¿Qué capacidad técnica tienen la mayoría de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, para dictaminar, qué juez con más de cinco años de ejercicio es capaz y cual otro no, cuando los magistrados son más doctos y preparados que el común de los miembros del CNM, la mayoría, políticos de dudosa conducta moral?
Esa situación tan lamentable ocurrida el pasado viernes, cuando tres jueces altamente calificados, el político presidente Abinader aprovechó su doble voto “calificado” para impedir que los magistrados continuaran en sus ejercicios de alta profesionalidad, retrata de cuerpo entero, la terrible situación que se está viviendo desde el 2010 a la fecha y más acentuada desde el 2020 con los “triunfos” electorales fraudulentos que han llevado a lo peor de la delincuencia política al ejercicio de un poder institucional, que no se merecen y hundiendo a la República en la afectación más ruda contra su estado de derecho.
Hasta ahora y por la grave corrupción reinante propiciada por el partido oficial, la clase gobernante y su cuchillo de asalto del Consejo Nacional de Competitividad donde las 28 fortunas más grandes de este país y en connivencia con el pandillerismo económico y financiero, han secuestrado todas las instituciones y fundamentados en la abusiva creencia de que nunca el “orden constitucional” puede ser fracturado o anulado y lo que es una interpretación perversa para que a ningún ciudadano se le ocurra reclamar violentamente el cese de la dictadura partidocrática, que es la máscara de la plutocracia que controla el poder.
Durante todos estos años, de un PRM y una retahíla de partidos de alquiler sin representación ciudadana orgánica y aliados a lo peor del pandillerismo empresarial y financiero y teniendo de portaestandarte al actual presidente Abinader y su partido, la República es víctima del peor expolio que alguna vez pudo pensarse que se materializaría y lo que también está sucediendo, porque la mayoría de los dominicanos nacidos desde junio de 1961 al presente, su afán de lucro tan demencial les ha hecho desertar de sus obligaciones cívicas y políticas y tal como lo ordena el artículo 22 de la Constitución de la República, que dispone la obligación, de todos los ciudadanos en edad de votar, de cumplir con los derechos ciudadanos consagrados en ese artículo y como la única acción legal colectiva de vigilancia y continua para que ningún gobernante, grupo de poder o partidos políticos, pudiera afectar el estado de derecho.
El viernes, lo que se vió fue un principio de esa terrible violación inconstitucional y la que hoy, con la nueva reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, parecería que se pretende reeditar y que si así sucediera, automáticamente el gobierno de Abinader, PRM, Competitividad quedaría totalmente descalificado para continuar ejerciendo el poder constitucional y por haberlo violado y desnaturalizado.
Aún más, de acuerdo a nuestra Carta Magna, los ciudadanos y por mandato de su artículo 75 en su numeral 12, estamos en la obligación de velar para que la calidad de la democracia no sea afectada en ningún momento y lo que nos obliga a decir, que por la lectura y aplicación de los dos artículos anteriormente mencionados, la opinión pública debería de exigirle al dócil y desvergonzado Congreso Nacional, que formule un juicio político inmediato para detener en seco el extravío inconstitucional que Abinader y su aplanadora en el CNM pretenden imponer y que de hacerlo, automáticamente los ciudadanos quedaríamos liberados para exigir la destitución suya y de su gobierno y al actuar totalmente contra lo dispuesto y ordenado por la Constitución de la Nación.
Además. Consideramos que por decencia personal y respeto al estado de derecho, el presidente Abinader debe renunciar a votar en la plenaria de hoy y también el presidente del Tribunal Constitucional y en su lugar, llamar excepcionalmente al expresidente de la SCJ, Jorge Subero Isa y al vocero opositor calificado en el Senado de la República, para que con sus votos de excepción, le garanticen a la ciudadanía, que el gobierno no se robará la decisión final sobre la composición de la Suprema Corte de Justicia y en paralelo, que Abinader y antes de comenzar la sesión de hoy, proponga que se revise y se presente de nuevo la sesión del viernes y se vuelva a votar al momento de hacerlo sobre los nuevos jueces que hoy serán evaluados.
No es posible por ejemplo, que el voto del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia tenga menos calidad que los del presidente Abinader y su grupo de lacayos, cuando lo correcto debería de ser, que por su gran experiencia, el actual presidente del órgano, el magistrado Luis Henry Molina Peña, es quien debe de dar fe y testimonio sobre la calidad profesional y desempeño de los jueces a ser evaluados y dada su condición de técnico seco y no los dos presidentes de las cámaras legislativas, dos bachilleres que no tienen idea del funcionamiento de los tribunales y mucho menos de los desempeños de los jueces. Por simple equidad esto debería de hacerse.
Nuestra propuesta va en consonancia con la autoridad moral que tenemos, de que nunca en estos 53 años de ejercicio como analista político y los 25 años que tiene este periódico digital POR EL OJO DE LA CERRADURA, nunca hemos respondido a intereses políticos y menos a los empresariales y financieros y sí con el único interés de procurar una medida institucional que impida que el gobierno de la nación pierda legalidad y legitimidad y entonces los ciudadanos debamos exigir su destitución.
De ahí que digamos, que es inaudito. El presidente de la República propicia un golpe de Estado contra el estado de derecho y por su malsano propósito de que la partidocracia continúe siendo la dictadura bizarra e ilícita que se tiene. Con Dios. (DAG) 06.10.2025
última actualización: 09:43 am.
