El año pasado, las EDE tuvieron un déficit de US$1,735 millones. Este año, si se mantiene la tendencia del primer cuatrimestre, ascendería a US$1,954 millones. Durante el período 2009-2025, el déficit acumulado ascenderá a US$18,261 millones. El Gobierno, año tras año, coloca bonos en el mercado global para financiar su déficit. Al final de este año, el Estado dominicano cerrará con un stock de bonos globales en circulación ascendentes a US$35,000 millones. Una porción importante de los recursos que hemos recibido de esas colocaciones se ha destinado a cubrir una parte del agujero financiero de las EDE. La otra parte ha sido tapada con préstamos de bancos e instituciones multilaterales y agencias bilaterales de financiamiento.
Un vistazo rápido al listado de los préstamos aprobados por el Congreso Nacional entre 2011 y 2025 revela que, durante ese período, el Gobierno dominicano tomó 17 préstamos con el BID, Banco Mundial (BIRF), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Fondo OPEP para el Desarrollo (OFID), Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW) de Alemania, Corporación Andina de Fomento (CAF) y Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) por un total de US$2,669 millones para financiar la sostenibilidad, la eficacia, la eficiencia, la modernización, la expansión, la reforma, el mejoramiento, el apoyo a la mejora y la normalización de diferentes segmentos y parámetros de las EDE, incluyendo la reducción de sus pérdidas. Todo el que conoce cómo se diseña la política presupuestaria de la nación y su interrelación con el desastre de las EDE sabe que estos son préstamos para financiar el déficit de las EDE, a los cuales se les colocan títulos grandilocuentes extraídos del “Diccionario de Palabras para Mentir con Sinceridad” con el objetivo de que la opinión pública crea que con esos recursos mejoraremos la eficiencia y reduciremos las pérdidas de las EDE. En otras palabras, para que creamos, plagiando a Rogoff y Reinhart, que “This time is Different”.
A pesar de recibir una parte considerable de los ingresos provistos por las colocaciones de bonos soberanos y de la totalidad de los préstamos “eficientizadores”, modernizadores, reformadores, mejoradores, normalizadores y reductores de las instituciones multilaterales y bilaterales de financiamiento, las EDE registran actualmente el mayor nivel de pérdidas desde su nacimiento en 1999 bajo la cobija de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (Ley 141-97). ¿Por qué las EDE pierden dinero? Porque el kWh de energía que deberían vender a 21 centavos de dólar (costo promedio de compra más un valor agregado de distribución razonable), al 21% de sus clientes residenciales y comerciales lo venden a 0 centavos, al 45% a 9.92, al 12% a 14.08, al 5% a 14.13 y al 1% a 17.91. Si al 84% de los clientes de cualquier empresa se le vende a un precio muy inferior al necesario para cubrir los gastos de operación, la pérdida es inevitable.
¿Por qué ocurre lo anterior? Porque quien envía la factura de electricidad a los hogares y clientes comerciales, a final de cuentas, es una persona: el presidente de la República. Cuando las empresas son estatales, el pueblo entiende que quien factura y cobra es el presidente. Y si la empresa sube la tarifa, el culpable o responsable de esa decisión no es el Superintendente de Electricidad sino el presidente. Así ha sido desde que el 16 de enero de 1955, el dictador Trujillo emitió el decreto No.555 de la compra por parte del Estado dominicano de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo. Hipólito, Leonel, Danilo y Luis han sido maldecidos cada vez que han subido la tarifa eléctrica. Preferimos que utilicen los impuestos que pagamos o que el Gobierno se endeude fuera y deje la responsabilidad de servir esa deuda a nuestros hijos y nietos, a que nos suban la tarifa eléctrica. A algunos, como Hipólito, el chantaje del costo político no les ha importado. En febrero de 2004 dispuso un aumento de 49% en la tarifa, a pesar de que en tres meses su foto aparecería en la boleta del PRD como candidato a la reelección presidencial. A otros, sin embargo, sí les importa, a veces demasiado.
La realidad es que en una democracia como la nuestra el tener al presidente de la República como distribuidor, comercializador, facturador y cobrador de la electricidad a más de 3 millones de hogares es realmente “una vaina”. ¿Es posible resolver este problema? Sí. Necesitamos que las empresas que provean, facturen y cobren la electricidad tengan en su base accionaria a la mayor cantidad posible de personas, incluyendo a empresarios que estén dispuestos a arriesgar su capital en empresas que hoy pierden dinero pero que, con decisiones responsables y sensatas, ofrecen oportunidades muy atractivas de “upside” del valor de sus acciones en el mediano y largo plazo.
