La peligrosidad de la extraña mala práctica que ha estado implementado “la nueva” procuraduría general de la República de la magistrada Miriam German Brito y desde hace 13 meses, de señalar e imputar descalificaciones morales de todo tipo respecto a instituciones e individuos que la PGR entiende como delincuentes y abarcando un amplio espectro de individuos militares en ejercicio, no solo que ha sorprendido a todo el mundo, sino que no se presentan pruebas documentales de ninguna especie que refrenden esas imputaciones.
De esa manera y por lo reiterativas, los ciudadanos estamos asombrados de como también se apresan individuos y de todos los núcleos sociales, presentándolos como delincuentes y no ya solo como imputados y a los que el factor mediático asociado y cómplice de la señora Germán Brito, sus miembros y medios de comunicación y de información de masas, terminan, no por descalificar y sí destrozar moralmente y sin importar consecuencias.
Es así como la falta de ética periodística le está haciendo ver a la sociedad, ciudadanía y clase media, que absolutamente nadie escapa a cualquier tipo de señalamiento alegre e irresponsable y por parte de una autoridad judicial, realmente desproporcionada y que se ha salido de las normativas más elementales de sentido común y buen juicio.
La nación pues, es víctima de un terrorismo judicial y mediático, que, por lo visto, ha sido implementado en base al criterio tan extraño del presidente Luis Abinader, de asumir, que hay que perseguir el delito donde quiera que se encuentre y sin importar cómo y sin reparar, que en la medida que el mandatario deje a la libre al ministerio público central y por lo visto, sin darse cuenta, está afilando cuchillo para su garganta.
Simplemente, nadie cree que este Poder Ejecutivo realmente haya dejado en libertad absoluta de administración y para que desde la PGR se actúe de manera tan drástica y por simples imputaciones, señalamientos y apresamientos indiscriminados y en la mayoría de los casos, sin haberse apresado in fraganti a ninguno de los imputados o difamados y de ahí la peligrosidad del derrotero que la magistrada Germán Brito está llevando la aplicación de la ley desde el ámbito del Poder Ejecutivo y que tantas interrogantes ha despertado, al comprobarse como el Estado de Derecho es tan groseramente vulnerado.
Por ejemplo, recientemente la subprocuradora Berenice Reynoso Gómez, denunció que altos jefes militares y miembros de la dirección de drogas reciben dinero o están asociados al narcotráfico y a los que investiga exhaustivamente y la pregunta es una, ¿cómo efectuar semejante denuncia y sin importar personas e instituciones a las que se las acusa sin ofrecer datos convincentes que avalen lo que esa funcionaria dice?
¿Se dará cuenta la funcionaria de referencia, que con su actitud tan atrevida lanza un balde de basura a las honras de personas e instituciones, que ante la atrapada opinión pública quedan marcadas y de una manera tan abusiva, que por más que reclamen honorabilidad en sus comportamientos, la ciudadanía no le cree y reforzándose el convencimiento de algunos y en cuanto a que esas personas innominadas e instituciones señaladas, quedan totalmente estigmatizadas ante toda la nación?
Todavía más y dado que Abinader ha dicho que él no se mete en todo lo referente a la persecución del delito desde la PGR y lo que es una de sus funciones constitucionales, ¿qué sucedería, si el alto mando militar o la DNCD y por sí mismos le reclamaran a la PGR que presente pruebas documentales de lo que dice o que en esa rama del Poder Judicial, cese con sus difamaciones continuas?
Sucede, que tampoco la aplicación de la ley no es un asunto tan expedito y que se pueda festinar al acusar sin ton ni son y mucho menos, que, con esas imputaciones generalizadas y tan graves, se hunda la credibilidad de instituciones tutelares, que como tales deberían merecer el respeto debido por parte de fiscales y procuradores.
Desde luego, una mayoría racional razonada de ciudadanos conscientes estamos absolutamente de acuerdo con que las autoridades y en los niveles que estén persiguiendo lo mal hecho y el delito en todas sus ramificaciones o vertientes y mucho más ahora, cuando se está viendo que el Estado Dominicano ha sido penetrado por el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción gubernamental y privada más descarada y extrema, lo hagan, pero no, que se afecten y destruyan reputaciones de personas o instituciones y por lo elemental, que hay que preservarles el beneficio de la duda, es decir, de su presunción de inocencia.
Ahora está sucediendo todo lo contrario, el presidente Abinader está permitiendo que su ministerio público central abuse de sus calidades, prerrogativas y funciones y lo que bajo ningún concepto se le puede aceptar y menos guardar silencio y porque lo que está mal hecho hay que denunciarlo y no que fiscales y jueces se entiendan que tienen una patente de corso para difamar, injuriar e imputar sin presentar las pruebas que avalen sus imputaciones o acusaciones y lo importante que todas estas sean verificadas ante un tribunal de fondo.
Antes y esto debe recordarse, ningún fiscal mandaba a buscar preso a nadie y sin haber preparado un expediente legal que fundamentara el apresamiento o acusación pertinente y mucho menos, que al imputado detenido se le despoje de todos sus bienes y bajo la presunción de haberlos adquirido ilícitamente, cuando lo que se hacía, era que estos se sellaban y registraban, pero se les dejaba incólumes al nombrar un secuestrario o garante judicial, que muchas veces era algún familiar o empleado de quien fuera imputado.
Ahora ocurre lo contrario, se les despoja arbitrariamente y sin que un juez de fondo se hubiese pronunciado sobre el particular y que es un abuso de poder extremadamente arbitrario como inconstitucional. Y así no puede ni debe ser y menos, que se apresen a familiares o amigos de algún imputado, cuando lo correcto es recordar, que las responsabilidades son personales y no de que el familiar corra la suerte del imputado, salvo que esté demostrado, que es cómplice de los delitos o imputaciones cometidas por este.
En consecuencia y como derivación de tanto abuso de procedimientos legales que debían de ser respetados por ese ministerio público central, que haya que clamar, porque si se hace una imputación general y abierta contra instituciones o personas, estas no se divulguen y sin presentar datos concretos y lo que debe ni puede ser.
El planteamiento es más que válido y si en verdad se quiere que la aplicación de la justicia por parte del ministerio público y la PGR concretamente, sean un ejercicio de transparencia absoluta que impida que haya que preguntarse, si se está ante una situación irregular de redención o sacrificio o terror judicial puro y simple. Redención por lo pronto no es. Sacrificio contra terceros sí y terror judicial, más que evidente, es innegable. (DAG).
