Para el día 14, el gobierno del presidente Leonel Fernández facilitó el control aéreo y las instalaciones del aeropuerto internacional en Barahona, otorgó igual facilidad en los puertos de Pedernales y Montecristi y entregó instalaciones e infraestructuras para que toda la ayuda internacional llegara por esos tres puertos, al tiempo de entregar locaciones para que el gobierno haitiano, presidido por el haitiano de origen dominicano, el ingeniero agrónomo, René García Preval, pudiera disponer y trabajar desde ellos.
Los gastos incurridos por el contribuyente dominicano pasaron de los 100 millones de dólares y sin contar los 50 millones de dólares que costaron las instalaciones de una nueva ciudad universitaria donada por el Estado Dominicano.
Al 24 de enero se había iniciado la más formidable operación de rescate humanitario solo de personas y la que un año luego, arrojó un millón de ciudadanos haitianos y sus familias directas, a las que se les permitió entrar al territorio nacional libre de visados y control aduanero y permitiéndoseles trabajar desde donde quisieran.
¿Cómo se nos pagó? Intentando asesinar al presidente de la República en una de sus visitas a la capital haitiana y despreciando totalmente -su clase media- la construcción y entrega de la nueva universidad. Mientras oenegés y la ONU y sus organismos colaterales arreciaban sus criticas insidiosas y mentirosas contra esta nación y por lo que llaman «bárbara persecución y atentado contra los derechos humanos de los haitianos en República Dominicana», en tanto EEUU facilitaba miles de millones de dólares a fundaciones como la de los Clinton «para auxiliar a los pobres haitianos» y la «comunidad internacional» miraba hacia otro lado.
Pero hay más, a resultas de semejante situación de emergencia y de lo que hace 16 años, del millón de ciudadanos haitianos inmigrantes humanitarios, nacieron cerca de 100 mil niños y los que ahora son adolescentes de 16 años que nunca más han vuelto al país de sus padres y de los que más de la mitad hicieron descendientes y en muchos casos con parejas dominicanas.
Esto quiere decir, que al año del terremoto (2011) ya teñíamos una población inmigrante haitiana flotante, o sea, no regularizada; que había crecido exponencialmente y lo que vino a notarse cuando en el 2013, el 29 de noviembre, el presidente Danilo Medina y mediante el decreto número 327-13 y aplicando el artículo 151, de la Ley General de Migración, No. 285-04, que dispone que el Gobierno dominicano debe elaborar un Plan Nacional de Regularización de los extranjeros en situación migratoria irregular radicados en el país, cumplió con el mandato de que se “instituye el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana, que establece los términos y condiciones para la regularización migratoria del extranjero que se encuentre radicado en el territorio de la República Dominicana en condición irregular, a los fines de conducirlo a adquirir un estatus de legalidad documental bajo una de las categorías establecidas en la Ley General de Migración, No. 285-04, del 15 de agosto de 2004”.
Esa decisión de Estado fue la respuesta directa del Poder Ejecutivo a la sentencia del tribunal constitucional TC/168/2013, dictada el 23 de septiembre de 2013, que ordena la elaboración de un Plan Nacional de Regularización, estableciendo “que los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en el país no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, aplicando este criterio de forma retroactiva desde 1929”.
Es a partir de esa sentencia tan arbitraria y con el pretexto de proteger la nacionalidad dominicana, que los dominicanos nos encontramos ahora inmersos en el debate actual de conflicto moral y legal sobre quien es o no dominicano y si se trata de extranjero ilegal nacido en nuestro territorio y al ser sus padres ilegales.
El sentido común indica, que desde el TC, nunca ese grupo de doctos burócratas, de los que uno de ellos es dominicano hijo de caribeño ilegal de origen inglés (cocolo) podía cometer semejante arbitrariedad y que ante la situación de hecho generada por nuestras propias debilidades constitucionales y a partir del 2010 por los efectos del terremoto en Haití, por obligación moral no teníamos derecho a despojar de la nacionalidad dominicana, por lo menos, a los hijos de extranjeros ilegales y en este caso de padres haitianos.
Ahora la situación ha devenido a peor, pues tan pronto el presidente Luis Abinader llegó al poder en agosto de 2020, desconoció los efectos del programa de regularización y en momentos, que solo faltaban 150 mil haitianos que ya el Estado y desde el ministerio de Interior y Policía les había recibido sus documentos hábiles.
