lunes, diciembre 9, 2024
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Un atropello propio de una autoridad castrense que se entiende superior al poder civil y a la ciudadanía y lo que es hora de parar en seco

Por años cuanto campesino o iletrado se alista en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo primero que se le enseña y como parte de la “doctrina militar”, es que los civiles no valen nada y que las instituciones de gobierno están subordinadas a las suyas.

En ese predicamento tan abusivo e inconstitucional y creyéndose que ellos son la herramienta punitiva de un estado policiaco permanente, nuestros militares y policías y durante años, realmente se han creído que ellos tienen algún tipo de patente de corso para aplastar a los ciudadanos y cuya mayor muestra se vio ayer en el Canódromo, el sitio de retención policial ilegal de vehículos de motor y que supuestamente les permite a sus responsables tener un negocio de extorsión que le produce no menos de cinco millones de pesos cada mes y de lo que nadie se explica el por qué los gobiernos e incluido el actual, hasta ahora lo han permitido.

El atropello incurrido ayer contra la autoridad de jurisdicción nacional del Defensor del Pueblo y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley número 19-01, establece que: “En el ejercicio de su ministerio, el Defensor del Pueblo estará investido de plenos poderes y facultades a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos”. Y su párrafo 1, aclara que: “El Defensor del Pueblo o sus Adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita”.

Teniendo tal jurisprudencia, lo menos que se puede solicitar, es que la autoridad que ultrajó al funcionario y acompañantes legales e incluidos periodistas y que se presentó con un palo de golf de acero y blandiéndolo agresivamente, no que debe ser sancionada y sí cancelada y con ella los ayudantes y efectivos que actuaron con igual agresividad fuera de lugar. A ver si el ministro de Interior y Policía actúa en consecuencia y no se le floja la mano ante tan vil atropello. (OJO)

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