Es de uso, que cuando un abogado o firma de abogados obtiene un contrato de cuota litis que autoriza el propietario de un bien inmueble expropiado o de alguna deuda no pagada, a realizar las diligencias de lugar, es que uno de estos se acerque a la institución a cargo del registro de esas obligaciones y para entonces dar los primeros pasos en procura de la consecución del mandato que se ha recibido.
Sin embargo, en muchos casos, esos profesionales deben acudir a individuos, quienes, por tener lazos directos con el poder, se les supone aptos para abrir esas negociaciones al más alto nivel y quienes dependiendo de sus influencias y por la clase de posición que se tenga: Director de medios, comentarista afamado o funcionario de segundo nivel, se entiende que pudieran lograr que el Estado repare los daños ocasionados en el tiempo e independientemente del gobierno que los hubiese provocado.
Hasta ahí todo va bien. Pero ahora resulta, que la corrupción política se mete en el medio y los profesionales actuantes tienen que empezar a repartir y llegándose en algunos casos, que del total de lo afectado, esos intermediarios quieren y como sucedía en el gobierno anterior, un sesenta por ciento del valor a erogar o que simplemente, un “comité de técnicos” decida ignorar las evaluaciones técnicas que el mismo Estado a hecho y por venganza política contra el dueño legitimo del bien expropiado, el total a pagar se reduzca a menos del 45 por ciento de su valor.
Sabemos de casos que se está presentando y ante los cuales, los perjudicados han planteado que no aceptan los resultados de esas supuestas auditorías y mucho menos, que Hacienda autorice unos pagos, que por la naturaleza de su origen solo pueden ser girados directamente a los propietarios perjudicados y que de hacerse lo contrario, generaría un escándalo político mayor y por la estafa perpetrada. Lo último es, que los expedientes se manejan en secreto y sin que los abogados o dueños dispongan de las copias de lugar y sobre expedientes que están en la consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Es por eso, que los profesionales que se sienten presionados solo hablan de recibir las reparaciones financieras si hay un documento oficial que avale la pulcritud de lo decidido o en último caso, intentar enterar al primer ejecutivo de la Nación y para que este decida y todo, porque ya ha trascendido y para colmos, a espalda del ministro, que el Ministerio de Hacienda está acosado por traficantes de poder busca pagos de deudas del Estado. (DAG-OJO)
