Toda persona y desde que nace y comienza a evolucionar y crecer, tiene derecho a buscar una mejoría constante en su modo de vida y desde que se inicia en su etapa de adulto, por lo tanto, cuanto haga, no solo delineará lo que al final será su personalidad, sino que al mismo tiempo y definitivamente, buscara el derrotero, que en cierto modo, justifique el regalo que la naturaleza le dio al darle vida y gracias al poder omnímodo de Dios Nuestro Señor.
Si estos parámetros los tenemos en cuenta, necesariamente que deberá llegar el momento, de que se entienda, que cada uno es el forjador de su propio destino, suerte y metas.
Esta realidad la hemos estado viendo como una constante, en la curiosa como chocante actitud de un ministerio público absolutamente politizado, que elige los casos a investigar y para que luego sean dilucidados ante un tribunal, dentro de la perspectiva que siempre más parece una sinuosa vendetta política muy difícil de no observar y que cuando cobra fuerza semejante tipo de decisión, es evidente que la reputación de esos fiscales como de los jueces que se presten a su pantomima, sus reputaciones quedan absolutamente afectadas.
Por eso y por lo que hasta ahora se ha sabido y también comprobado, el ministerio público central parecería que tiene una notoria vocación de hacer de los casos que investiga, el convertirlos en sujetos de persecución política y con lo que automáticamente se descalifica frente a la nación.
Ya anteriormente y en otros gobiernos, se dieron ocurrencias parecidas, pero a decir verdad, nunca con las características de retaliaciones políticas y personales de las que en la actualidad la Procuraduría General de la República, así como su departamento a cargo de los casos de corrupción política y gubernamental, sus funcionarios e investigadores se han empeñado en presentar y que de tan arriesgados en las imputaciones de supuestas o aparentes culpas, en su y para decirlo de alguna forma, libre albedrío, los fiscales y entendiéndose por encima de las leyes con las que persiguen a los delincuentes de cuello blanco, ellos mismos también incurren en groseros errores y procedimientos de ilegalidad e igual de ilegitimidad.
Dándose el resultado, de que nadie cree en la rigurosidad de sus investigaciones y muy poco en sus resultados. ¿Quién ha visto que para dilucidar un caso e imputar a un probable o posible procesado haya que llevar ante un tribunal un expediente de mas de doce mil paginas por ejemplo y de hecho perturbando de semejante modo el juicio de valor de cada tribunal y juez que se vean sometido a semejante escarnio de burla a su autoridad, al tiempo que es una cruel invitación a que el caso se prolongue en el tiempo y solo dilucidando el contenido de semejante expediente tan voluminoso?
Porque de eso es que se trata, cuando un fiscal quiere hacerle ver a un juez que su poder de decisión -del juez- está condicionado al atropello de vociferantes mediáticos que acompaña todo proceso supuestamente delictual que lleva el ministerio público y con lo que automáticamente, el o los imputados, quedan sometidos a un acribillamiento mediático y como respaldo decisivo a las decisiones que los fiscales políticos, decidan lo que entiendan a su modo de ver tan prejuiciado, es delito, sospecha de delito o potencial delincuente.
Todo comenzó con la imputación tan demencial y jurídicamente insostenible de la persecución que el gobierno de Abinader-PRM-Competitividad y en la persona de la anterior procuradora general, una dama emocionalmente inestable, que desde el primer momento demostró un empeño suyo y muy personal, de incriminar al anterior procurador general del que había recibido el relevo del cargo.
Fue por ese modo de actuación, que resultó, que después de haber recibido como bueno y válido el sistema de construcción y edificado y entregado con todos sus detalles para su utilización inmediata, de la ya conocida Cárcel Las Parras, que el infierno se desata contra el anterior PGR y al grado, que no hubo respeto alguno a su persona, menos a su dignidad, sí acorralamiento absoluto, ultraje a su dignidad como persona y haciéndole dormir en el suelo en la cárcel donde le metieron y violación constante de su libertad de movimiento y de tránsito y para más insidia, haciéndole pasar un viacrucis absolutamente injustificable y por lo que después se ha comprobado, que se trataba de una profunda retaliación personal y política, que cuando todo vuelva a su nivel, estamos muy seguros de que ese caso pudiera ser explicado racionalmente.
