Decididamente y desde el momento que el presidente Luis Abinader y su PRM y con apoyo empresarial, se decidió por afectar el estado de derecho y al imponer un decreto que estatuyó a la policía como una privada y dirigida y al servicio del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se demostró que el Poder Ejecutivo ya tenía el control directo del Poder Legislativo. Y que es lo único que explica, que desde el Congreso Nacional no se hubiese alzado ni una sola voz reclamándole a Abinader, que su decreto 729-21 es inconstitucional y por lo tanto, susceptible de ser declarado como tal.
Por medio de ese decreto, la policía dejó de ser un organismo nacional cuya jurisdicción solo compete al Estado, para convertirse en la práctica en una privada del empresariado y el mundo financiero, que al ahondar, se llega a la conclusión, de que el gobierno plutocrático tiene en su poder todos los instrumentos legales e institucionales del Estado y sin que en algún momento el Poder Legislativo lo hubiese establecido y mucho menos que la atrapada opinión pública hubiese dado la aprobación de lugar.
A resultas de semejante exceso inconstitucional, el gobierno, no solo queda como uno casi no legal y sí rotundamente ilegitimo, sino que fácilmente puede ser cuestionado y hasta llegar a que se le abriera un procedimiento de juicio político.
Pero nada de esto ha ocurrido, pues la policía y al ser ahora una compañía por acciones, cuyo aporte principal son los más de mil millones de pesos de dineros de los contribuyentes que tiene de presupuesto, no solo que su cadena de mandos ha sido destruida, sino que su dirección general no tiene calidad legal ni legítima para que se le reconociera como tal.
Semejante violación constitucional, ha provocado, que esa policía “privada” y al mando de la empresaria Elena Viyella de Paliza como presidenta de su fideicomiso, esta, la ha reconvertido en una criminal y represiva, que de acuerdo a datos y registros confiables, es la responsable de los no menos 600 jóvenes asesinados en las calles, en sus casas o frente a sus familias en todo el territorio nacional desde el primero de enero y cuya última “hazaña” fue la ejecución pública de cinco ciudadanos jóvenes en el sector santiaguero de La Barranquita y de los que el ministerio público hizo la mascarada de detener a 12 policías e imputarle a cuatro la ocurrencia criminal, mientras a los oficiales superiores que les comandaban, se les dio casa por cárcel y nada de ser despojados de sus rangos y uniformes y esto último, porque entonces ese tipo de uniformado pasaba de inmediato al registro de sicarios secretos al servicio del fideicomiso.
A todo esto, lo más repulsivo e indignante, es observar como la mayoría de los medios de comunicación y de información de masas tradicionales y tanto en la prensa escrita como en la electrónica y ahora también en internet y con determinadas puntas de lanzas en las redes sociales y todos cómo cómplices, silencian todos estos excesos y crímenes policiales, dejando entonces a la nación, es decir, a los ciudadanos, que entiendan que su seguridad pública a caído en manos de matones de la peor especie.
Esta situación absolutamente inédita, pues se trata de que el mismo gobierno se ha quitado o despojado el cuerpo policial para entregarlo a empresarios y con lo que completa el círculo de mando y dirección del gobierno plutocrático que componen y originado en el decreto No. 1091-01 del 3 de noviembre de 2001, cuya cuasi legitimidad fuera ratificada por el decreto 389-17 con la designación de sus miembros -todos empresarios, industriales, banqueros e ingenieros contratistas- y dándole mayor cobertura de seudo legitimidad, desde que en agosto del 2020, el empresario Luis Abinader llegara mediante elecciones fraudulentas a la presidencia de la República.
Lamentablemente, todo este atentado continuo contra la legalidad y legitimidad del poder no ha tenido la correcta respuesta de denuncia y protesta por parte de una población que se encuentra en un irreversible camino de degeneración moral y gracias al silencio mediático y en cambio, ha generado, que en círculos de clase media y como respuesta al dominio empresarial absoluto de las instituciones y comenzando con el Consejo Nacional de Competitividad, se haya lanzado a crear sus propios contrapesos financiados por negocios de único dueño y neo empresarios de la droga, el tráfico de influencias, el lavado de activos y el contrabando.
Es decir, ahora la población se encuentra atrapada entre dos tipos de violencia criminal: La proveniente de la policía de los empresarios del CONEP y la otra de sicarios al mejor postor y generando en conjunto, una muy peligrosa ola criminal de asesinatos y agresiones a mansalva que no tiene parangón y que es una situación tan irregular, que tarde o más temprano provocará una segura explosión de ira popular y de imprevisibles consecuencias.
Hasta ahora ni empresarios y menos gobierno y tampoco en Competitividad-Conep no prestan la menor atención y obviamente, porque se entienden absolutamente seguros en el poder. No creemos que deberían arriesgarse a tanto y por la única verdad, de que cada asesinato policial-empresarial tiene rastro y más que esto, dolientes y como la historia enseña, a la larga, los parientes cobran.
Nuestro papel es solo advertir y ojalá que se nos hiciera caso. Mientras y que no se olvide, que la policía ha sido convertida en una de represión política desde que el decreto 729-21 la estableció como absurdo fideicomiso totalmente inconstitucional y bajo control empresarial. Por eso, desde enero van más de 600 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales. Con Dios. (DAG) 26.10.2025
última actualización: 04:29 pm
