociéndose su sesgo de totalitarismo encubierto dentro del criticable culto hacia su personalidad, que caracteriza su presidencia desde el Poder Ejecutivo, que tengamos sobradas dudas de que la segunda parte de su segundo gobierno tenga un derrotero menos criticable que el primero.
E insistimos, quisiéramos darle el beneficio de la duda a nuestro joven primer mandatario, pero es que los escándalos administrativos de malversación de fondos y de corrupción a gran escala se suceden unos tras otros y todo quiere ser tapado por medio de un alud publicitario y propagandístico que no tiene parangón, mientras que como una cosa de locos, parecería que las escopetas le están tirando a las palomas y de una administración pública profundamente corrupta como corruptora.
A todo esto, la suerte para Abinader es, que como sus periodistas y propagandistas palaciegos, al referirse a nosotros, lo único que dicen, es que “eso no lo lee nadie” y al mismo tiempo, pregonan algo así como que “lo tenemos al borde de la tumba” y refiriéndose a que agentes del gobierno se inventaron una deuda para apoderarse de la residencia familiar y desalojarnos y provocando que tuviéramos y con todo y familia, agarrar una noche los motetes que quedaron y trasladarnos a la provincia de La Altagracia, podría suceder, que nuestros análisis políticos de Estado no los lean muchos, pero sí que es seguro, que quienes influyen y en todos los ámbitos de la vida nacional, no dejan de leernos y aunque sea y si seguimos la narrativa oficial, a escondidas.
Mientras y en definitiva, existe una gran verdad: Si Abinader no hubiese dado la autorización administrativa y de acuerdo con el artículo 128 de la Constitución de la República. Ninguno de los funcionarios prevaricadores, ahora no fueran delincuentes al borde del patíbulo judicial y el descrédito ciudadano. ¡Basta ya, presidente. Respétese! Con Dios. (DAG) 06.09.2026
