A cinco meses de que los dominicanos electores definamos el destino del Estado y en manos de que presidente y partido se encontrará en los próximos cuatro años, sería bueno, que tanto el presidente Abinader como el mismo PRM, entiendan que su ejercicio administrativo de gobierno está en funciones y no de ejercicio constitucional cabal.
Esta realidad constitucional, impide que el presidente y su gobierno pudieran ejercer una política de administración a largo plazo y por consiguiente, que la misma nación tenga que adaptarse a esta etapa transitoria que se inició el primero de enero y que terminará tan pronto el 18 de mayo se defina quien será el presidente de la República para el periodo 2024-2028 y por consiguiente, que partido le acompañará en el ejercicio del poder.
Lo que debe advertirse y para que todos, ciudadanos, presidente y gobierno, sepamos ubicarnos y saber y conocer, que todos tenemos pasos limitados dentro de lo que ahora es un lapso constitucional extremadamente frágil en lo institucional.
Al mismo tiempo, hay que advertirle al PRM y a sus correligionarios en el disfrute del poder, que deberán abstenerse de pretender tomar por asalto la cosa pública y dañar la infraestructura administrativa del Estado y que ha sido una práctica continua y temeraria, de ese “efecto PRD de Peña Gómez”, que por lo menos hasta el 2004 se había impuesto y provocando una debacle en la estructura administrativa del Estado. (DAG-OJO)
