De buenas a primeras, tanto las Administradoras de Riesgo Subsidiado (ARS) como todo tipo de empresas de salud, han impuesto groseros limites de edad para personas que llegan o pasan de los sesenta años y lo que no debería de ser, toda vez que mientras se está vivo, ninguna empresa de este país puede colocar limites a los servicios de salud en función de edad.
En este sentido, cerca de medio millón de envejecientes han sido declarados ciudadanos no aptos por todas esas prestadoras de salud y lo que es una monstruosidad. En este plano, las ARS de los bancos comerciales son las primeras en imponer tales límites. El Tribunal Constitucional debería pronunciarse sobre este particular. (DAG-Ojo)
