Los sindicatos del transporte público han manejado las rutas como un negocio. Por eso, los choferes creen que son dueños de los espacios que les asignan para realizar su labor.
Un chofer interpuso una acción de amparo, alegando entre otros, violación del derecho de propiedad, con la decisión de un sindicato de paralizar la circulación de su vehículo en una ruta por un conflicto de índole económica con un familiar.
El Constitucional estableció que hubo vulneración del derecho al trabajo y del debido proceso, pero no violación del derecho de propiedad, porque las rutas son un bien jurídico de dominio público, que pertenecen al patrimonio nacional, sin que puedan ser objeto de negocio. (TC-0330-21). Por: Wanda Méndez de Franjul [Listín Diario]
