Si hay una situación que sea altamente indignante, es esa de que cuando en un caso de robo y saqueo público como el producido por el caso Calamar, la juez actuante, Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, acomoda los debates a que el resto de los dominicanos no los conozcamos y como tenemos derecho en el momento que se produzcan y en cambio, otorga protección e inmunidad sobre cobertura mediática, que de inmediato provoque, que la ciudadanía entienda que el Estado delincuente y vía el poder judicial, pretende silenciar las decisiones que se tomen sobre el destino inicial de cada uno de los imputados en la apertura de las medidas de coerción.
En este sentido, nada ni nadie podría quitarle de la mente a los millones de dominicanos que nos sentimos estafados y engañados por la juez actuante, al favorecer que nada de lo que en el tribunal se diga trascienda libremente y lo peor, que con la orden de ordenar que la audiencia sea a puertas cerradas y sin prensa, de hecho, se favorece que las factorías mediáticas hagan una narrativa novelada de lo que ocurrió y porque se ha querido que nada trascienda en toda su crudeza.
Por semejante comportamiento tan indigno y poco profesional, se hace evidente que los ciudadanos podemos pensar cualquier cosa e incluso, achacarle a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, cuya cabeza y hasta agosto de 2020, fue un activista del Partido de la Liberación Dominicana y mano derecha del candidato presidencial de aquel entonces y ahora imputado por robo, estafa, fraude, falsificación de documentos y apropiación de recursos públicos en el caso Calamar, la insólita decisión tomada por la juez.
Son ya más de diez años, que la misma inconducta ha sido tomada por jueces débiles de carácter y a quienes sus superiores les exigen que den un manto de impunidad indirecta sobre los potenciales delincuentes y a quienes tienen que juzgar y que como hemos visto desde el caso Odebrecht y hasta la fecha, prácticamente ninguno ha conocido de sentencia condenatoria que definitivamente la atrapada opinión pública entienda, que en este país y desde el Estado, definitivamente se condena y encarcela a quienes han cometido las peores tropelías abusando de los recursos de los contribuyentes.
Precisamente y por esa falta de respeto hacia las instituciones y a la ciudadanía, la partidocracia se burla descaradamente de la nación y en el territorio nacional, todos aquellos que se sienten frustrados al ver tal grado de impunidad a favor del crimen organizado desde el poder, asumen erróneamente, que como aquí a nadie que haga lo mal hecho se castiga, entonces la ciudadanía debe adaptarse y ser parte del pillaje a gran escala, que políticos, partidos, empresarios y banqueros han venido realizando desde los últimos 62 años.
Primero por parte de los trujillistas que falsamente se decían “víctimas de la tiranía” y robando y junto a la oligarquía, 500 millones de dólares en propiedades, fabricas e inmuebles de toda naturaleza que la dictadura había creado y para beneficio de la nación.
Luego de ese despojo, vinieron las famosas cantinas militares y policiales en las que guardias y policías de rango robaron más 100 millones de dólares e involucrando a esa pequeña burguesía, que en aquel entonces, sus miembros entendían que tenían derecho a aprovecharse del gobierno del país.
Sígase la cuenta, con los carteles de choferes sindicalizados y su programa Renove y siguientes, apropiándose de más de mil 500 millones de pesos del presupuesto nacional a favor de los pandilleros del volante y ahora, algunos convertidos en dirigentes “honestos e íntegros” de centrales de transportistas.
Paralelamente, recordemos a los dominicanyorks que vinieron con sus dineros ilícitos, propiciando y favorecidos por los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) al crear bancos comerciales y financieras al mejor postor, imponiendo un lavado general de activos, que fue superior a todo lo que la oligarquía robó y se apropió en los primeros meses de desaparecida la dictadura y teniendo de portaestandarte, aquella familia de San Francisco de Macorís, que estableció el negocio de la droga a gran escala de marihuana y cocaína (crack).
Absolutamente, nada de esos latrocinios fue castigado y mucho menos condenado y hasta que para los años ochenta se llegó a los grandes fraudes y estafas bancarios y resultando en la quiebra de cuatro bancos, que arrojaron una pérdida neta para la economía de 4 mil millones de dólares que y que recién para el 2018 fuera pagada por los contribuyentes.
De ahí, que cuando se recuerdan todas esas inconductas a gran escala y en las que los gobiernos que habían fueron cómplices directos de tantas fechorías, ahora que se conoce de los últimos nueve casos de saqueo y robo a gran escala propiciados por el PLD desde el 2004 al 2020 y en una dimensión tan alucinante, que fácilmente se podría entender, que se llegará a una pérdida neta para los contribuyentes de 100 mil millones de pesos y entendiendo también, que jueces y fiscales son “alcahuetes solidarios” de las mafias que se han aposentado en el poder y que es la razón por la que ahora y descaradamente, la judicatura le dice a la nación que todos estos ladrones, pillos y saqueadores se merecen que sus casos sean discutidos a puerta cerrada y cuando de lo que se trata, es del robo a gran escala más grave llevado por políticos y partidos y sus compinches comerciantes y suplidores del Estado y en contra de la nación.
Cuando se hace un repaso de todo este prontuario de inconductas y acciones criminales y por individuos que traicionaron a la nación y que lo único que se merecen es ser fusilados, se destapa la juez actuante, Romero, en el caso Calamar y privatiza las audiencias para que los ciudadanos que hemos sido estafados, no conozcamos y por boca de los imputados, de todo cuanto hicieron junto a sus cómplices todavía ocultos y para llevar a la República a la quiebra.
Viendo esta realidad, lo menos que debe decirse, es que la juez actuante le ha fallado a la nación, que no se merece ni siquiera el beneficio de la duda y que el Consejo del Poder Judicial debe de sancionarla duramente por su abierta complacencia con el crimen y la corrupción desde el poder.
Mientras tanto y llenos de coraje, decimos y preguntamos en el caso Calamar: ¿Por qué a puertas cerradas?, ¿acaso esos delincuentes no saquearon el patrimonio público y deshonraron a la nación? ¿Por qué el privilegio de que los debates no sean públicos? Sea pues nuestra más firme protesta. (DAG) 30.03.2023
