En este país, no menos de 9.5 de sus diez millones y medio de habitantes mal contados teníamos certeza de que la clase política o partidocracia como tal y desde el más grande al más chiquito no ha sido más que un grupo criminal depredador que ha acabado con el viejo espíritu de moralidad y decencia que tenía la administración pública desde antes del año dos mil.
Pero la situación de latrocinio a gran escala ha llegado a unos niveles tan extraordinarios desde que se puso en ejercicio la ley del cuatro por ciento para el presupuesto de Educación, que lo único que explica tanta negligencia criminal, podría encontrarse en tantos senadores y diputados, alcaldes, regidores y funcionarios del gobierno central, transformados en suplidores públicos y quienes en gran medida y también por la complicidad de los gobiernos, desde entonces han saqueado al Estado y por un monto no menor a los 10 mil millones de pesos.
Ahora el nuevo ministro de Educación, Angel Hernández, se ha propuesto un trabajo total de saneamiento orgánico y administrativo y sin importar que intereses tocaría, que lo único que esperamos es que el Poder Ejecutivo le brinde la protección de lugar y por el hecho, de que tal como ocurrió en Medio Ambiente que ciertos intereses asesinaron al ministro en ejercicio, igual pudiera ocurrir en Educación, donde la vastedad de la mafia existente e incluidos jerarcas del de la Asociación Dominicana de Profesores, han sido cómplices y algunos por omisión, del desastre humano y financiero que en el sector educación se ha producido.
Para colmos, parecería que toda esa mafia ha podido actuar con absoluta impunidad, debido a la complicidad manifiesta de dueños, directores y jefes de redacción de medios de comunicación y de información de masas dentro de la prensa mercancía amarillista, quienes, con empresas propias, también han sido parte del club de extorsionadores disfrazados como libreros y editores, quienes realmente han saqueado a ese ministerio.
En razón de todo cuanto se está descubriendo y que se quiere corregir, esperamos que el ministro Hernández sea respaldado públicamente por el presidente Abinader y que el Poder Legislativo establezca una ley de cumplimiento general, de que en tanto el ministro Hernández se encuentre en el ejercicio de su cargo, se le deje en el cargo, no solo en el periodo gubernativo actual sino al completo en el próximo 2024-2028 y como mínima garantía de que la revisión y profilaxis que se está llevando a efecto, no sea interrumpida y como anteriormente y en otros gobiernos ocurría y por lo que advertimos que todos los que han saqueado al Estado y desde ministros a directores generales y suplidores en Educación sean llevados y juzgados ante los tribunales. ¡Santísimo, cuantos ladrones! (DAG-OJO)
