Hace poco, la titular de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez, expresó en rueda de prensa, lo que, por lo visto, es la primera critica ácida del ministerio público en contra de las sentencias blandas emitidas por cierto jueces para favorecer la delincuencia del narcotráfico y el lavado de activos.
Sin mencionar a nadie en particular, pero sí advirtiendo de la ocurrencia, la controversial magistrada, señaló que la mayoría de los imputados en estos casos de narco y lavado, extrañamente “obtenían la libertad pese a las graves imputaciones que pesaban en su contra y retomaban sus acciones” y para más adelante preguntarse: “¿Cómo lograron hacer todo esto sin que las autoridades lo sepan y reincidiendo en estos crímenes?”, lo que recoge una crónica del matutino centenario capitaleño.
En este aspecto, por primera vez el ministerio público se enfoca en denunciar y tratar de dilucidar todo lo relativo a jueces blandos o cómplices con las diversas formas y figuras criminales que concurren en el sonado caso denominado Operación Falcón y que por lo conocido de este, evidencia, que esa trama criminal o sus actores principales, a lo largo de los últimos diez años, solo pudo mantenerse y si definitivamente y que es lo que parece, porque quienes la dirigían supieron reclutar a determinados jueces y en diversas instancias del doble grado de jurisdicción, quienes y así como los apresados eran llevados a su presencia y con el rosario de cargos que les acompañaban, entonces esos mismos jueces y en base a puros pretextos los liberaban casi automáticamente.
Sin embargo, parecería y por la “timidez” de los directivos e integrantes de las diversas asociaciones de jueces, que, sobre el particular, no solo que no se han pronunciado y mucho menos se han dado por aludidos y por lo que definitivamente haya que decir, que el Poder Judicial y con este caso Falcón, ahora se desnuda como parte del entramado criminal y ante lo cual, hay que reclamarle a la Suprema Corte de Justicia que abra una investigación amplia y expedita sobre este particular.
Al tiempo de plantearle por igual a la Procuraduría General de la República, lo necesario, de que profundice en todo lo relativo a la posibilidad y que es lo que parece, de que exista un entramado delincuencial formado por jueces en la mayoría de los tribunales de la República y que unido al otro posible, de fiscales corruptos, alimenta las especulaciones más fuertes y por parte de una sociedad y pueblo, cuyos miembros no entienden el cómo la delincuencia a podido penetrar tan hondamente al poder Judicial y lo que debería de ser el mayor interés, por parte de quienes los nombran en el Poder Legislativo.
Es entonces y de esta forma, que hay que terminar por entender, que si la delincuencia a penetrado a niveles sencillamente inimaginables en el corazón del aparato de justicia, por obligación hay que mirar y revisar el accionar de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y fundamentalmente el que encabezaba el ahora expresidente Danilo Medina Sánchez y que es el punto que también obliga a investigar el accionar de procedimientos del gobierno actual y si se asume, que el principal motor de la corrupción se encuentra en el ejercicio del poder gubernamental.
Al plantear la situación, no es para decir que aquel o el otro gobierno o el mismo de ahora, hayan sido torpes en su mal manejo frente a la idoneidad e integridad que siempre debió de tener el Poder Judicial como un todo, sino que por semejante actitud y comportamiento tan frívolos y para no usar una palabra dura, hay que convenir, que frente a tantos despropósitos, lo mejor sería que habría que tener bajo sospecha a toda la clase gobernante y ni hablar de todos los miembros de la partidocracia y sin excepciones.
Por ejemplo, ¿puede un gobierno manejarse y como hacen muchos funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) discriminando a gente decente y de valer, mientras puertas adentro de sus despachos, discriminan a los ciudadanos por asuntos de persecución política o personal, contra voces que en algún momento hubiesen emitido una que otra critica dura con relación al comportamiento hostil de muchos funcionarios?
¿Con qué derecho en el gobierno del presidente Abinader se mantiene una persecución tácita y contra ciudadanos, cuyo único “delito” es ser opositores a sus políticas o críticos a sus iniciativas de poder y a lo que tienen derecho, al tiempo que hay una oleada de periodistas y medios y en particular digitales independientes o ciudadanos en las redes sociales, victimas de la represión publicitaria oficial y que es utilizada por el aparato de propaganda del régimen, para colocar contra la pared a quienes se atrevan a emitir juicios disidentes?
Caemos entonces en lo básico y que en cierto modo explica los amplios como intolerables niveles de corrupción política y gubernativa que existen y que no dejan que la gente decente y que es mucha, ayuden a perseguir la corrupción a todos los niveles o darles un apoyo efectivo y vivo a las instituciones tutelares, ahora tan zarandeadas por las imputaciones de corrupción agravada, que la ciudadanía siente y entiende que están afectadas. Pues, si la Justicia está a favor de la criminalidad, ¿cómo tener fe en un gobierno que se cuida en exceso por no quemarse y cuyo presidente, públicamente ha dicho que no quiere verse envuelto en investigaciones realizadas por la PGR?
Abinader y sin duda, una fuerte mayoría nacional le entiende un presidente decente y quien en cierta forma transita por un innovador camino nuevo. Pero él es uno y para llegarle es difícil y menos, cuando con el pretexto de sus espalderos, de que hay que protegerle para que ningún loco atente contra su vida, en realidad, la plutocracia así logra imponerle un anillo protector y también de limpia sacos a favor del culto hacia su personalidad.
Mientras, es más que significativa, que la terrible crisis moral que abate a esta sociedad, en donde nada es lo que es y que ni siquiera lo que parece y al extremo, de que hasta muchos jueces han sido tentados por el narco y el lavado de activos. (DAG)