Ahora, se ha entrado en otro y tan sonado como el primero, pero con características propias e inusitadas de complicidad de áreas del Poder Ejecutivo y al extremo de perseguir y ridiculizar a un asociado directo como suplidor del Estado y por el único interés de hacer valer una vendetta presidencial contra un joven empresario que había obtenido contratos para dirigir y administrar todo lo relativo al registro civil y el documento nacional de identidad e igual el de licencia para conductores como también todo lo atinente a vigilancia de alta tecnología en todo el espacio fronterizo con Haití.
Lo realmente notable de este caso -intrant le bautizaron- es que de algún modo, el mismo presidente Luis Abinader se le entendió implicado en todos los detalles de formación y hasta que el Poder Ejecutivo asumió que había que golpear y rudamente al colaborador caído en desgracia y por el escondido propósito de traspasar la ejecución de la estructura de documentación tecnológica, de seguridad y vigilancia, a favor de una empresa haitiana muy asociada a uno de los socios del gobierno plutocrático y la misma de origen haitiano.
Aquí tampoco se cuidaron los detalles y el atropello fue y si se quiere, más rudo. Pues el gobierno aceptó que el ejecutivo principal a cargo de su implementación colocara dinero suyo obtenido como capital de trabajo dentro del sector financiero y para que al final y después de haber invertido mil cien millones de pesos, salirle con la pachotada de entregarle unos doscientos millones de pesos y para luego salir con la narrativa, de que el empresario había “estafado” a la autoridad implicada. En este punto, igual en acusación primaria, al anterior.
De locura vino, cuando se supo que el más importante asesor presidencial personal, es socio del entramado societario de la empresa involucrada e imputada ahora como delincuencial y que estallado el caso judicialmente, para nada este funcionario fue llamado a investigación y menos interrogado. ¿Cómo es posible que si supuestamente el presidente de una compañía está implicado en un hecho doloso que afecta los dineros públicos, solo a él se le haya imputado y para nada ningún socio o co-responsable societario?
Ahora los dos casos están pendientes de sus fallos procesales de parte de dos tribunales y en el interin, abiertamente, el ministerio público actuante colocó a ambos ante un generoso paredón mediático, por el que no ha quedado honra o reputación en pie y con el solo propósito de que la atrapada opinión pública dicte el veredicto que como plebe manipulada, el ministerio público quiere y como su ultimo recurso para condicionar a los jueces y que realmente es una canallada, porque legalmente, las opiniones y juicios de valor de los fiscales, nunca ligan al criterio y decisión de los jueces.
Sin embargo, al final, parecería que el factor político será el parámetro sinuoso por el que los jueces a cargo deberán lidiar y en su búsqueda de descubrir la rigurosa verdad de los hechos. Lo que parece, es que en el gobierno no quieren dos fallos que les vayan en contra y por eso el condicionamiento mediático es lo más parecido a un juicio mediático previo.
Ni que decir, que solo con estos dos casos, el estado de derecho ha sido afectado en miles de pedazos y aun así, el gobierno continúa implicado a lo absoluto en el afán de sus procuradores, de que a los imputados se les condene y duramente.
En consecuencia, nadie con sentido común podría entender que no se está ante dos casos que han sido llevados tan atropelladamente y como base para que de “juicio justo”, lo que resulte, sea absolutamente lo contrario a lo que debe ser el fruto de una decisión judicial ponderada y serena, reflexiva y respetuosa de la verdad.
Solo hacemos la observación crítica y porque entendemos, que el poder desbocado también está obligado a guardar las formas, respetar el estado de derecho, ser un abanderado de la verdad y muy particularmente, no creer que tan abusivamente puede tratar a las personas y a la nación y como si todos fuéramos idiotas, pues eso de que fiscales que fueron subalternos del ex procurador, sean los que han preparado las acusaciones contra este, es el colmo de la irregularidad extrema y nos referimos al primer caso.
De ahí que temiendo lo peor, solo hablemos de los claros y oscuros de dos casos judiciales que tienen muchas aristas y en particular la secreta alianza del entorno presidencial: Intrant y Medusa. Con Dios. 26.04.2026
