Realmente, cualquiera se desconcierta viendo la ambivalencia personal que el mismo presidente Luis Abinader muestra en materia de asuntos propios del Estado y en lo que se entiende que un mandatario con cinco años en el ejercicio de su poder debería de tener la experiencia suficiente para saber dilucidarlos y ofrecerle a la ciudadanía una explicación convincente sobre lo que se le pregunte.
En cambio, lo que se observa, es una verdadera tanda de evasivas, demagogia apenas disimulada, evasión continua para eludir su opinión y en cierto modo, un irrespeto real, por parte de un gobernante, que se supone, debería de estar acostumbrado a dar explicaciones y cuantas veces fuera necesario.
Sin embargo, parecería que Abinader se ha metido dentro de una burbuja que le impide escuchar las opiniones y planteamientos de terceros, al tiempo que su burocracia hace lo imposible por blindarle dentro de una absurda y atrasada concepción de Estado, de culto hacia su personalidad, por la que sus subalternos han llegado a pensar que se trata de un dictador y no de un presidente, que se supone juró ante Dios y reafirmando su condición de mandatario por elección popular directa y con la Carta Magna también de testigo.
Semejante actitud, que dicho sea de paso le hace ver huidizo y pretendiendo tirarles culpas a otros, la nación la ha descubierto reiteradamente en los relativo a los tantos dirigentes y seguidores del PRM que han sido descubiertos con complicidades directas con capos del narcotráfico y peor, que en algunos casos se asocian directamente al mismo Abinader.
Y que es el factor que se atribuye a tantos legisladores, regidores y alcaldes con conexiones directas con Capos del narco, en tanto otros que han sido solicitados en extradición por EEUU y al ser ese país el objetivo de estos en materia de contrabandos de drogas a su territorio y quienes ya allí y en cárcel, han llegado a acuerdos con fiscales y han comenzado por revelar las conexiones de funcionarios del gobierno como de jerarcas del partido oficial y al grado, que al conocerse ayer que un primo del expresidente Hipólito Mejía, Chino Domínguez, ha negociado ser extraditado “voluntariamente”, se ha desatado una gran preocupación entre los oficialistas de gobierno y partido y sus aliados.
El chino, quien era socio del exdiputado narcotraficante Miguel Gutiérrez y que está guardando cárcel en EEUU, parecería que sería el referente que los fiscales estadounidenses aguardan para cerrar el círculo de las declaraciones tan reveladoras de Gutiérrez y de lo que posiblemente dependerán las imputaciones directas contra altos cargos del oficialismo.
Al declararse culpable de conspirar para traficar cocaína a EEUU, el confeso delincuente, Roberto de los Santos Domínguez Ramos (Chino) coloca en una posición delicada, a su primo el expresidente Mejía Domínguez y de paso y aunque fuere indirectamente, colocaría a su vez en una posición nada airosa al mismo presidente Abinader, de quien está documentado, que durante la campaña electoral del 2020 mantuvo reuniones y conversaciones y uso de medios de locomoción de otros y presumibles narcotraficantes, como Miki López, cuya esposa ahora exdiputada, Rosa Amalia Pilarte, está seriamente imputada en lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Es decir, aunque todavía es muy temprano ni siquiera para sugerir que el gobierno de Abinader y del PRM y también de Competitividad, es uno delincuente y seriamente implicado en narcotráfico, sí que es evidente y para todo el mundo, que de una u otra manera, llegará el momento que las autoridades deberán de dar explicaciones y desde el momento que les sean solicitadas, automáticamente quedarían con su reputación colectiva seriamente dañada. Ni que decir, que cuanto todo quede al desnudo, la crisis política y social que estallaría haría muy difícil la continuidad de Abinader en el Poder Ejecutivo y para no dejar de decir que sería un tema más en la agenda de la nueva embajadora estadounidense, Leah Francis Campos y al momento de presentar sus cartas credenciales.
Precisamente, esta situación tan dudosa moralmente, es lo que ha hecho que en muchos medios en las redes sociales, periodistas y comunicadores y también en medios digitales, se especule, si esa no es una de las razones que tuvieron los presidentes de las cámaras legislativas y junto al presidente Abinader, para elaborar un código penal, que curiosamente, las mayores sanciones son contra los medios de comunicación e información de masas en las redes sociales y contra el derecho ciudadano a la libre expresión o cualquier tipo de interrogantes que ponga en dudas “la honra, moralidad y buena conducta” y que desde estos se pudieran hacer a quienes sean funcionarios públicos en los tres poderes interdependientes del Estado.
Qué por lo nuevo que se ha conocido, parecería que esto fue lo que “motivó” a los poderes Legislativo y Ejecutivo para introducir dentro de ese Código Penal, todo lo relativo a la ley mordaza que ya la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo había elaborado.
Si esto al final resulta que es cierto, se entendería el por qué el gobierno buscó el auxilio de los barones mediáticos dueños de los medios tradicionales y todos, funcionarios públicos designados en Competitividad, para que le apoyaran tratando de convencer a su favor a la atrapada opinión pública y que es la razón por la que los directores de esos medios y los presidentes de la Asociación de Diarios como del Colegio de Periodistas, salieron raudos a ser parte de lo que ya es el más grosero intento de cercenamiento de la libertad de opinión y de seria afectación de la libertad de prensa en los últimos cuarenta años.
Llegado a este punto y por ahora, nos contentaremos con preguntar y a modo de premisa inicial: ¿Un gobierno entre hipotecado y caído por su complicidad con el narcotráfico, aparte de patrocinar un código totalitario que niega derechos y arremete contra la libre expresión? Con Dios. (DAG) 08.08.2025
última actualización: 04:50 pm.
