Dentro de la clase gobernante y su ramal empresarial, parecería que hay una de nervios, que a algunos empresarios los ha llevado a utilizar un lenguaje de barricadas nada correcto

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Dado lo que la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) expresa y que es lo más parecido a una granada fragmentaria lanzada desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP via esa etiqueta empresarial de soporte propagandístico, parecería que es la curiosa pretensión por la que entienden, que ellos son algo así como el gobierno y que al Estado y via el gobierno de Luis Abinader, este es su vasallo y lo que no es así. Una cosa es no estar de acuerdo y otra el ser tan desconsiderado e hiriente. No hay presidente con los pantalones bien puestos que se quede cruzado de brazos ante desafío tan insolente.

Y es, que realmente sorprende el lenguaje utilizado por el empresariado y con el pretexto de que los de Herrera han entendido que deben hacer sentir su malestar y ante lo que asumen, sería una política gubernamental errada que afectaría sus intereses.

Hasta ahí habría que considerar, que están en lo correcto al hacer uso de su derecho ciudadano a manifestar su libre opinión y mucho más, como ciudadanos y grupo social que pertenece a la treinta de organizaciones empresariales que componen el CONEP y al dar a conocer sus criterios. Sin embargo, la manera de como su presidente, Noel Ureña Ceballos lo hizo, simplemente, se sale de toda normativa de decencia y hasta de probidad.

¿Cómo es posible que estos intereses, sus representantes y miembros olviden, que así como tienen derecho a expresarse y hacer sentir su disidencia frente a un tema específico y como lo es, lo de la posibilidad de una nueva reforma fiscal, olviden al mismo tiempo, que bajo ningún concepto pueden suponer o poner en duda, que  el gobierno que esté y en este caso, el que dirige el presidente Luis Abinader, no sea el único autorizado y con calidad administrativa para ello, para decidir sobre la política económica a seguir y lo que razonablemente impide a terceros pronunciarse y caer en el error, de plantear lo que los intereses empresariales entienden que al respecto el gobierno debe hacer?

Por eso, no podemos estar de acuerdo con lo dicho por Ureña Ceballos, en el sentido, de que primero, “se debe concluir el Pacto Eléctrico y luego abordar el Pacto Fiscal, no una reforma o parches y menos solo hablar de aumento de impuestos”. Al tiempo de indicar que su entidad aboga “por el inicio del diálogo del Pacto Fiscal y lo que sorprende que se quiera iniciar rápidamente y sin acogerse a los pasos ya acordados entre los sectores público y privado”.

Entonces, ¿quién es el que gobierna en este país?, ¿los empresarios o el presidente Abinader? Y esto hay que advertirlo y no obstante que disentimos de todo cuanto ahora se ha planteado sobre el supuesto pacto fiscal del que las autoridades han dicho, que su opinión cierta la plantearán los próximos días y en voz del ministro de Hacienda. Es decir, ¿cómo opinar sobre lo que no se conoce oficialmente y sí aprovechar la circunstancia para tratar de imponerle directrices al gobierno?

En este aspecto, nadie tiene que estar a favor o en contra de Abinader y sí tener el suficiente sentido común y mesura y como para entender, que, por rumores, inclusive alentados hasta por el mismo presidente y en su pernicioso afán de hacerse grato a todo el mundo, cuando ese no es su papel y sí el de gobernar con criterio, diligencia, probidad y también con hechos y argumentaciones válidas. ¿O es que algunos voceros empresariales han perdido de vista, que nunca el poder económico y financiero, nunca y hay que recalcarlo, puede sentirse o hacerse entender que es más poderoso, fuerte y determinante que el poder constitucional que descansa en el ciudadano que haya sido electo como presidente de la República y como único responsable del Estado Dominicano?

Ahora bien, ¿será que el atrevimiento consumado por el empresariado en lucha mediática de desinformación contra la reforma fiscal, tiene que ver, con que Abinader preside y creó el primer gobierno plutocrático que esta República ahora exhibe y que por lo tanto, en el CONEP entienden, que el presidente -empresario también- está obligado a pactar con el empresariado, no afectarles sus intereses y mucho menos quitarle la montaña de privilegios y prebendas que significan más de 100 mil millones de pesos dejados de recibir por el fisco y por subsidios gubernamentales de todas clases, al tiempo de que son responsables de esa evasión de casi un 40 % que ahoga la economía y en particular los ingresos gubernamentales?

Desde el punto de vista ciudadano y por lo dicho por el presidente de la ANEIH, no es posible aceptar semejante atrevimiento, que perfectamente puede ser resumido en lo dicho por Ureña Ceballos y por instigación de la presidencia del CONEP, en cuanto a que “no se puede aplicar una reforma por sorpresa sino consensuada. El Gobierno no debe de hablar de reforma sino de pacto, como siempre se ha estipulado. Y no de una reforma para solo recaudar impuestos, sino abordar también el gasto público” y por más que sea cierto, que las autoridades tienen una gran desmesura en el gasto y lo que si se analiza, se verá que a partir de la pandemia, sencillamente toda la economía fuer desarticulada y que mientras el Estado se achicaba en materia de ingresos como de liquidez, el empresariado y desde marzo de 2020 a este día, es inequívoco que ha ganado el doble de ingresos y en la mayoría de los casos sin ser declarados debidamente.

Y si esto es así, ¿cómo el empresariado tiene el coraje de oponerse rabiosamente al proyecto de reforma fiscal, cuando los números y estadísticas nos dicen, que si los empresarios no pagan los impuestos en el nivel de doble ingresos que tienen desde hace más de un año, nunca el gobierno podrá llegar a disponer de los suficientes ingresos como para cubrir el tremendo déficit operativo que ahora tiene y para cubrir a su vez la cuenta de ayudas sociales y sanitarias de emergencia?

Conociendo esta realidad, es imposible estar de acuerdo con el CONEP y por más que entendamos, que, por el lado malo del gobierno, ciertos funcionarios provenientes del PRD de cuando la Guerra Fría, dan lo que no tienen y hasta para que el mismo Abinader fracase y lo que juiciosamente nadie con sentido común podría alentar.

Espérese entonces, el documento que el gobierno hará público y por lo que entendemos, entre mañana y el lunes y para que toda la nación opine y al tiempo que le pidamos a Abinader que suspenda su anunciada gira de acuerdos de aposentos con el liderato político, a reservas de incluir al empresariado, el que en ese aspecto y solo por el millón y pico de empleados que dispone, también se merece un trato mejor diferenciado que el que hasta ahora Abinader ha creído entender que debe darle a la dirigencia política y cuyos miembros y en líneas generales, por inescrupulosos desde los gobiernos que han dirigido o formado desde el 1996 al 2020, son también los grandes responsables de la ola de corrupción que bate a esta nación.

Terminamos este análisis político de Estado y solo diciendo: Dentro de la clase gobernante y su ramal empresarial, parecería que hay una de nervios, que a algunos empresarios los ha llevado a utilizar un lenguaje de barricadas nada correcto y solo, porque muchos no quieren pagar impuestos, sí evadir y que la nación viva dentro del desorden que se quiere corregir y así no es (DAG)