Durante más de dos años, nos resistíamos a creer o siquiera considerar que el gobierno del presidente Luis Abinader y su PMR, recalcamos, nos resistíamos a creer o siquiera considerar que fuera uno compuesto por delincuentes y en específico una mayoría de cuello blanco o de métodos y políticas francamente delincuenciales, pero ante la realidad que se vive, hemos tenido que terminar claudicando y al entender, que efectivamente la política que se practica es de puras mafias organizadas o avariciosos a responsabilidad de terribles grupos económicos y financieros y todo un conglomerado de empresas de ingeniería y construcción, quienes simplemente están saqueando abusivamente a la nación, su economía y toda la riqueza nacional.
Solo hay que comprobar el tremendo retroceso que ha experimentado este país, en términos burocráticos de Estado ó de obras públicas y para no hablar de políticas abiertamente desalmadas y con el solo propósito de que un grupo de empresarios y financieros aventurados, tripliquen sus fortunas, activos y bienes y que, de acuerdo con expertos, es un delito continuo de más de 300 mil millones de pesos desde el 2020 a este inicio de año.
En este sentido, las sospechas más firmes apuntan hacia el llamado Consejo Nacional de Competitividad (CNC) cuyos 38 empresarios que componen su pleno, son quienes realmente se reparten todos los contratos, contratas y obras públicas y lo más grave, dejando destruir las existentes y teniendo contratos sobrevalorados en su valor-costo y a un grado terriblemente demencial.
Por ejemplo, ¿qué hubo con los anuncios de construcción del monorriel capitaleño de carga y pasajeros que después lo cambiaron para una repetición del metro capitaleño y con el disfraz de tren metropolitano o lo relativo a las empresas derivadas de la ley de fideicomiso, o el infame contrato de Aerodom y para no hablar de la revisión sobre los impuestos a los combustibles y al costo de los pasajes aéreos?
Si toda esa maraña, ya reconocida como absolutamente delictiva se pudiera investigar y a base de un comité técnico absolutamente independiente y dado que senadores y diputados no cumplen su papel de contrapeso del gobierno como investigadores permanentes de los extravíos administrativos de este, posiblemente el terrible nivel de corrupción a gran escala que se conoce existe en el día a día del gobierno, nunca se hubiese podido presentar.
Se conoce, que a Abinader se le ha reclamado y por via de actos de alguacil y documentos solidos de investigación sobre hechos punibles desde el Estado y en la presente administración y los que debido a que tienen un plazo como mandato constitucional, tarde o temprano Abinader deberá responder como jefe de la administración pública y como así lo esperan especialistas de alta credibilidad, como el reputado ex senador Iván Silva (56 años) o el calificado abogado-investigador Remberto Pichardo (50 años) y quienes si no hubiese respuesta, tienen registrado en el tribunal internacional de la Haya parecidas diligencias legales y para que, por lo menos ese tribunal internacional, asuma una indagatoria exhaustiva.
Es decir, por lo que ha trascendido, al presidente Abinader y jurídicamente hablando, le es absolutamente imposible evadir su responsabilidad personal en todos los casos que se le señalan y por los cuales se les piden explicaciones. Pedidos, que en definitiva suplen la falta de interés de los miembros de la sociedad civil como de las fuerzas vivas, a quienes por lo visto la corrupción oficial les tiene absolutamente anestesiados y de ahí que no tengan interés en exigir del gobierno, que termine con el terrible saqueo que se está generando desde el poder contra la riqueza nacional y el patrimonio de la nación.
Para colmos, el gobierno y adelantándose a los ciudadanos que piden y exigen explicaciones, ha comprado o alquilado las conciencias al 90 por ciento de los dueños de los medios de comunicación, periodistas, comunicadores, productores de radio y televisión y lupanares mediáticos en las redes sociales y con el propósito de que los dominicanos de clase media o los de a pie, quienes son los más perjudicados por la corrupción oficial, no solo que no puedan enterarse de lo que realmente ocurre, sino que no tengan acceso a todos esos medios y para que ejerzan su derecho de cuestionar, al que por mucho podría decirse que es el peor gobierno dominicano en materia de corrupción a gran escala.
Al mismo tiempo la parte empresarial en el CNC que es dueña de los principales periódicos escritos, estaciones de radio y televisión y plataformas en internet, hace lo suyo creyendo que algún día no llegará el momento de que las fuerzas vivas de la nación les pidan cuentas por el saqueo de los recursos públicos en el que participan y hasta ahora con impunidad absoluta, asumiendo que nunca esta nación les exigirá responsabilidades y en lo que se equivocan de pleno.
Lo mismo va con los tres expresidentes de la República, coautores de la corrupción reinante desde que se prestaron en sus gobiernos para que los empresarios ricos se sirvieran del Estado tal como si este fuera una vaca de ordeño del que pudieran beneficiarse sin problema alguno y que es la poderosa razón del porque ninguno de ellos y nos referimos a Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina Sánchez y junto al presidente Luis Abinader, no han hecho absolutamente nada para defender los intereses permanentes de la República y por lo que algún día, deberán de ser sometidos a sus respectivos juicios de residencia y para definir las responsabilidades sobre este crimen de Estado que ha significado que todos ellos sean los responsables en cuanto a que en estos momentos los grupos económicos y financieros tienen más poder que el mismo Estado.
De este modo y en este contexto todos esos ricos atracadores y delincuentes, entienden que ellos controlan los sectores militares y policiales y como hacen ahora con sus propios organismos de inteligencia y data que tienen desde sus bancos comerciales y que, por lo tanto, desde el sector uniformado, asumen que nunca podría haber algún tipo de alzamiento en su contra.
Aun así, los miembros de la plutocracia y atrevidamente entienden, que supuestamente ellos están por encima del bien como del mal y por eso están seguros de que sus tropelías y saqueos nunca serán investigados y menos juzgados.
Lo único es, que la plutocracia olvida este siguiente detalle: Que de cada 100 dominicanos nacidos desde el 1960 a la fecha, la totalidad es adversa a la plutocracia reinante y por una poderosa razón, que estas nuevas generaciones saben, que si dejan que los ricos les roben la República como le hicieron a las generaciones del 1930 al 1960, todas las nuevas y de ahora al fin de este siglo, se expondrían a perder su nación y quienes como jóvenes de este siglo, estamos muy seguros que no lo permitirán.
Teniendo pues esa esperanza, es que decimos y denunciamos, que el Gobierno no es solo que luce incapaz e incompetente y avaricioso en grado extremo y como entidad plutocrática, sino que aparente y abiertamente, a sus socios empresarios les deja saquear la riqueza nacional. Con Dios. (DAG) 08.01.2024
