Con la especie de terrorismo judicial que en la subprocuraduría de la persecución de la corrupción está imponiendo y debido a lo cual, ya no basta que en Hacienda paguen una deuda de la naturaleza que sea, sino que quien reciba el pago y para salvaguardarse y no verse implicado posteriormente en un hecho doloso cometido a sus espaldas, parecería que lo prudente sea, que antes de cobrar la deuda solicite a la PEPCA que el expediente sea revisado y al final le expida una certificación y para proceder a materializar el cobro de lo que se le deuda.
Y tocamos el tema, al ver que por el caso Calamar y en lo relativo a deudas por expropiaciones no pagadas, determinados propietarios de inmuebles han sido reducidos a una investigación tan expedita, que el ministerio público decidió incluirlos entre un grupo de funcionarios y abogados, que ahora están siendo acusados de estafa, fraude, etc., contra el patrimonio público, cuando en realidad, esas personas son víctimas del Estado delincuente que les robó sus propiedades y este no cumplió con la ley de expropiación y pagándoselas a lo inmediato.
Precisamente, por ese ilícito del Estado delincuente vía el gobierno que efectuó la expropiación, es que de buenas a primeras, personas quienes en todo su derecho buscan que el Estado les devuelva lo que les robó o cambie la propiedad por otra o pague el justo precio por el valor que corresponde, es que sorprendentemente, el ministerio público y partiendo de ligero a incluido a los perjudicados por ese robo oficial, trata a estos propietarios como si los mismos fueran parte del circo de delincuentes, que como caso Calamar ha estallado ante la atrapada opinión pública.
Por semejante proceder, esos propietarios ahora son difamados e injuriados en las redes sociales como entre los medios y periodistas tránsfugas pagados por las autoridades y que es un accionar cruel e injusto, toda vez que lo que debió haberse hecho, fue reconocerles a los propietarios estafados, los valores en dinero que la mafia actuante en Calamar les había entregado y haciéndose constar que esos dineros se corresponden a lo más parecido a un abono y dadas las circunstancias.
¿Acaso los subprocuradores a cargo de la persecución contra la corrupción, desconocen que cada uno de esos propietarios y los muchos otros que actualmente tienen expedientes de cobros en Hacienda, sus reclamos fueron iniciados firmando contratos de cuota litis con abogados y quienes son los que en definitiva llevan todo lo relativo a las diligencias por hacer para rescatar esos recursos financieros y si esto es así, por qué entonces meter a esos propietarios estafados por el Estado delincuente, tal como si ellos hubiesen cometido algún delito?
Es pensando en esa barbaridad y abuso de poder ya cometidos, que sugerimos, que todo aquel que tiene una diligencia encaminada para que el Estado delincuente le pague los dineros que le adeuda por asuntos de expropiación sin pago previo, exija que previo a recibir su justo pago haya una certificación que garantice que esa persona o herederos, no serán procesados por algún hecho ilícito perpetrado por sus representantes o abogados actuantes.
De ahí, que al ver el doble daño moral que la Pepca y a nombre del Estado Delincuente ha estado haciendo con aquellos propietarios ahora implicados en ese caso de corrupción a gran escala, que a modo de sugerencia propongamos y lo que recalcamos, que de ahora en adelante, todo expediente de pago y previo a que el mismo se le comunique al propietario y con copia al abogado con el que se hiciera el contrato de cuota litis, se estudie el expediente en otra instancia superior y en un tiempo no mayor de treinta días, esta expida una certificación de que todo está correcto y para que de ese modo el pago en proceso sea viabilizado.
Entendemos, que con esta sugerencia, tanto se beneficia el propietario robado como el abogado actuante, toda vez que de esa forma no habría posibilidad de que luego ambos sean injuriados, difamados y acusados como delincuentes que han robado la cosa pública y lo que consideramos que debe hacerse, al ver la asociación de malhechores que paralelamente un grupo de abogados con contratos de cuota litis, hicieron para apoderarse de recursos no acordados y mucho más por ser parte de una mafia ilegal que los propietarios robados nunca tuvieron la oportunidad de estar al tanto de su materialización.
En este sentido, es preferible que haya una demora más en el trámite de pago, a que cuando se cobre lo robado, el que ha sido estafado por el Estado Delincuente sea víctima de una grave campaña de agravios e imputaciones gratuitas y por el simple hecho de que en la PEPCA y al elaborar el expediente acusatorio de que se trate, no tomó en cuenta que los propietarios de bienes inmuebles expropiados, bajo ninguna circunstancia pudiesen ser calificados como delincuentes y sometidos a enojosas medidas de coerción y con cárcel.
Los dominicanos tenemos y mal contados, cerca de 70 mil abogados registrados ante la Suprema Corte de Justicia y si tomamos en cuenta la última juramentación multitudinaria de una semana atrás y de cerca 3 mil 500 nuevos letrados y todos sabemos y sospechamos, que por lo menos, unos cinco mil son delincuentes togados y que ahora con lo de Calamar, se confirma plenamente.
Y es que no todos los titulados en Derecho o abogados en ejercicio, se nos puede calificar de semejante modo y por eso de que hagamos esta puntualización, que de hecho, es una vigorosa protesta, porque funcionarios y departamentos del Estado Delincuente, pretendiendo escapar de su responsabilidad, ahora quieran que los profesionales del Derecho seamos victimizados en sentido general.
También creemos, que si no la PEPCA, sí la Dirección de Ética o el mismo despacho del Consultor Jurídico de la presidencia de la República, perfectamente que podrían expedir la certificación de autenticidad moral de los expedientes de pago de deudas por expropiaciones y dada la altísima autoridad moral que tienen sus incumbentes, la doctora Ortíz Bosch o el doctor Peralta Romero y visto, que en la subprocuraduría contra la corrupción se han cometido serios excesos contra la honra e integridad personal de propietarios a los que el Estado Delincuente no les hizo el justo pago por sus propiedades abusivamente expropiadas y ahora han sido metidos en el mismo saco de los de la asociación de malhechores compuesta por exfuncionarios públicos del gobierno anterior y determinados abogados.
Obligándonos pues -esta realidad- a efectuar la siguiente sugerencia. Que, de ahora en adelante, aquel que tenga un cobro pendiente del Estado por expropiación y tan pronto se lo comuniquen, debe solicitar a la PEPCA o al organismo a cargo, que se le certifique si es legal o no. (DAG) 04.04.2023
