La nación despertó ayer con la información de que otro grupo de oficiales militares había sido arrestado por el ministerio público como parte de la amplia investigación de la red de corrupción vinculada al pasado gobierno de Danilo Medina y que los fiscales han nombrado “operación Coral 5G”.
Pasada la medianoche, la Procuraduría General de la República informó a la prensa que había realizado 49 allanamientos en la capital, Santiago y La Vega en los que fueron arrestados tres generales en activo y otros oficiales militares.
Se trata del general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Además, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; Erasmo Roger Pérez Núñez, el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y César Félix Ramos Ovalle.
“Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”, dijo la Procuraduría en un comunicado de prensa.
RD$4,500 millones
Anoche, la Procuraduría General de la República informó que la red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación en desarrollo.
Igualmente, el ministerio público declaró que en las próximas horas solicitará prisión preventiva y declaración del caso complejo contra los nuevos detenidos.
El exdirector del Cestur, general Torres Robiou, recibía mensualmente medio millón de pesos en efectivo de parte de Raúl Alejandro Girón Jiménez por “concepto de inteligencia”.
Durante un interrogatorio realizado hace meses por el magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, el actual imputado por el Caso Coral, reveló cómo, supuestamente, entregaba la suma de RD$ 500,000 cada mes a Torres Robiou.
“Podía ser mucho menor un mes o mucho mayor otro, pero en promedio anual eran aproximadamente quinientos mil pesos mensual”, dijo Girón Jiménez.
Dijo que al entrar Torres Robiou al Cestur lo designa como “Encargado de Nómina” y para el 2017 fue designado como “director de Informática y Tecnología” y en adicción a eso era Subdirector de Sueldos. Aseguró que como parte de las evidencias fraudulentas que se realizaban en el Cestur, está un recibo de RD$54,448 a nombre de Evento Azur que se hizo para pagar una actividad del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de que se entregaron dos millones de pesos en efectivo para comprar un cheque de administración.
El caso se desprende de la Operación Coral, con la que el ministerio público logró prisión preventiva por 18 meses de 5 personas, entre ellas la presunta cabecilla de la red criminal el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Este nuevo operativo se suma a los seis casos anticorrupción bajo la gestión de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que han llevado a la cárcel a la mayoría de sus implicados.
Sin embargo, llama la atención de que hasta ahora el MP no se hubiese enfocado en el entramado de suplidores y comerciantes que eran parte del “tejido” criminal y cotizando productos y mercancías a sobre precio y otorgando porcentajes a los apresados.
El pasado 8 de diciembre el entonces juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, impuso medida de coerción a todas las personas incluidas en el expediente del caso Pulpo. [Listín Diario-Ojo]
