En la gestión del ingeniero Hipólito Mejía Dominguez, 2000-2004, el Gobierno firmó un acuerdo con el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), por medio del cual vendió solares a periodistas y comunicadores que pagaron a plazos a la Gerencia Financiera del organismo estatal.
Sin embargo, en gestiones posteriores esos solares sirvieron de excusa para llenar los bolsillos de funcionarios inconscientes que, al igual que con otros ciudadanos adquirentes de buena fe, abusaron de esas funciones para vender a otros lo ya vendido y crear un caos que no permitía a los beneficiarios acceder a sus derechos ya adquiridos.
Lo peor ocurrió cuando se creó la llamada Comisión de Titulación y en la gestión del abogado José Dantés Días, en 2018, cuando se votó una resolución que frenaba el derecho de esos adquirentes, muchos de ellos hasta con todos los impuestos pagos y a la espera del título con fecha fijada por la Jurisdicción Inmobiliaria.
Este abuso contra periodistas, comunicadores, reporteros gráficos y otras personas reclamantes impotentes, debe ser resarcido por las actuales autoridades en las personas de Rafael Burgos Gómez, director de Bienes Nacionales y Mérido Torres, en la Comisión de Titulación, porque el Estado está para servir a los ciudadanos y no para engañar a gente inocente que actúa y adquiere derechos de buena fe.
El Colegio de Periodistas que ha debido intensificar el reclamo por sus miembros, se ha mantenido en silencio, mientras muchos sacrificados profesionales que pagaron con dinero fruto del trabajo, aún esperan porque se les haga justicia.
Los funcionarios señalados no deben dar largas al asunto y actuar de oficio para indagar y procurar solucionar el daño causado por los desaprensivos del CEA contra gente humilde, para dar paso a adláteres políticos, a negociantes de la miseria humana y a lujuriosos incumbentes con bolsillos hambrientos.
Es tiempo de que los ciudadanos dominicanos comiencen a recobrar la confianza en sus autoridades a partir del reconocimiento de sus derechos y de la entrega de las porciones de terreno adquiridos de buena fe. Si se quiere hacer justicia, hay un camino para mostrarlo. ¡Esperamos por ustedes! Por: Santos Aquino Ru bio [El Caribe]