¿Qué debemos hacer con las EDE? Determinemos un valor sensato de las EDE, es decir, uno que pondere la valoración emanada del método de flujo de caja descontando (DCF) y la simple valoración de los activos netos o patrimonio. Una vez fijado ese valor, el Estado traspasaría las EDE a los 5.5 millones de trabajadores afiliados al régimen de pensiones de capitalización individual. Si, por ejemplo, el valor fuese US$550 millones, cada afiliado recibiría acciones en su cuenta de capitalización individual equivalente a US$100, unos RD$6,100 a la tasa de cambio actual. Reconozcamos que, en ausencia de inversiones considerables, en el mejor de los casos, el valor de las EDE sería cero pues las pérdidas continuarían ad infinitum. ¿Quién asumirá la responsabilidad de invertir los US$1,650 millones que se requerirían en los próximos tres años para que las EDE puedan gradualmente emigrar desde la geografía de pérdidas a la de beneficios? Esas inversiones deberán ser realizadas por inversionistas nacionales dotados de la solvencia, la reputación y el demostrado compromiso con el desarrollo integral de la nación. Empresarios que estén dispuestos a arriesgar capital y acepten que, después del período de 4 o 5 años de asistencia decreciente que proveerá el Estado a las empresas para desmontar gradualmente el subsidio y reducir las pérdidas, serán los accionistas privados (empresarios y trabajadores) quienes tendrán que aportar capital y/o endeudarse para cubrir cualquier pérdida que pueda registrarse. Esos empresarios nacionales asumirían la administración de las EDE, sin requerir el cobro de un canon o cargo por administración. Si en el primer año los empresarios invierten US$550 millones, los trabajadores serían propietarios del 50% de la empresa y los empresarios nacionales del restante 50%. La participación en la base accionaria de los empresarios nacionales aumentaría en la medida en que las inversiones que ellos realicen en los siguientes años sean mayores a las que pudiesen realizar las AFP, previa aprobación de todos o una parte de los 5.5 millones de trabajadores afiliados al sistema de capitalización individual.
Con esta reforma, liberaríamos al presidente de la República de la responsabilidad de proveer, facturar y cobrar la electricidad. Esa responsabilidad sería asumida por 5.5 millones de trabajadores que desean retirarse con una mejor pensión y por empresarios nacionales que velarán por el capital invertido y perseguirán, como debe ser, un retorno no sólo para sus inversiones sino también dividendos para 5.5 millones de trabajadores accionistas. Los 644,000 hogares que consumen electricidad sin pagarla y las grandes empresas en el ámbito comercial e industrial, grandes torres de apartamentos y lujosas viviendas con instalaciones fraudulentas para reflejar un consumo inferior al real, tendrían de frente, en lo adelante, a una alianza poderosa que no podría ser chantajeada políticamente pues no va a elecciones: 5.5 millones de trabajadores unidos a empresarios nacionales con capacidad de contratar los mejores bufetes de abogados para someter a todo el que sea atrapado incurriendo en fraude en el consumo de electricidad.
Para garantizar que las EDE puedan tener acceso a una oferta de generación a precio razonable, posiblemente se requerirá que el Estado juegue el rol de “generador moderador de rentas” a través de la inversión en unidades de generación capaces de producir beneficios que alimentarían los ingresos no tributarios y reducir el costo promedio de la electricidad que los generadores venden a las EDE. Mientras en el pasado mes de mayo, las dos barcazas de Karpowership que operan con FO #6 en Azua vendieron la electricidad a las EDE a un precio promedio de 48.2 centavos de dólar por kWh, Punta Catalina vendió la suya a 11.6 centavos. Las plantas del Este que fueron convertidas a mediados de 2020 para poder operar tanto con gas natural como FO #6 (CESPM y Quisqueya II), vendieron a las EDE un precio de 10-11 centavos. La reforma de las EDE que hemos presentado necesitaría, por tanto, una generación de electricidad a precios razonables. Solo así la factura de electricidad que, en lo adelante, enviarían los 5.5 millones de trabajadores y empresarios nacionales dueños de las EDE, no electrocutarían el presupuesto de los 3.5 millones de hogares que consumen electricidad en el país. Por: Andrés Dauhajre Hijo (EC)
