Ahora resulta que las redes sociales se han convertido en abusivas brigadas de descrédito de destrucción moral, contra todo ciudadano que se pudiera encontrar ante una situación aparentemente conflictiva y sorpresiva al caminar o trasladarse por calles y avenidas y en grosero atentado a la libertad de tránsito ciudadano.
La situación es terriblemente inquietante, pues tan pronto alguien coloca en twitter o en Facebook o Instagran alguna imagen de alguien que se ve de improviso metido en un conflicto con otra persona, por ese solo hecho y tan pronto en el lugar donde la persona trabaja, allí se enteran. Rápidamente lo cancelan y sin importar que en su trabajo la persona sea un empleado ejemplar y lo que no es justo. Y lo que sucede, por el temor al qué dirán y a si se afecta la imagen de la empresa.
¿Por qué ocurre esto? Primero, por maldad y segundo, por envidia y tercero, por afán de hacer de desacreditar y hacer daño a alguien que trabaja.
De este modo, se ha llegado a la situación, de que la policía en las carreteras y ciertas patrullas militares en puestos de chequeos, hacen lo imposible por provocar a los conductores y para que estos se alteren y como los están grabando en sus celulares, para después utilizarlos ante sus superiore y para demostrar que el ciudadano “se violentó”.
De este modo desgracian a cualquiera y como le ocurrió a aquel comerciante cubano, joven él, que enfrentó a un agente policial extremadamente mal educado y abusador y quien, al estar indignado al verse abusivamente despojado de su derecho a replicar, llegó a manos de hecho contra el uniformado y al punto, de que fue tratado como el peor delincuente, se le dio cárcel arbitrariamente y no le expulsaron del país por ser residente legal y tener domicilio conocido y también empresarial. Tal mala práctica ya es recurrente en las patrullas policiales y militares en las carreteras. Provocan y para que, si los ciudadanos no se dejan extorsionar, caerles como a la conga.
Ante este comportamiento abusivo y antisocial, no son ni uno ni dos los ejecutivos de empresas que se han visto difamados en las redes sociales y quienes después se enteran de que han sido cancelados “por comportamiento indecoroso”.
Semejante situación de extorsión a gran escala a ciudadanos que no han cometido infracción alguna y de parte de otros ciudadanos metidos a delincuentes cibernéticos, en el país se está imponiendo poco a poco un ámbito de represión social de corte policiaco-represivo, que, de continuar, nadie puede decir que algún día no habrá una situación de sangre y ocasionado por este tipo de abuso de poder.
No es posible que los ciudadanos vayan por una carretera y que policías y guardias les traten como personas que viven en territorio enemigo ocupado y lo que hay que advertir, ahora y para colmos, la incapaz e incompetente dirección policial, ha dispuesto que cualquier ciudadano puede ser detenido por simple sospecha. ¿Ante quien hay que quejarse y peor, ¿por qué los medios de comunicación y sin investigar, le dan crédito a estos abusos? (DAG-OJO) 25.12.2023 -el país político-