Sin embargo y para el comienzo de su segundo gobierno iniciado en agosto de 2024, el mismo Abinader y a requerimiento de individuos de la burguesía haitiana y apoyados por su igual dominicana, accedió a la implementación de su política de haitianización progresiva en procura de mano de obra haitiana y para los negocios, empresas e industrias y con la especialidad para la agroindustria, la minería y el turismo.
Esta nueva política, ha conllevado la entrada ilegal de cerca de un millón de haitianos ilegales y generando el mayor ámbito de crispación entre las dos naciones. Una, porque no quiere que vuelvan a su país de origen y la otra, porque entiende que se está afectando la dominicanidad.
Ante este dilema. ¿Qué hacer?, que jurídicamente, el TC modifique su sentencia y para abarcar a todos los haitianos y sus hijos que entraron al territorio nacional por el proceso humanitario generado en el 2010 y mediante esta premisa, que a los hijos se les reconozca la nacionalidad dominicana y a sus padres la residencia legal y que los originados en el tráfico ilegal de Abinader, que incluye trata de personas por parte de militares, policías y agentes migratorios, la mayoría sean devueltos a regularizar sus documentos personales en su país y para que después sean aptos para cumplir con el procedimiento legal de residencia, en tanto para sus hijos; que pura y simplemente, se les reconozca y solo a ellos como dominicanos.
Sabemos sí, que los radicales anti haitianos que se tienen desde las redes sociales, hay una fuerte resistencia a tolerar más inmigración haitiana irregular. Sin embargo, la realidad cruda da de a duro y nos dice, que tenemos que ser pragmáticos y juiciosamente sensatos, pues porque se reciba a cerca de un millón de haitianos como dominicanos y si aquí nos empeñemos en culturizarlos e integrarlos a la vida dominicana, creemos que sucederá con ellos, lo mismo que hubo con los haitianos ilegales que entraron a la República en el 1902 y quienes para en el 1920 con 18 o más años, se les registrara en el primer censo nacional de población y familia, tanto como dominicanos y otros como residentes legales y quienes 106 años después (1920-2026) son y sus descendientes, dominicanos de pleno derecho.
Resuelta esta situación, que entonces se dicte una ley de la República y desde el Congreso Nacional, que se prohíba la inmigración haitiana y cerrando la frontera por veinte años para fines de personas y para dar el espacio necesario, de manera que los recién llegados por la regularización migratoria, se integren plenamente a la vida dominicana.
En @porojocerradura, entendemos, que nuestra propuesta, sujeta a discusión y estudio, no solo que la hemos hecho de buena fe, sino que consideramos, que hay que darle un corte final a tanto desencuentro y animosidad entre los dos pueblos y sus naciones que comparten la misma isla. Además, es hora de terminar drásticamente con la discriminación por nacionalidad y raza.
A los dominicanos se nos ha hecho creer, que Haití está compuesto por los negros que sus mulatos discriminan a muerte y lo que no es así. Haití es tanto mulata, mestiza y blanca como lo somos los dominicanos y solo los idiomas nos diferencian. ¿Dónde los encontramos? En su interior y no solo en la negritud de los que viven de hecha días en la periferia de Puerto Príncipe y en la mayoría de sus pueblos fronterizos y quienes son la parte que los dominicanos conocemos y no se olvide, que en Haití hay no menos 100 mil hogares, de familias de haitianos de origen dominicano.
Al hacer este recordatorio, nuestro interés es que se entienda, que para el 2075 (49 años) todos los haitianos y dominicanos nacidos del 1930 al 1961 habremos muerto y por lo tanto, no tenemos derecho a dejar a quienes no sucedan, nuestras taras, recriminaciones, desavenencias y racismo, a los dominicanos y haitianos que están naciendo hoy y que tienen derecho a tener dos países -sus naciones- libres de animosidades y divisionismos infecundos.
De ahí este recordatorio: 12 de enero de 2010: Terremoto de Haití a 15 kilómetros de Puerto Príncipe a las 04:53 (et) y una hora después y espontáneamente, más de 10 mil dominicanos habían salido en su ayuda y un día más tarde, el gobierno dominicano se volcó en la más grande operación de salvamento humanitario llevada a efecto por la nación dominicana. Con Dios. (DAG) 10.07.2026
última actualización: 10:30 am.
