Cuando se busca en la Carta Magna cuales son las funciones del Defensor del Pueblo, en ninguna de sus partes le autoriza a meterse en asuntos de política exterior y mucho menos a sugerir iniciativas que solo son potestad del Poder Ejecutivo. Por eso, lo que ayer hizo el funcionario Pablo Ulloa al proponer “una alianza regional para manejar la crisis que afecta a Haití y exigir a la comunidad internacional auxiliar a ese país vecino”., lo que revela es un funcionario del orden judicial incursionando en un asunto de política institucional que francamente ha despertado grandes interrogantes.
Por lo pronto, el escenario escogido fue uno público, la XXV Reunión de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) que se reúne en este país y en la que se supone, que todo cuanto se trate tenga que ver con las funciones de los que concurren a la actividad. Pero cuando se vio el escenario montado, se comprobó de inmediato que se estaba ante un funcionario en campaña preelectoral personalizada y dentro de unos parámetros de amplio culto hacia su persona y lo que no le corresponde.
Al mismo tiempo habría que preguntarse, cuanto les costó a los contribuyentes que este funcionario haya ido a exponer su criterio político sobre un asunto y que hay que recalcar, no le compete. Se pasó de la raya y lo que debería obligar al Senado de la República a llamarlo a capítulo. (DAG)
